Enojo, impotencia, frustración, tristeza, son algunos de los sentimientos que te puede provocar ver un video en el que se observa cómo cuatro elementos de la policía municipal de Tulum someten a Victoria Salazar con fuerza desmedida.
A Victoria Salazar la asesinaron en Tulum, Quintana Roo. La y los policías que la sometieron, le ocasionaron la muerte el 27 de marzo de 2021.
Victoria salió de El Salvador, su país natal, buscando protección y mejores oportunidades para ella y sus hijas. La mujer llegó a México a solicitar refugio en 2016. Tenía 31 años.
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Aunque había sido reconocida como refugiada hace más de cuatro años, la violencia ejercida en su contra no es ajena a los abusos que cometen las autoridades gubernamentales contra las y los migrantes.
Las mujeres que migran corren el riesgo de ser extorsionadas, violadas, secuestradas, asaltadas y asesinadas por autoridades mexicanas pertenecientes a la Policía Federal, Ejército, Marina, Policías Estatales y Municipales, así como por bandas del crimen organizado y de delincuentes comunes, se lee en un estudio de la asociación Formación y Capacitación, de 2015.
La organización Human Rights First contabilizó más de 1,300 víctimas de secuestro, extorsión, agresiones sexuales y robos contra personas migrantes retornadas a México, entre el 29 de enero de 2019 y diciembre de 2020. En todos los casos estuvieron involucrados agentes de migración, policía federal y estatal o bandas del crimen organizado.
La falta de datos
No existen datos oficiales, a nivel nacional, que nos digan cuántas personas migrantes han sido agredidas por policías.
Lo más cercano a ese tipo de estadística es el registro de delitos contra personas migrantes irregulares que publica la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de personas.
Más de 3,000 personas migrantes irregulares (que no están en algún trámite de regulación migratoria) dijeron ser víctimas de algún delito en territorio mexicano, entre 2016 y 2020. Y fue el último año, el de menor número de víctimas registradas por la pandemia de COVID-19.
Algunas de las agresiones reportadas por las y los migrantes son tortura, intento de homicidio, trata de personas, secuestro, violación, agresiones físicas y sexuales, robo, fraude, corrupción, entre otros.
Llamado a las autoridades
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste de México ha levantado la voz en contra de las violaciones de derechos humanos que sufren las y los migrantes en México, sobre todo desde 2019, cuando inició el despliegue de operativos de contención migratoria.
En un comunicado, publicado el 2 de abril de 2021, señalaron que se les ha obstaculizado la labor de observación, monitoreo y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.
También denunciaron que los “rescates humanitarios”, como los llama el Instituto Nacional de Migración (INM), son un despliegue de fuerzas de seguridad para contener, reprimir y detener a las y los migrantes sin considerar los derechos humanos de las personas.
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Dificultades de monitoreo
Rey David Cruz –integrante de la asociación Formación y Capacitación que forma parte del Colectivo que Observación– nos dijo que las autoridades gubernamentales les están negando el acceso a las estaciones migratorias por la crisis sanitaria. Esto dificulta monitorear el bienestar de esa población.
Con lo poco que las autoridades ha permitido trabajar a los colectivos, han encontrado varias violaciones a los derechos humanos de las y los migrantes:
“Según (INM) no está deteniendo niñas y niños. Pero sí hay familias completas que están siendo detenidas y puestas en estaciones migratorias. Les niegan el acceso a información en estaciones migratorias y algunas mujeres son víctimas de violencia sexual ahí dentro”.
En otras ocasiones, agregó Cruz, “registramos que la Guardia Nacional bajaba a las personas migrantes de las camionetas (en las que se trasladaban), las hincaban y les apuntaban con armas, amenazándolas. Luego llegaba personal de Migración y las detenía”.
Delitos sin castigo
Según un reporte realizado por varias organizaciones de derechos humanos en América Latina (como WOLA, Fundar, Casa del Migrante Saltillo, entre otras) la impunidad ante delitos contra migrantes es de 99%, nos dijo Miriam González, integrante del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
De los más de 5,800 crímenes registrados entre 2014 y 2016 en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Coahuila y a nivel federal solo hubo 49 sentencias. Para el resto no hubo castigo.
Miriam González ve con preocupación que no se sepa cuántas mujeres con protección internacional son víctimas de feminicidio en nuestro país. “Se sabe cuántas hay en México y por estado, pero no sabemos cuántas de ellas son migrantes o con protección internacional”.
La falta de esos detalles habla de una invisibilización hacia las mujeres migrantes por parte del Estado, agregó González.
¿De dónde vienen las y los solicitantes de asilo?
Así como Victoria Salazar, dos de cada 10 personas que solicitan asilo en México son reconocidas como refugiadas, según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de 2018 a 2020.
En esos tres años, más de 142,000 personas llegaron a México a solicitar asilo. Provenían, principalmente, de países centroamericanos.
En 2020, bajaron las solicitudes de asilo en México, lo que era de esperarse por las dificultades a las que se enfrentaron las personas para salir de sus países durante la pandemia por COVID-19.
No obstante, en los últimos meses de 2020 se registró un aumento en el número de solicitantes de asilo en nuestro país.
¿Hasta cuándo será un tema prioritario paa el Estado mexicano evitar la violación de derechos humanos contra las y los migrantes?
