“Me canso ganso que vamos a terminar con la corrupción”, prometió Andrés Manuel López Obrador antes de llegar a la silla presidencial. Sin embargo, en lo que va de su gobierno se han descubierto, por lo menos, 10 casos de corrupción que han salpicado a su administración… y hasta a su familia.
Aquí te presentamos los casos más polémicos que han demostrado que la corrupción aún no se va:
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1.-El emporio del superdelegado de Jalisco
Uno de los escándalos que mancharon el primer año de su gobierno fue el del jalisciense Carlos Lomelí, entonces delegado de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar en su estado.
En mayo de 2019, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) destapó que el superdelegado Lomelí tenía una red farmacéutica conformada por nueve empresas. Una de ellas obtuvo contratos por más de 164 millones de pesos en el primer año del gobierno de López Obrador.
Tras el escándalo, Lomelí renunció a su cargo en julio de ese mismo año. La Secretaría de Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, abrió siete investigaciones en su contra, por tráfico de influencias, conflicto de interés y enriquecimiento ilícito.
Pero en noviembre de este año, el ex superdelegado aseguró que había sido exonerado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ahora buscaría ser candidato por Morena para la presidencia municipal en Guadalajara en las elecciones de 2021.
2.- Hermano de titular de la SFP, acusado de proselitismo
Pero Lomelí no sería el único superdelegado envuelto en acusaciones.
Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la titular de la SFP y quien hasta octubre de este año fue superdelegado en Guerrero, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) por posibles actos de corrupción y proselitismo cuando tuvo a su cargo el programa Sembrando Vidas en aquel estado.
Aún así, Amílcar Sandoval se registró a principios de diciembre de este año para buscar la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena y competir en las elecciones de junio de 2021.
3.- Corrupción Conade
Otra de las polémicas que surgieron en el primer año del gobierno de López Obrador, fue la que protagonizó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a cargo de la ex atleta olímpica Ana Gabriela Guevara.
La SFP reveló que detectó irregularidades por más de 50.8 millones de pesos en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Entrega de facturas falsas, contratación de viajes de deportistas con precios hasta tres veces más caros, uso indebido de instalaciones, contratación de entrenadores deportivos que no cumplían con el perfil, fueron algunas de estas fallas, según reveló la titular de la SFP, Irma Sandoval Ballesteros.
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Como respuesta, Guevara dijo en febrero de este año que está “tranquilisima”, pues lo señalado por la SFP hasta ese momento era un “mitote”.
Aunque ese “mitote” ha llevado a que la SFP y la Conade destituyan a Carlos Ramírez Barrera, director de Operación Fiduciaria de la Conade, y al director de Alto Rendimiento, Arturo Contreras, por los posibles actos de corrupción.
4.- Las casas de Manuel Bartlett
Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha sido protagonista de más de una polémica.
Primero, porque en su declaración patrimonial aseguró tener una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones, pero en realidad, esta es 16 veces más grande tan solo en propiedades, según reveló una investigación del portal de noticias de Latinus.us, en agosto de 2019.
El reportaje mostró que, a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, el director de la CFE se hizo de 25 propiedades, con un valor superior a 800 millones de pesos, y junto con sus familiares son dueños de 12 empresas.
Gracias a 33 denuncias ciudadanas, la SFP abrió una investigación en septiembre de ese mismo año, para revisar su declaración patrimonial y evaluar un posible conflicto de interés o enriquecimiento ilícito. Con todo, en diciembre de 2019, la dependencia que dirige Sandoval decidió exonerar a Bartlett.
Según Irma Sandoval no hubo evidencia de que Bartlett haya tenido alguna injerencia en las empresas de sus hijos ni en la de su pareja sentimental, Julia Abdala Lemus, como revelaba el reportaje.
En cuanto a la declaración de sus bienes, la SFP corroboró que Bartlett tiene cinco propiedades a su nombre y en cuanto a lo que tienen sus hijos, la Función Pública determinó que Bartlett no tenía obligación de reportar dichos bienes, porque sus hijos son mayores de edad y no dependen de él económicamente.
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En mayo de este año, Bartlett volvió a ser blanco de críticas, luego de que otro reportaje reveló que la casa de campaña de López Obrador, ubicada en la colonia Roma, pertenece a la empresa Top Real Estate Company, de José de Jesús Hernández Torres, un político cercano a Bartlett Díaz y socio de su hijo León Manuel Bartlett Álvarez.
Con una superficie de 450 metros cuadrados, esta casona fue adquirida por Morena a un costo de 42 millones de pesos.
Sin embargo, si se consulta al portal inmobiliario especializado Metros Cúbicos, el precio promedio en esta colonia del centro de la Ciudad de México es de 44,863 pesos por metro cuadrado, por lo que el valor de este inmueble rondaría los 20 millones de pesos. Es decir, Morena pagará el doble de su costo comercial.
5.-Ventiladores de Bartlett
Las casas no serían el único escándalo de la familia Bartlett.
La empresa Cyber Robotics Solutions, de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del titular de la CFE, obtuvo un contrato en abril de este año con el IMSS en Hidalgo para la venta de 20 ventiladores respiratorios por 31 millones de pesos (1.5 mdp cada uno), el precio más alto en las compras públicas por la COVID-19, como reveló en mayo una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Días después de haberse publicado el reportaje, el IMSS devolvió los ventiladores a Cyber Robotics, por no reunir “los requerimientos y características técnicas-funcionales acordadas en el contrato”, según anunció en un comunicado.
Mientras tanto, Cyber Robotics Solutions había sido sancionada por la SFP con dos inhabilitaciones, de 24 y 27 meses, respectivamente, para no ser contratada por el gobierno federal durante ese periodo, así como dos multas que suman más de dos millones de pesos, por los sobreprecios e incumplimiento en el contrato.
Sin embargo, este 28 de diciembre la Función Pública levantó la multa por inhabilitación a esta empresa, según publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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6.- IMSS firma contrato con empresario que sobornó a Pemex
En abril de este año hubo otro escándalo de ventiladores con el IMSS.
Resulta que el IMSS adjudicó un contrato por unos 2,223 millones de pesos para comprar 2,500 ventiladores a la empresa Levanting Global Servicios LLC, SA, de Baldemar Pérez Ríos, quien fue investigado por la SFP por tener una red de 30 empresas “fantasma” con las que se hizo de contratos millonarios con Pemex entre los años 2000 y 2010, según reveló Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.
Pérez Ríos sobornaba a funcionarios de la petrolera, falsificaba documentos e incumplía contratos con Pemex, según documentó la investigación.
Además fue sentenciado por un tribunal de Texas, en 2017, por estar involucrado en un fraude millonario a través de una empresa que resultó ser fantasma, con la cual engañó a inversionistas estadounidenses, según reveló Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.
Pero un mes después, el IMSS decidió cancelar el contrato con esta empresa para la compra de ventiladores “por incumplimiento en el plazo de entrega”.
7.- Morena y Yeidckol Polvensky
Obras que no se llevaron a cabo, sobreprecio en inmuebles… Estas son algunas de las razones por las que Morena, el partido político del presidente, estuvo envuelto en escándalos en el último año.
En menos de un año (entre octubre de 2019 y enero de 2020), desembolsó 1,400 millones de pesos en la compra y renta de inmuebles.
El problema fue cuando Yeidckol Polevnsky, entonces dirigente nacional de Morena, firmó contratos para comprar y remodelar nueve inmuebles, por un monto de 387 millones. Sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido abrió una investigación por estas adquisiciones, pues las obras de mantenimiento nunca se llevaron a cabo.
El CEN encontró que hubo un daño patrimonial millonario y presentó una denuncia penal, ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra Polevnsky por este delito, corrupción e incluyó el de lavado de dinero.
8.- El videoescándalo de Pío López Obrador
Pero los casos de corrupción no sólo han llegado hasta el interior del propio partido del presidente, también se han extendido hacia su familia.
En agosto de este año se difundieron unos videos en donde el hermano del presidente, Pío López Obrador, recibe paquetes de dinero de manos de David León Romero, cuando éste era asesor de comunicación del gobierno de Chiapas.
Las grabaciones fueron hechas por el mismo David León Romero en 2015 y supuestamente el dinero habría sido utilizado para reforzar la operación de Morena, de cara a las elecciones presidenciales de 2018.
León Romero asumió el cargo de Coordinación Nacional de Protección Civil en el gobierno de López Obrador, e iba a irse en este año a la Secretaría de Salud para coordinar la distribución de medicamentos y equipos médicos del gobierno federal. Sin embargo, su nombramiento quedó en pausa, mientras se realizan las investigaciones por su participación en los videos.
Por estos hechos, el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una investigación por por haber recibido recursos de manera ilícita, pero en noviembre de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concedió un recurso legal a Pío López Obrador para que el órgano electoral detuviera las indagaciones, alegando que ese delito ya había prescrito.
9.- Pemex y la prima de López Obrador
Pío no ha sido el único familiar del presidente que le ha traído problemas. En diciembre de este año, Pemex informó que cancelaría los contratos con la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador Olán, prima hermana de López Obrador.
Esto luego de que una investigación de Latinus.us revelara que Pemex adjudicó contratos por más de 365 millones de pesos a esta empresa.
Desde 2019 la firma de Felipa Obrador ya había ganado –junto con Marinsa de México, de José Luis Zavala Solís,– un contrato por 231 millones de pesos para introducir productos químicos a pozos frente a la península de Yucatán, el cual caducará hasta el 2022.
Mientras tanto, el presidente defendió a Felipa Obrador diciendo que en “Pemex no se dieron cuenta” al entregar contratos a la empresa donde su prima tiene participación.
Sin embargo, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, ya había alertado desde hace un año al presidente que había un posible conflicto de interés por la participación de la empresa de su prima en las licitaciones de Pemex.
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10.- El gobierno prefiere las adjudicaciones directas
Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (el documento que incluye las metas del gobierno) dice que las adjudicaciones directas son sinónimo de corrupción por la falta de transparencia y se promete su prohibición, en los hechos no ha sido así.
Durante 2019, el gobierno federal utilizó la adjudicación directa en cuatro de cada cinco contratos públicos, como documentamos en esta nota.
Mientras que en el primer gobierno de Peña Nieto, se adjudicaron cerca del 75% de las contrataciones (tres de cada cuatro contratos), el gobierno de AMLO lo superó con casi el 80% de todas las contrataciones.
La principal bandera de López Obrador ha sido acabar con la corrupción, sin embargo, si quiere cumplir su objetivo tendrá que empezar a combatir la de su propio gobierno.
