Al reabrirse el 30 de enero de 2024 el tramo elevado de la Línea 12 del Metro (L12) -que en mayo de 2021 sufrió un derrumbe, con saldo de 26 muertos y más de 100 heridos-, el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, afirmó que las instalaciones fueron “reforzadas” y por tanto son “seguras” para el público usuario.
Sin embargo, el diputado Royfid Torres, coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en el Congreso capitalino, nos advirtió que “todos los días los chilangos y las chilangas viven con temor al usar cualquier transporte público en la ciudad; primero, por la inseguridad ante la delincuencia, y segundo, ante el riesgo de no completar sus trayectos debido a algún incidente que ponga en riesgo la vida (como pasó con la L12)”.
Y es que al reactivarse el servicio en toda la L12, algunos medios de comunicación dieron cuenta del nerviosismo e incertidumbre de no pocos usuarios ante la posibilidad de que vuelva a ocurrir otra tragedia en el Metro.
¿Qué pasó el 3 de mayo de 2021?
Esa fatídica noche que impactó a todo el país -justo a las 22:11 horas-, un tramo de la sección elevada de la L12, entre las estaciones Olivos y San Lorenzo Tezonco, colapsó entre las columnas 12 y 13 ocasionando la muerte de 26 personas; dejó heridas a más de un centenar. El hecho se volvió noticia mundial.
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El derrumbe fue el desenlace de una tragedia que se venía anunciando desde años atrás, en la que salió a relucir la presunta negligencia de autoridades y empresas por una obra que desde su inauguración dejó mucho que desear.
Según una cronología de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, desde septiembre de 2012 el Sistema de Transporte Colectivo (STC) detectó deformaciones prematuras en los rieles de varias curvas de la L12, debido a las pruebas realizadas (sin pasajeros) y de los viajes de familiarización que efectuó el gobierno capitalino, encabezado entonces por Marcelo Ebrard, antes de inaugurar la obra.
Con el tiempo diversas fallas se acumularon y el 11 de marzo de 2014, la gestión de Miguel Ángel Mancera anunció la suspensión del servicio en 11 de las 20 estaciones de la llamada Línea Dorada por defectos estructurales de la vía en el tramo elevado. El servicio se interrumpió durante 20 meses hasta que en noviembre de 2015, Mancera encabezó su reapertura.
“Se echaron la bolita”; hasta ahora nadie es responsable
Sobre lo que ha pasado con la L12 desde su inauguración hasta los trágicos hechos del 3 de mayo de 2021, el diputado Royfid Torres nos dijo que “no nada más hay una administración involucrada; la actual también tiene responsabilidad y ahí es donde no se ha avanzado”.
Lo anterior, al considerar que con el gobierno de la ahora ex mandataria capitalina Claudia Sheinbaum no ha habido sanciones concretas contra los responsables del colapso y tampoco se ha hecho total justicia a las víctimas. Lo que sí salió a relucir en su momento fue el intercambio de acusaciones entre la oposición y Morena sobre cuál gobierno local sería responsable de la tragedia.
El 28 de junio de 2021 fue destituida Florencia Serranía como directora del STC-Metro tras una larga demora y sin que fuera investigada por el colapso, a pesar de que todas las críticas estaban en su contra.
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Hasta mayo de 2023 se había vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos culposos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad a los ex directores del Proyecto Metro Enrique Horcasitas; a Juan Antonio Giral de Construcción de Obras Civiles; y de Diseño y Obras Civiles, Moisés Guerrero; así como al subdirector de Estructuras e Ingeniería, Enrique Baker, entre otros funcionarios menores.
Sin embargo, al día de hoy el proceso contra los ex funcionarios imputados por la Fiscalía capitalina aún no concluye, y no hay fecha para saber si se llegará a juicio oral o no. El 16 de junio de 2021, la consultora noruega DNV entregó a Sheinbaum los resultados de su peritaje preliminar sobre las causas del derrumbe. Según el dictamen, se encontró deformación de vigas, así como fracturas en trabes y soldaduras por donde pasaba el tren.
Y en su tercer y último informe, en mayo de 2022, DNV señaló por vez primera fallas en las inspecciones y el mantenimiento de la L12 como causas concurrentes en la tragedia, lo que la entonces jefa de Gobierno calificó como “tendencioso”. En consecuencia, en octubre de ese año se dio por concluido el contrato con la consultora noruega.
¿Y las víctimas?
Al cumplirse dos años del colapso en mayo de 2023, la Fiscalía General de Justicia capitalina informó que se habían firmado 117 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas con las empresas constructoras. Precisó que los acuerdos tienen como efecto la extinción de la acción penal, y que 12 aún estaban pendientes de concretarse.
Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas señaló que se otorgaron apoyos a las familias por entre $10,000 y $30,000 pesos, mientras que el STC les entregó $385,000,000 de pesos como ayudas emergentes e indemnizaciones complementarias, además de una indemnización por la suscripción de los acuerdos reparatorios.
Igualmente, se reportó que las personas lesionadas recibieron atención médica y psicológica sin costo, y se gestionaron oportunidades de trabajo remunerado, y apoyos de educación y vivienda.
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En ese tenor, el 30 de enero de 2024, el abogado Teófilo Benítez, quien defiende a varias víctimas, acusó que el proceso judicial contra los responsables “sigue detenido, con un dictamen a modo para que prevalezca la impunidad, y con el miedo de que vuelva a registrarse una nueva tragedia”.
El asesor de 14 víctimas que no han aceptado una indemnización a cambio de desistirse de la acción penal sostuvo que la ex directora y subdirectora de Mantenimiento del STC, Florencia Serranía, es responsable según el dictamen de DNV. Benítez adelantó que se iniciarán múltiples demandas contra Grupo Carso, por su evidente responsabilidad en la deficiente construcción del tramo elevado de la L12.
En este contexto, el integrante de la Comisión de Movilidad del Congreso local Royfid Torres nos dijo que deben hacerse públicos los acuerdos de reparación del daño: “que sepamos exactamente qué fue lo que se comprometió el gobierno a reparar, cuántas personas quedan pendientes y cuántas han aceptado, porque me parece que esta negociación no fue ni pareja ni es atendida en general para quienes lamentablemente fueron víctimas de este incidente”.
El legislador por Movimiento Ciudadano apuntó que a la impunidad prevaleciente tras el derrumbe en la L12 se suman la falta de mantenimiento y la reducción del presupuesto para el Metro. “Nosotros vamos a seguir exigiendo rendición de cuentas, que haya transparencia; nos preocupan en primera instancia las víctimas y que hechos como éste ya no se repitan”, demandó.
Torres concluyó en que es urgente tener un diagnóstico integral de todas las líneas del Metro, para conocer cuál es el estado en el que se encuentran las instalaciones del STC: “a partir de ahí es que podríamos hablar de si hay una correcta inversión o no, si lo que se destina hoy al Metro es lo que se requiere o no”.
