“El principio del fin de la pandemia”. De esta forma describió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la llegada de las primeras 3,000 vacunas para la COVID-19 de Pfizer el pasado 23 de diciembre.
Desde entonces, las vacunas se convirtieron en el tema central de las discusiones en redes sociales, con dos posturas que polarizaron las opiniones de expertos, académicos, políticos, y de las personas en general: ¿debe o no permitirse al sector privado comercializar la vacuna?
Incluso las autoridades no parecen ponerse de acuerdo sobre este tema. Por un lado Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, advirtió el 18 de diciembre que la actual administración no permitiría que los particulares puedan vender la vacuna contra la COVID-19.
Quizá te interese: Vacuna contra COVID-19 solo la aplicará el gobierno; Interpol alerta de mercado negro
Una semana después su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, apareció en un video donde aseguró que su gobierno no está en contra de que las empresas privadas puedan importar la vacuna de COVID-19 del extranjero para venderla en el país.
Privados vs. Gobierno, ¿qué argumentan?
En el fondo de esta discusión se encuentra un mismo objetivo: vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. La diferencia radica en la forma de lograrlo.
De acuerdo con el economista Luis Monroy-Gómez-Franco, la postura a favor de que los privados participen en el proceso de vacunación basan sus argumentos en la idea de “crear un mercado de vacunas anti COVID-19 que funcione en paralelo al sistema público de distribución”, similar a lo que se observa en otros bienes, como las vacunas de la influenza.
“Quien cuente con los recursos suficientes para pagarlo puede recibir la vacuna, y quien no, puede esperar a que le toque su turno en el sistema público de distribución”.
Sobre la austeridad en las vacunas te puede interesar: Vacunación en México: una crisis histórica por “austeridad republicana”
El experto incluso advierte que también han surgido ideas para que, a través de este mercado privado, el gobierno imponga una tasa de impuesto que ayude a financiar la compra de vacunas para el sector público. Es decir, que parte del costo de las vacunas privadas lo obtenga el gobierno para destinarlo a financiar al sistema público de vacunación.
No suena como una mala idea. Sin embargo, Monroy-Gómez-Franco advierte que en el contexto en el que se encuentra el mundo actualmente, con una muy limitada disponibilidad de vacunas, podría convertirse en una pésima idea.
Para corroborar esta limitación basta con observar que hasta el 29 de diciembre, solamente 22 países han aplicado vacunas alrededor del mundo. En total suman cuatro millones 680,700 dosis aplicadas, que cubren solamente a 0.06% de la población mundial.
Viridiana Ríos, académica y doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard, coincide con esta visión y argumenta que “el orden de vacunación debe ser determinado con base en el bien común, teniendo por meta reducir el número de muertes y de afectaciones a la sociedad en su conjunto”, por lo que no debe influir la capacidad de compra.
“Si la vacuna se pusiera a la venta de manera privada, las pocas dosis disponibles quedarían en manos del mejor postor y no de las personas que más las necesitan. Es decir, se terminaría vacunando primero a las personas con más recursos económicos”.
Sin embargo, tanto Ríos como Monroy-Gómez-Franco coinciden en que esto no significa que se deba cerrar la puerta al apoyo del sector privado. Al contrario, ambos argumentan que si el gobierno mexicano busca cumplir a cabalidad su propósito de vacunar a toda la población, tendrá que echar mano de la colaboración de las farmacéuticas, su infraestructura y logística.
El (muy) importante rol del sector privado
En un artículo publicado el pasado 26 de diciembre el especialista en temas de salud, Xavier Tello, reafirma con mucho detalle los motivos por los cuales, actualmente, en ningún lugar del mundo una persona puede acceder a una vacuna de manera privada.
¿La razón? Que toda la producción de los laboratorios está enfocada en “proveer directamente a los gobiernos de los países”.
“No hay nada qué comprar, porque no hay nada a la venta”.
A pesar de esta situación, Tello advierte que el sector privado tendrá un rol muy importante en el objetivo “titánico” de vacunar a la mayoría de la población, como lo planean este y muchos otros gobiernos.
Pero, a diferencia de otras naciones que “se han aliado con diferentes proveedores como aseguradoras, administradoras de salud, cadenas de farmacias e incluso grupos de médicos y hospitales privados” para la distribución y administración de vacunas, México mantiene su posición de mantener cerrada la puerta para que las grandes empresas farmaceúticas colaboren con las autoridades.
El especialista detalla que, ante esta situación, nuestro país “cuenta únicamente con la capacidad logística de las Fuerzas Armadas”, por lo que el grupo de vacunadores que han sido entrenados “es muy pequeño”.
Sobre la preferencia del gobierno hacia el Ejército te recomendamos: López Obrador ha destinado más recursos y tareas al Ejército que nunca
Sin “una enorme infraestructura, un plan logístico adecuado y el personal debidamente entrenado”, el objetivo de vacunar al 70% de la población para finales de 2021 podría no lograrse, alerta Xavier Tello.
Según sus propias estimaciones, para hacerlo el gobierno tendría que aplicar 320,000 inyecciones diarias, lo que parece complicado tomando en cuenta que con los primeros envíos se comenzaron a notar las “dificultades logísticas, de distribución y organización”.
Sin embargo, el especialista concluye que el gobierno mexicano aún está a tiempo de recapacitar, y echar mano de “operadores logísticos y administradores privados, con el fin de acelerar y hacer más fácil la administración -siempre gratuita- de esta vacuna”.
¿Podrá más la obstinación del gobierno o la necesidad de la población?
