La actual pandemia generó crisis de salud, económica y social en todo el mundo, pero también ha provocado una crisis de derechos humanos para millones de personas, de acuerdo con Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México.
De acuerdo con la especialista, algunos gobiernos han utilizado el manejo de la pandemia para endurecerse y tomar medidas desproporcionadas que no solo vulneran la libertad de las personas, sino que revelan desigualdades que no han sido atendidas.
Por ejemplo, las cuarentenas obligatorias en algunos países provocan detenciones arbitrarias y afectan otros derechos como el libre tránsito, pero también perjudican a millones de personas que viven en situación de pobreza y las exponen a más violaciones de derechos humanos.
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“En Amnistía Internacional hemos visto medidas excesivas en este afán de tratar de contener la propagación del virus. Cuarentenas obligadas, sanciones no proporcionales por estar fuera de casa en horarios donde había toque de queda”, dijo Villalobos.
Todas estas medidas “violentan derechos que tienen que ver con las libertades de las personas, de tránsito, de reunión, de expresión; además de derechos como al libre desarrollo de la personalidad, incluso a la misma salud”.
Crisis de libertades y derechos
Marcela Villalobos mencionó que desde Amnistía Internacional han documentado este tipo de restricciones excesivas. Recientemente se prohibieron todas las reuniones públicas en Túnez, bajo el riesgo de que las autoridades respondan con uso excesivo de la fuerza.
Ahí mismo en Túnez se prohíbe que las personas no vacunadas trabajen hasta que obtengan su pasaporte vacunal y se condiciona a las empresas para que no les paguen salario mientras exista esta suspensión.
Estos dos ejemplos muestran lo que significan estas medidas no proporcionales, porque afectan a las personas mucho más de lo que se supone que están incumpliendo.
Además estas medidas “sacan a la luz la desigualdad”, ya que la población más afectada es la que de por sí era más vulnerable desde antes de la pandemia.
Para Villalobos, esto trajo consecuencias estructurales como aumento en los niveles de pobreza y violaciones a los derechos humanos precisamente contra las comunidades más marginadas.
De acuerdo con Villalobos, no tenemos que viajar tan lejos para ver estas injusticias, como la muerte de Giovanni López, quien fue detenido por las autoridades de Jalisco por no traer cubrebocas y que evidentemente sufrió una sanción no proporcional con la ley que incumplió.
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“Los gobiernos siguen creyendo que estas medidas no proporcionales, incluso con abuso en el uso de la fuerza, son la solución, cuando ya sabemos que no es así, no son un aliciente para que las personas usen cubrebocas o se vacunen, o dejen de salir”, dijo la experta.
Y agregó que “sabemos que en México eso no va a pasar –que la gente no salga de casa–, porque las personas que rompen el encierro son las que tienen que trabajar para comer, y el gobierno no ha atendido estas desigualdades”.
Amnistía Internacional también ha documentado algunos gobiernos que han tomado medidas que reprimen el derecho a la protesta con el uso de la fuerza y con leyes represivas, así como la discriminación y la violencia contra las mujeres que se manifiestan.
En este mismo sentido, algunos gobiernos usaron la tecnología para controlar y censurar a través de internet, así como para espiar y vigilar a la población.
Los derechos digitales
Platicamos con Vladimir Cortés, oficial del programa de Derechos Digitales de la organización Artículo 19 -organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información-, quien opina que la pandemia reveló la desigualdad que existe entre las personas en el ejercicio de los derechos humanos.
Por ejemplo: la brecha digital. El confinamiento para evitar el contagio dejó afuera a millones de personas no solo que no pueden trabajar desde sus casas en internet, sino que ni siquiera tiene acceso a este servicio.
“En México más de 30 millones de mexicanas o mexicanos no tienen acceso a internet y mucho menos desde sus hogares. Esto supuso dificultades en el derecho de acceso a la información, lo cual limita en términos de derecho a la salud, en términos del derecho a la educación y otros derechos, precisamente a las comunidades más marginadas”, explicó Cortés.
Y agregó que se siguen vulnerando estos derechos porque “los esfuerzos no han estado encaminados a fortalecer los procesos locales de conectividad”.
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Por otro lado, a pesar de que el uso de ciertas tecnologías no demostraron evitar el contagio –como el uso de código QR en la Ciudad de México–, sí vulneraron el derecho a la privacidad de las personas.
“Desde Artículo 19 hemos observado que estas tecnologías de vigilancia se han utilizado para otros fines. Pueden entrometerse mucho más allá de únicamente un tema de salud y suponer niveles de vigilancia preocupantes”, dijo Cortés.
Es por eso que la Organización Mundial de la Salud le ha pedido a los Estados “tomar medidas proporcionales en la implementación de este tipo de tecnologías, que no se excedan y que no se conviertan en mecanismos y formas de control sobre sobre la ciudadanía”.
El especialista en derechos digitales nos explicó que es muy importante que las medidas tecnológicas tengan temporalidad, que se deje claro de que fecha a que fecha se utilizará, ya que pueden ser utilizadas para vigilar y afectar otros derechos.
“La pandemia no puede ser una justificación para que se adopten medidas que puedan restringir la movilidad, que restrinjan espacios de participación, que restrinjan el ejercicio de otros derechos como el de la protesta”, agregó.
Por último, Cortés concluyó que hay que poner por encima el tema de salud pública, “pero esto definitivamente no puede socavar el derecho a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, o el derecho de las personas a levantar su voz para exigir y demandar respuestas por parte del Estado”.
