El derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto se ha convertido en una batalla política

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Luego de que la corte de Estados Unidos diera uno de los mayores reveses en los derechos reproductivos de las mujeres al revocar la histórica decisión sobre el derecho al aborto conocida como Roe v. Wade en 2022, ahora se encuentra en disputa la disponibilidad de una de las píldoras más utilizadas en los abortos médicos, la mifepristona.

Esto porque un juez en el estado de Texas, Matthew Kacsmaryk -quien fue nombrado por el expresidente republicano Donald Trump– ordenó detener el suministro de la píldora que se utiliza en casi la mitad de las interrupciones del embarazo con medicamentos combinada con misoprostol, que de hecho es un medicamento utilizado para la prevención y tratamiento de las úlceras gástricas.

El fallo del juez Kacsmaryk nuevamente evidencia cómo los derechos de las mujeres se utilizan como moneda de cambio en una guerra política que obedece a los intereses de la clase en el poder y deja la salud de la población en segundo plano. Eso nos explicó Mara Zaragoza, subdirectora de Fortalecimiento en Ipas Latinoamérica y el Caribe, una organización no lucrativa que defiende los derechos reproductivos y sexuales. 

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Los derechos de las mujeres deberían desaparecer del debate político, nos dijo Zaragoza, ya que esto sucede porque seguimos pensando en el aborto como un delito y eso deja a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad.

“El conceptualizar el aborto como un delito hace que lo primero que se prioriza en la vida tanto de la mujer como de la o el médico, es pensar si puede haber una posible penalización y eso hace que quede en segundo término la necesidad en salud de una mujer. Y esta es la gran transformación a la que no terminamos de llegar ”, puntualizó la especialista.

El aborto se tiene que ver como un servicio legítimo de salud, como también lo es el parto respetado, el uso de anticonceptivos y la atención de cáncer cervicouterino y de mama, destacó.

“Cuando saquemos el aborto del discurso de la legalidad, esa moneda de cambio desaparace, porque no tienen con qué estar presionando los grupos pro o antiderechos”, nos dijo Mara Zaragoza.

Control de los cuerpos como herramienta política

Podríamos hacer un símil con lo que sucede alrededor de la conversación por la despenalización de las drogas que se utiliza para inclinar la balanza política hacia un lado o el otro, que también está cargada de una falsa moralidad donde un grupo de personas califican el uso de sustancias como bueno o malo y se debaten entre castigar o permitir, según convenga, nos explicó la entrevistada.

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Detrás de la prohibición de sustancias existen prejuicios e intereses políticos y económicos en los que las autoridades se basan para decidir si condenan o permiten el consumo de alcohol, cannabis, tabaco y otros productos, pero raramente es la preocupación por la salud de la ciudadanía la motivación principal, como te platicamos en este artículo.

Con la regulación del consumo de sustancias tenemos ciertas lecciones aprendidas, nos dijo Mara Zaragoza. Por ejemplo la disminución de riesgo y daño con la creación de lugares de consumo y la administración de dosis seguras. Son políticas públicas que buscan acercar alternativas de vida para las personas consumidoras sin estarlas penalizando. 

Lo mismo pasa con la interrupción de embarazo que siendo legal o ilegal carga con una serie de estigmas, prejuicios y culpas que no nos permiten atenderlo como una necesidad de salud y entorpecen la creación de las políticas públicas para garantizar que se lleve a cabo de manera segura. Porque la evidencia muestra que ninguna ley va a impedir que las mujeres aborten.

La aprobación de la FDA es lo que está en tela de juicio

El argumento del juez estadounidense Matheww Kacsmaryk sostiene que el fallo para detener la distribución de la píldora abortiva no es una decisión en torno al derecho al aborto, sino sobre la ley administrativa que controla la regulación de la mifepristona, acusando que la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) fue defectuosa.

Por otro lado, en el estado de Washington el juez Thomas O. Rice ordenó al gobierno estadounidense que se mantenga el suministro de la mifepristona en 17 estados que lo solicitaron y el Distrito de Columbia.

Por su parte, el gobierno de Joe Biden presentó un recurso de apelación donde señala que la comunidad científica está de acuerdo en que el uso de mifepristona es una forma eficaz y sin riesgos para interrumpir un embarazo.

¿Qué es la mifepristona?

La mifepristona es uno de dos medicamentos que se utilizan para realizar un aborto médico. Este sería el primer paso que consiste en bloquear una hormona llamada progesterona que hace que el revestimiento del útero se vuelva más grueso para que un óvulo fertilizado pueda implantarse dentro y que crezca un bebé. 

El trabajo de la mifepristona es interrumpir el embarazo, mientras que la segunda pastilla, misoprostol, es la que vacía el útero.

La mifepristona ha sido utilizada para realizar abortos médicos por más de 20 años luego de que fuera aprobada en Estados Unidos en septiembre de 2000 para la terminación médica del embarazo hasta la séptima semana de gestación y en 2016 se aprobó su uso hasta la décima semana de embarazo.

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La FDA sostiene que el medicamento es seguro y que tanto la presentación de patente Mifeprex como las tabletas genéricas de mifepristona de 200 mg, están disponibles bajo estrategia de evaluación y mitigación de riesgos conocida como el programa REMS, que establece los requisitos que se deben seguir para la interrupción médica del embarazo hasta las 10 semanas de gestación con este fármaco.

La FDA también advierte que la mifepristona debe ser suministrada bajo la supervisión de un médico o farmacias certificadas y, por el contrario, no recomienda la compra del medicamento en línea o por otros medios.

Estados Unidos retrocedió en los derechos reproductivos, pero México sigue avanzando

Ahora a las mujeres de Estados Unidos les toca retomar viejas prácticas que tenían las de países de Latinoamérica para interrumpir su embarazo de la manera más segura posible recurriendo al acompañamiento de otras mujeres, viajando a estados donde sea posible realizarlo de manera legal y recurrir a organizaciones civiles que ofrezcan medicamentos e información, destacó Mara Zaragoza.

Hace 15 años en la Ciudad de México se aprobó la reforma al Código Penal para la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y ha sido un ejemplo a seguir, como te contamos en esta nota, lo que también ha dejado grandes lecciones.

“Las mujeres empezaron llegando -a los centros para la interrupción del embarazo- cerca de las 12 semanas de gestación, pero con el tiempo el promedio de edad gestacional al que las mujeres llegan a solicitar los servicios es de nueve semanas”, destacó la especialista.

Zaragoza nos dijo que esto quiere decir que las mujeres no son irresponsables ni descuidadas, cuando tienen una opción segura y están informadas sobre ella, la utilizan. 

Aquí lo que deberíamos estar discutiendo es por qué un país como Estados Unidos que tiene mucha experiencia sobre el aborto como un servicio de salud, en lugar de estar ofreciendo cada vez mayores y mejores opciones para las mujeres las está reduciendo. 

¿A quién están tratando de complacer? 

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