Imagina que haces un concurso para seleccionar a un proveedor para hacer un pastel de cumpleaños. Revisas sus propuestas de precio, calidad de ingredientes y condiciones generales. Finalmente escoges al que te ofrece el mejor pastel, con el mejor precio y en el menor tiempo. Pero después de contratado, el pastelero te empieza a decir que te va a subir el precio porque la harina sale más cara y que tampoco podrá estar para el cumpleaños porque su diseño original no funciona. ¿Qué harías?
Pero en lugar de defender tu acuerdo inicial, aceptas modificación tras modificación a la entrega e ingredientes del pastel. Entonces, resulta que las condiciones finales con las que adquirirás el pastel ya no son tan buenas ni competitivas como las de los otros proveedores que habías analizado al principio. Terminaste pagando más y el pastel sigue sin llegar.
Pues esa es exactamente la historia del Tren Interurbano México-Toluca, que no logran terminar y cada día sale más caro.
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Resulta que las cinco principales empresas contratistas encargadas de construir la megaobra del Tren Interurbano, que conectaría en 45 minutos a la Ciudad de México con Toluca, han negociado 35 convenios para modificar las condiciones de los contratos originales que les fueron entregados. Esto les permitirá recibir 8,000 millones de pesos adicionales.
Se trata de ICA, La Peninsular Compañía Constructora, Senermex Ingeniería y Sistemas, Ferrocarril interurbano y Rubau México. Todas estas empresas recibieron contratos originalmente por un total de 22,793 millones de pesos. Pero ahora con todos los convenios modificatorios cobrarán 30,373 millones de pesos, es decir, 33% más de lo acordado inicialmente.
De ellos la empresa más beneficiada es ICA, que ahora recibirá 3,683 millones de pesos, casi tres veces más de los 942 millones por los que inicialmente fue contratada en 2014, para construir 4.6 kilómetros, de acuerdo con el contrato al que Cuestione tuvo acceso.
Otra de las que obtuvo mayores pagos después de 10 convenios que modificaron su contrato inicial fue Senermex, encargada de hacer las adecuaciones, actualizaciones y modificaciones del proyecto. Esta empresa pasó de acordar un pago por 462.2 millones de pesos a 1,005 millones: más del doble.
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Corrupción bajo contrato
Es hasta cierto punto “normal” que en el avance de una obra pública se vayan dando modificaciones, que requieran de un convenio modificatorio; el problema es cuando se abusa de esta figura, nos dice Pablo Montes, coordinador del área de Anticorrupción, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“Muchas veces (los convenios modificatorios) se dan por una mala planeación y en otras forman parte de una estrategia, en la que las empresas abaratan sus costos durante el proceso de licitación, a sabiendas de que después puede corregir sus precios a través de los modificatorios”, nos dice Montes.
Por eso la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados establece que los contratos modificatorios en ningún caso podrán exceder el 25% de aumento en el precio de lo convenido originalmente. Y en caso de que ese porcentaje sea revisado, entonces la Secretaría de la Función Pública debe dar su visto bueno.
Por ley, toda la información de las modificaciones debe ser transparente y pública. Sin embargo, las modificaciones a los contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –responsable de la obra del Tren Interurbano– no se encuentran disponibles ni publicadas.
Además, recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado un probable quebranto a las arcas públicas de 4,806 millones de pesos por obras mal diseñadas, duplicadas, mal realizadas e incluso abandonadas, así como uso de material incorrecto, pagos indebidos y precios no autorizados, como te contamos en esta nota.
En este sentido, Montes destaca la ausencia de la Función Pública y la Auditoría Superior en el monitoreo de los convenios modificatorios y uso de recursos en la obra: “La SFP pareciera que no ha jugado un papel, (mientras que) sería bueno que la ASF hiciera una auditoría forense (que son las que revisan la existencia de posibles actos de corrupción, ya que hasta el momento se ha limitado a auditorías de cumplimiento, que se enfocan en ver que todos los jugadores hayan hecho lo que tenían que hacer)”, dice Montes.
A pesar de nuestros intentos por obtener una versión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hasta el momento no hemos recibido respuesta.
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Bajo esta administración
Este gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha firmado solo tres de los 35 convenios modificatorios con los cinco principales contratistas del Tren Interurbano: uno con La Peninsular, el 11 de enero de 2019, para ampliar el tiempo de entrega de la obra, debido a problemas con los comuneros de Ocoyoacac, Estado de México, que se están resolviendo en tribunales.
Los otros dos modificatorios fueron con ICA: el primero, el 31 de diciembre de 2018, a días de haber asumido la Presidencia, para aumentar en 290.4 millones de pesos el costo del contrato, así como ampliar el plazo de entrega en 90 días. Y el segundo, el 29 de marzo de 2019, para ampliar 214 días el plazo de entrega de las obras.
Los días pasan y el Tren Interurbano que debió inaugurarse en 2017, según el proyecto original, está por cumplir su cuarto año de retraso, mientras que se estima que el costo total de la obra termine siendo de más de 100,000 millones de pesos para cuando finalmente entre en operación (si nada más ocurre) el siguiente año.
