El actual gobierno federal tiene una visión “mezquina y equivocada” de la ciencia, nos dijo el doctor en Ciencia Política Rodrigo Salazar Elena, en el contexto de los cambios que ha hecho el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al Sistema Nacional de Investigadores.
El experto considera que detrás de esas modificaciones está la intención de poner a la ciencia a la orden de lo que diga el presidente, así como un discurso oficial que trata de pintar a la comunidad científica como una clase privilegiada, lo cual le quita valor a sus actividades y le resta importancia a la libertad de investigación.
Estos cambios generan debate por la centralización de las decisiones para que los científicos investiguen solo lo que el Ejecutivo considere como prioridad, así como por la expulsión de académicos que laboran en instituciones privadas.
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La importancia del Sistema Nacional de Investigadores
También conocido como el SNI, este sistema fue creado en 1984 para reconocer a las personas dedicadas a generar conocimiento y tecnología, gracias a lo cual reciben un estímulo económico y el prestigio de sus pares.
Es un sistema de incentivos “pionero en América Latina, por el que se busca promover la producción científica de calidad”, nos dijo Salazar Elena, coordinador del Laboratorio de Métodos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México.
De acuerdo con el también miembro del SNI, “el incentivo fundamental es que funciona como un nombramiento”, fundamentado en la calidad del trabajo científico del investigador, “juzgado a través de publicaciones en revistas especializadas reconocidas por la comunidad científica, la docencia, la producción de patentes, congresos, redes de investigación, entre otros factores” según cada disciplina.
Para Salazar Elena, es importante la existencia del SNI porque la investigación científica es una inversión a largo plazo con grandes beneficios para la sociedad.
“Los resultados de la ciencia son un bien público. Cuando la ciencia se desarrolla y consigue aplicaciones, los beneficiarios son una comunidad muy amplia”, nos dijo el experto.
Sin embargo, “al ser un bien público, representa un problema porque (las personas con esta vocación) no tenemos incentivos para invertir en el desarrollo científico, es esto lo que justifica que el Estado se encargue de financiar estas tareas”.
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La ciencia y el presidente
Con todo lo anterior como contexto, Salazar Elena opina que los cambios al SNI, muestran que la titular de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, está siendo “muy respaldada por el presidente de la República”.
“Es una reforma que centraliza la planeación, la evaluación y el diseño de la política científica y tecnológica del país, en el poder Ejecutivo no solo de Conacyt sino del país”, dijo el experto, quien también señaló que esta centralización no solo es a nivel organizativo, sino que también permite que el presidente de la República defina la política científica y tecnológica del país.
¿Cuál es el problema? Que “se está atentando contra la libertad de investigación”, porque hace que las decisiones de financiamiento y promoción dentro del SNI, se tomen en función de “las prioridades definidas por el Ejecutivo, a través de un Consejo de Estado”.
En pocas palabras, se busca que las actividades de investigación se concentren solo en lo que la presidencia de la República considere prioritario y no en lo que cada científico haya elegido investigar por su propio trabajo académico.
“Esto es gravísimo porque bajo la bandera de que la ciencia mexicana atienda las prioridades del país, lo que está alterando es la lógica en la que el conocimiento científico de una comunidad se desarrolla y prospera”.
Para Salazar Elena, cualquiera que tenga un conocimiento mínimo sobre cómo funciona la ciencia, sabe que la libertad de investigación es fundamental para que realmente beneficie a la población.
Discriminación en el SNI
Con la reforma al SNI, se le retiró el apoyo a 1,600 investigadores que trabajan en universidades privadas.
El doctor Rodrigo Salazar Elena considera que esto refleja “una visión totalmente mezquina pero además equivocada” del gobierno federal, el cual está respaldando a la directora de Conacyt, María Elena Álvarez Buylla.
“El discurso con el que acompañan este ataque postula a la comunidad científica como un grupo privilegiado, y eso es muy triste que se diga y que permee en la población, porque contribuye a una desvalorización de la comunidad científica y sus actividades en México”, dijo el experto.
Además, Salazar Elena señala que esto también denota que el gobierno federal ve estos estímulos como si fueran una nómina, y a los investigadores como si fueran trabajadores a los que se les da un sueldo, cuando se supone que es un incentivo para que los científicos reconocidos mantengan su producción científica de calidad.
Por lo tanto, el experto concluyó que ver el apoyo a la ciencia de esa manera, puede llevar a que el trabajo de los investigadores mexicanos esté al servicio de ocurrencias u objetivos propagandísticos.
