La explosión de un “coche bomba” en el municipio de Celaya, Guanajuato, la última semana de junio de 2023, mató a un elemento de la Guardia Nacional e hirió a varios más y puso al estado de nuevo en la mira por la imparable violencia que sufre.
Como te contamos en esta nota, la férrea lucha entre los cárteles Santa Rosa de Lima (CSRL) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) por controlar el territorio guanajuatense se intensificó desde 2017.
La guerra entre los grupos criminales se debió a la rivalidad entre José Antonio Yépez Ortiz El Marro –líder del CSRL capturado en agosto de 2020- y Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG y uno de los hombres más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos que ofrece $10,000,000 de dólares por él.
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El Cártel de Santa Rosa de Lima se debilitó por la detención de algunos de sus miembros, los esfuerzos de las autoridades por recuperar cierta parte del territorio y el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado, entre otras causas.
En respuesta, el CSRL conformó una alianza con otras fuerzas criminales: el grupo local Unión de León, el Cártel de Sinaloa y Los Viagras desatando, por supuesto, más episodios de violencia.
Guanajuato, un estado estratégico para el crimen organizado
¿Pero qué tiene Guanajuato que sea tan atractivo para que estos grupos del crimen organizado se peleen por el territorio?
Un motivo importante es el llamado Triángulo de las Bermudas o Triángulo del Huachicol, una región que abarca alrededor de 15 municipios por los que pasan los ductos de Pemex que llevan combustible a lo largo del país.
Es una “mina de oro” para el CSRL de la que obtuvo casi el total de sus ingresos durante muchos años gracias al robo de combustible, conocido como “huachicol”, delito que se vio golpeado durante la pandemia por la COVID-19 y por el combate directo del gobierno federal desde 2019.
De todas maneras, el CJNG quiere su tajada de este rentable negocio ilegal. También la ubicación de Guanajuato en el país es muy conveniente para cometer otros delitos, nos explicó José Antonio Álvarez de León, abogado especialista en seguridad y catedrático de la UNAM.
“Guanajuato está en el centro del país. Colinda con Querétaro, está muy cerca del Estado de México, Jalisco, Michoacán y Aguascalientes. Básicamente quien se pudiera asentar y controlar la región del Bajío no solamente tenía un terreno fértil -para el crimen organizado-, sino que podía controlar el trasiego de armas y drogas hacia el norte y el sur de México”, detalló el especialista.
En dos décadas Guanajuato pasó de la calma al terror
José Antonio Álvarez de León destacó que en Guanajuato ocurrió un fenómeno muy particular: pasó de ser un estado casi ejemplar en temas de seguridad pública -y con gran actividad turística- a ser una zona de guerra entre cárteles en poco más de dos décadas.
El experto resaltó que Guanajuato tiene algunos de los primeros municipios de la República en certificarse en materia de seguridad y apostar por la capacitación de los elementos policiales.
Por ejemplo, en 1995 se publicó la primera Ley de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, la cual creó al Instituto para la Formación de los Cuerpos de Seguridad Pública del estado, que luego de una reforma estatal en 2007 dio lugar al Instituto Estatal de Ciencias Penales.
En 2014, este instituto se convirtió en el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, que actualmente tiene a su cargo la capacitación y profesionalización en materia de seguridad pública.
Incluso a finales de abril de 2023, el gobierno de Guanajuato -a cargo del panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo desde 2018- presumió que el estado ocupa el tercer lugar nacional en el fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de prevención social de la violencia con el cumplimiento del 95% de la profesionalización del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.
Entonces ¿cómo llegamos a la situación en la que estamos hoy? El especialista José Antonio Álvarez de León nos explicó que, desde la fenomenología del delito -que busca explicar las formas de presentación o aparición del comportamiento criminal- una de las hipótesis que se han generado sobre este caso es que al ser un estado tan aparentemente seguro hace dos décadas, las semillas del crimen organizado pasaron desapercibidas para las autoridades y ahora son mucho más fuertes y difíciles de detener.
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Álvarez de León destacó que a esto habría que sumarle que, a través de la corrupción, las autoridades se empezaron a vincular con los grupos criminales creando mayores niveles de impunidad y, por otro lado, también puede existir una especie de cuota política en los últimos años que se desprende de la resistencia del gobierno de Guanajuato a alinearse con el poder federal en manos de Morena, que de alguna manera ha “dejado solo” al estado.
“En este enfrentamiento político -entre el gobierno de Sinhué Rodríguez y el federal- se pagan cuotas, aunque no lo digan. Y un pago de estas cuotas es ‘me hago un poco de la vista gorda de lo que sucede para que te lo reclame tu gente’”, acusó.
¿Los “coches bomba” son terrorismo?
Han habido señalamientos de que la explosión del “coche bomba” del 28 de junio de 2023 en Celaya, Guanajuato, que mató a un miembro de la Guardia Nacional pudo haber sido una “trampa” en la que cayeron las fuerzas de seguridad y que podría entrar en la categoría de terrorismo al ser uno de sus fines generar terror entre la ciudadanía.
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“Cuando hay ‘coches bomba’ en México, esta parte más cercana al terrorismo, considero que va más enfocado en querer llamar la atención o querer cargarle ciertas responsabilidades a una autoridad más que de enfrentamientos entre cárteles, porque cuando es entre ellos la disputa es de otra manera”, explicó José Antonio Álvarez de León.
Hasta el momento, la Fiscalía Estatal de Guanajuato informó de la captura de José Ángel “N”, presunto implicado en el estallido del vehículo, aunque aún no se han dado a conocer los motivos detrás del atentado ni el número de personas que participaron. La Fiscalía estatal sigue a cargo de la investigación, aunque esperan que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República.
¿Será posible regresar la calma a la ciudadanía de Guanajuato o esperamos eventos aún peores?
