En Chiapas, Wendy Lorena López Góchez, coordinadora de Protección Civil de Pantelhó, y Federica Gómez Díaz, directora de alimentos del DIF Municipal, constantemente vivían acoso sexual y laboral por parte de Santos López Hernández, quien en ese momento era el presidente del municipio de Pantelhó.
En marzo de este año decidieron romper con el silencio y denunciarlo. Esto desató el enojo del presidente municipal, quien recrudeció las agresiones en contra de ellas. Tanto, que ofreció a su personal 200,000 pesos para “aquietar a Wendy”. La funcionaria ahora teme por su vida, como documentó CIMAC Noticias.
Santos López Hernández fue destituido de su cargo y se encuentra detenido por los delitos de abuso sexual y violencia política contra las mujeres.
En octubre de 2020, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) multó a López Hernández con 434,400 pesos, le ordenó ofrecer una disculpa pública y lo inhabilitó por cuatro años.
La violencia política contra las mujeres se manifiesta cuando ellas no pueden ejercer libremente las actividades que corresponden a su cargo, como les sucedió a Wendy López y Federica Gómez.
Pero también cuando son limitadas, amenazadas y agredidas por sus compañeros de trabajo, partidos políticos, dirigentes, militantes o simpatizantes de los partidos políticos, e incluso por los medios de comunicación, para que no puedan hacer uso de sus derechos políticos y electorales, de acuerdo con con la guía Mujeres, derechos y COVID 19 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Este tipo de violencia puede presentarse en diferentes formas tanto física, como psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica e, incluso, en casos extremos, feminicida.
Si este tipo de violencia no se combate en el ámbito público, la ciudadanía se ve afectada, de manera indirecta, porque se perpetúa la reproducción de esta conducta y trasciende a otros espacios como el institucional, familiar, laboral, etc., nos explicó Lorena Vázquez Correa, investigadora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Las mujeres que participaron en las elecciones de 2018 y fueron víctimas de violencia política en razón de género manifestaron que sentían que los partidos políticos anulaban, o no reconocían, sus derechos político-electorales.
Además sufrieron acoso, amenazas, hostigamiento, intimidación, violencia mediática y económica, de acuerdo con el estudio Análisis de las trayectorias de las mujeres en los partidos políticos: obstáculos y prospectiva para su desarrollo, del INE.
“El término de violencia política contra las mujeres se acuñó en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2020, apenas este año. Hablamos como tal del concepto en una ley, pero todos los años anteriores en los que nos han violentado jamás se tuvo esa definición, la obtuvimos gracias a sentencias”, nos comentó Ana Fátima López Iturríos, integrante de la Red de Abogadas Violeta y experta en casos de violencia política en razón de género.
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Nos han sacado a golpes de los espacios políticos
“Buscan inhibir la participación de las mujeres, la violencia política contra las mujeres ha aumentado en las elecciones, como consecuencia de exigir paridad de género”, comentó López Iturríos.
Después de las elecciones de 2018 la violencia política contra las mujeres aumentó un 276%, pues mientras que en los primeros tres trimestres de 2018 se registraron 21 ataques a mujeres dentro de la vida política del país, en el mismo periodo de 2019 esta cifra creció a 79, documentó la consultora en análisis de riesgo y manejo de crisis Etellekt, en su informe Violencia Política en México.
En el primer trimestre del 2019, de las 79 mujeres que fueron agredidas e intimidadas, 68 se desempeñaban como autoridades electas. Durante el mismo periodo de 2018 sólo cuatro de las mujeres agredidas laboraban en estos puestos.
Las elecciones de 2018 fueron sumamente importantes, pues gracias a la reforma constitucional de 2013-2014 sobre paridad de género en el congreso, las mujeres ocuparon el 48 y 49% del total de puestos en la Cámara de Diputados y en el Senado, de acuerdo a la consultora Etellekt.
Sin embargo, la inclusión igualitaria enfrenta resistencia que ponen en peligro los derechos político-electorales de las mujeres, pues de estas 79 agresiones en contra de mujeres en la política, en el 84% de los casos fueron intimidadas y amenazadas y 46 de ellas fueron violentadas por opositores o colegas de sus mismos partidos.
“Siempre dicen que las mujeres no quieren postularse, pero la realidad es que nos han sacado a golpes de los espacios políticos. No nos quieren y para muestra un botón, recientemente se supo que desapareció la regidora María Guadalupe Becerra (quien denunció irregularidades en la administración municipal de Cihuatlán) y esto pasa una y otra y otra vez y pareciera que a nadie le interesa (saber) porqué las mujeres tienen miedo de participar”, denuncia Lopez Iturríos.
Deuda pendiente con mujeres indígenas y afromexicanas
Aún se tiene una deuda pendiente con las mujeres indígenas y afromexicanas, en 2018 dentro del Congreso federal tan sólo el 1% de las mujeres eran indígenas. El principal obstáculo que enfrentan es que aún son invisibilizadas y muchas veces sienten que su papel dentro de la política mexicana es mera simulación, de acuerdo con un informa elaborado por el INE.
En el mismo informe del INE entrevistaron a una mujer indigena que fue diputada y ella denuncia que en diversos espacios fue utilizada sólo para lograr una representación de minoría y darle votos al partido. Sin embargo, sus labores se enfocaban en la gestión de votos y trabajo con la comunidad, y revela que cuando el partido ya no la necesitó la dejaron sola.
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Terrenos que han conquistado las mujeres
El último año ha sido muy importante para los derechos político-electorales de las mujeres, en 2019 se aprobó la reforma a diversos artículos de la constitución para garantizar la participación de las mujeres en los tres poderes del Estado, organismos autónomos, candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, etc.
Para tipificar la violencia política en razón de género como un delito grave, el 13 de abril de este año se reformaron siete leyes generales a nivel nacional, gracias a esto las mujeres violentadas podrán solicitar medidas cautelares, preventivas de protección, entre otras cosas.
Y en las próximas elecciones de 2021, los partidos políticos deben postular al menos a ocho mujeres en las 15 gubernaturas que se disputarán, debido a los lineamientos aprobados por el INE.
“Vamos a cambiar las cosas para que las niñas, adolescentes y mujeres aspiren, lleguen y estén seguras de que siempre van a haber espacios para ellas”, dice Lopez Iturríos .
El costo por participar en la política no debería ser violencia, el estado aún tiene que recorrer un largo camino para poder garantizar a las mujeres poder competir dentro de la política sin temor.
