La ciudadanía también está en riesgo por el espionaje desatado entre los miembros de la clase política. Pero antes… El fiscal Alejandro Gertz Manero puede descarrilar a la 4T. Los Negritos, el campo de exterminio en Michoacán que era un paraíso para turistas. El Chécate ésta y el Premio Javier Duarte. ¡No te vayas! Esto se va a poner muy bueno.
Un fiscal movido por la venganza
En su libro El Fiscal Imperial, el periodista J. Jesús Lemus aborda la historia del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, su perfil psicológico y su papel en el gobierno de la 4T.
El autor nos contó que expertos analizaron el lenguaje corporal, verbal y las acciones del fiscal, para concluir que el funcionario es una persona “apegada a lo material, perversa, vengativa, sin remordimientos y sin compasión hacia sus rivales”.
Según Lemus, ese anhelo de venganza explicaría la persecución de Gertz Manero contra académicos del Conacyt o contra su ex cuñada Laura Morán y su sobrina Alejandra Cuevas, quienes ya fueron exoneradas por la Suprema Corte.
El escritor también advirtió que el fiscal pone en riesgo el proyecto de la 4T al incumplir con dos de las principales promesas del presidente López Obrador: acabar con la corrupción y la impunidad.
“El Fiscal ni siquiera ha podido sacar los casos más icónicos de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto”, explicó J. Jesús Lemus. Entérate a fondo en Cuestione.com.
Todas y todos podemos ser víctimas de espionaje
Es muy preocupante que las personas que deben velar por el Estado de derecho sean quienes difundan conversaciones privadas de figuras políticas -como el caso del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno– sin aclarar el origen de esas grabaciones, por lo que estarían violando la Constitución, advirtieron especialistas en protección de datos personales.
Y es que el espionaje que realizan personajes como la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, lo pueden hacer también contra cualquier ciudadano, explican los expertos.
Además, dijeron que el riesgo de ser espiados está más latente desde que se reveló que en el gobierno de Enrique Peña Nieto usaron el software Pegasus para intervenir los celulares de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
Los especialistas recordaron que el artículo 16 constitucional estipula que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales”.
Igualmente, el artículo 177 del Código Penal Federal indica que es un delito intervenir comunicaciones privadas sin orden judicial, por lo que el castigo va de seis a 12 años de prisión y 300 a 600 días de multa. Checa la nota completa en Cuestione.com.
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