La campaña se está poniendo ruda. Ya se está perfilando para ser el proceso electoral más violento de nuestra historia. Llevamos unas 80 víctimas mortales entre candidatos y candidatas, y cerca de 500 políticos agredidos de una u otra forma, como hemos documentado en Cuestione.
Además, se están poniendo muy sucias y algo ridículas.
Hemos visto a postulantes de diversos partidos recurrir a bailes, ataúdes, desnudos y todo lo que se les ha podido ocurrir para poder atraer la atención de los votantes.
Pero también estamos viendo algo mucho más grave: el inicio de una operación de Estado para ampliar el poder del gobierno en turno.
Y no, no es nada nuevo. De hecho, es justo una de las razones por las que aspirábamos a un cambio en México. Durante décadas hemos exigido que los gobernantes saquen las manos de los procesos electorales para que la gente pueda elegir en libertad, sin coacción ni compra de votos, a quién nos representará.
Sin embargo, las prácticas se repiten, incluso se perfeccionan. Los llamados Siervos de la Nación han operado, según se ha documentado, como un ejército de promoción del voto, recordándole a la gente que los beneficios que reciben vienen del gobierno y se los pueden quitar.
Candidatas y candidatos de diversos partidos han sido registrados comprando votos, regalando despensas, prometiendo apoyos y amenazando con la pérdida de beneficios.
Y conforme aumenta la presión electoral, se sube la apuesta.
Esta semana vimos como la Fiscalía General de la República empezó a utilizar su poder para investigar a opositores.
Que quede claro: esto no es de ninguna forma una defensa ni de Samuel García ni de Adrián de la Garza. Si cualquiera de ellos ha cometido alguna ilegalidad en su campaña, cosa que no debería sorprender, deben ser investigados. La justicia debe actuar.
Sin embargo, en política las formas son fondo también. La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, trabajó de una forma que revela bastante sobre la operación política que se está llevando a cabo.
De forma simultánea, en un solo comunicado, informó sobre acciones legales contra los candidatos de oposición por motivos distintos, en un claro golpe mediático. Vale la pena recordar que Clara Luz Flores, la aspirante de Morena, se ha colapsado en las encuestas. Además de su mentira sobre un vínculo con NXIVM, ha sido grabada pidiendo el voto como pago por las vacunas. Ella no está siendo investigada, por supuesto.
También, ha sido explícita en que es la “candidata del presidente”. De modo que si bien las acusaciones contra los candidatos punteros pueden ser muy ciertas, está claro que la justicia aplica diferente para unos que para otros.
Con todo, es una mala estrategia política. A la gente le gustan las víctimas, y lo que han logrado con esto es darle a los candidatos de oposición un lugar poderoso en los medios de comunicación y un fuerte argumento de que están siendo perseguidos por el Estado.
Vale la pena recordar que Gertz Manero, el fiscal, aseguró que trabajaría con total independencia el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, empujó una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía que básicamente la regresó a ser la vieja PGR. Y en estos años no hemos visto que mejore la aplicación de la justicia, ya que la impunidad se mantiene igual a casi tres años de gobierno. Mientras, nuestra clase política sigue repitiendo una y otra vez las mismas prácticas, sean del partido que sean.
Eso es serio. Nuestra cultura de voto corporativo tiene que cambiar. Pero mucho más grave es poner la fuerza del Estado al servicio de un grupo político. Estuvo mal antes, y está peor ahora. Está peor porque deja en claro una cosa: la gran promesa de cambio era una promesa vacía.
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