Medellín, Colombia. Enero de 2020. Sandra -una joven de 21 años- acude con sus amigas Analy y Mónica al Festival Freedom, un evento de música electrónica que se realiza en la Plaza Mayor de esta bella, pero tristemente famosa ciudad por haber sido en los años 80 y 90 del siglo pasado la base de operaciones del temido narcotraficante Pablo Escobar.
Al calor de los estrobos, el punchis punchis, las luces de colores, el baile y el alcohol, Sandra se toma una tacha (éxtasis) que le vendió uno de los dealers de su barrio. Dos horas después, Sandra empieza a sentirse mal: le falta el aire y tiene ansiedad… se va a desmayar. Sus amigas la llevan al stand del proyecto Échele Cabeza, cuyos miembros la conducen a un espacio alejado del mundanal ruido, le dan agua y la tranquilizan diciéndole en tono dócil “que pronto todo habrá pasado”.
Desde hace al menos 10 años, el proyecto Échele Cabeza, implementado por la organización civil Acción Técnica Social (ATS), se dedica a informar en Colombia sobre los efectos del consumo de drogas, y a dar el servicio de análisis de sustancias psicoactivas en bares, antros y festivales de música, como parte de las medidas de “reducción de riesgos, daños y gestion de placeres” en el uso de estupefacientes.
Hacia un consumo responsable
“La reducción de riesgos y daños parte de una filosofía en la que la abstinencia no es el fin, sino que hay un reconocimiento de que el consumo existe, pero que también puede ser responsable, adulto y personal. Su fin no es reducir las adicciones porque parte del reconocimiento de que puede existir un consumo que no es abuso”, nos explicó Zara Snapp, directora del Instituto RIA, que se dedica en México a la investigación e incidencia en políticas de drogas y construcción de paz.
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La activista nos precisó que en Colombia las medidas de reducción de riesgos ayudan a que una persona pueda dosificar mejor su consumo, y a reducir posibles sobredosis. Y es que para el análisis de sustancias psicoactivas se usan químicos que identifican la presencia o ausencia de una sustancia determinada, su cantidad dentro de la muestra y la presencia de “adulterantes o suplantadores”.
Snapp, quien es politóloga por la Universidad de Colorado, nos precisó que en Colombia el proyecto Échele Cabeza analiza polvos y pastillas que contengan cocaína, éxtasis, feniletilaminas (MDMA, MDA y MDE), LSD y cristal, entre otras sustancias ilegales, antes de ser consumidas durante las fiestas: “incluso ATS tiene en Bogotá un sitio de consumo supervisado para personas que se inyectan drogas y fuman”.
“Se exige tener agua disponible en las fiestas, pues es una medida que puede ayudar mucho, y también que los organizadores de festivales y espacios de fiesta no tengan un aforo demasiado grande, que haya suficiente ventilación”, abundó la especialista.
Debate legislativo
Zara Snapp nos contó que ahora en Colombia se debaten en el Congreso seis iniciativas de ley para que la reducción de riesgos y daños sea una política pública obligatoria con enfoque sanitario. Además, entre los proyectos de ley se contempla la regulación del cannabis y de los dispositivos electrónicos para el consumo de nicotina.
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En su página web, ATS explica que la reducción de daños ha estado incluida en la política pública de sustancias psicoactivas desde 2007, así como en varias políticas públicas locales, y que fue ratificada en la última política pública de este tipo de sustancias en 2019. Sin embargo, ATS considera que estas medidas “no tienen fuerza de ley que implique responsables de su ejecución, presupuesto, obligatoriedad y sanciones para quienes no las cumplan”.
Además, ATS señala que la educación en el consumo, al lado de la reducción de riesgos, daños y gestión de placeres, “serán los enfoques predominantes en un mundo con drogas reguladas”. Por lo que -agrega la organización- la intención es crear “un marco legal para el desarrollo de políticas de reducción de riesgos y daños en el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, por medio del cual se protejan los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y a la salud”.
“No se trata de legalizar”
Por su parte, el experto en temas de seguridad pública y narcotráfico Javier Oliva nos indicó que las medidas de reducción de riesgos y daños en el consumo de drogas en Colombia “han ayudado a evitar accidentes de tránsito y hechos de violencia intrafamiliar, en la lógica de lo que para nosotros es el alcoholímetro”.
El también profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM nos señaló que son medidas para contener el abuso en el consumo de estupefacientes, y que no se encaminan hacia su legalización: “en Colombia no hay una ruta que vaya enfocada hacia la legalización del consumo de narcóticos o de drogas; no lo veo en la discusión ni en la agenda del presidente Gustavo Petro o de la opinión pública”.
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Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del izquierdista Gustavo Petro, quien asumió el poder en Colombia en agosto del año pasado, plantea una nueva política de drogas que implica “un cambio cultural para dejar atrás el prohibicionismo como paradigma dominante”. En ese sentido, se anuncia que se regularán los usos alternativos de la planta de coca; se despenalizarán el uso adulto, la producción y comercialización del cannabis; así como los usos medicinales, terapéuticos, industriales y científicos de sustancias psicoactivas.
Javier Oliva defendió el cambio en la política de drogas en Colombia al considerar que el enfoque de la guerra contra los estupefacientes que empezó en 1971 el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, “está claro, a todas luces, que no ha dado resultados. El enfoque tendría que modificarse para ser sanitario de prevención y rehabilitación”.
Medida viable de ser aprobada
Con ese panorama, el investigador en temas de democracia, defensa y seguridad nacional Javier Oliva nos dijo que es viable que las medidas de reducción de riesgos y daños en el consumo de drogas se conviertan en ley en Colombia: “tendrían que pasar dos o tres meses para medir la incidencia, primero de las medidas preventivas, y por otro lado, medir la incidencia de los actos de violencia que se registren, para que de manera paralela se vea la posibilidad de una aplicación más amplia y con otro tipo de programas”.
Por su lado, la autora del Diccionario de Drogas e integrante de la coalición #RegulacionPorLaPaz, Zara Snapp, nos apuntó que también ve “muy probable” que las iniciativas sobre reducción de riesgos y daños se conviertan en ley en el país sudamericano, aunque aclaró que son procesos largos que normalmente requieren de al menos ocho debates.
“Apenas está comenzando el proceso legislativo; las y los legisladores van a tener que armonizar y crear consenso alrededor de estas iniciativas para tener una sola. Esto es algo que necesitamos en México; nos urge un apoyo gubernamental hacia estas acciones, pero necesitaríamos legisladoras y legisladores que lo quieran llevar a cabo y debatir este tema, así como mayor conocimiento y demanda por parte de las personas usuarias”, concluyó la experta.
