Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro Urrego. El primero, presidente de México, el segundo de Colombia. Ambos se autodefinen como mandatarios de centro izquierda, son cercanos, los dos tienen el reto de combatir el narcotráfico que azota sus países, se juntaron recientemente en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas en Colombia, pero sus estrategias antidrogas no son iguales y aquí te contamos por qué.
México ha optado por una estrategia que involucra, entre otras cosas, la militarización de labores de seguridad pública, una medida que de acuerdo con Ricardo Vargas, investigador colombiano en política de drogas, conflicto y seguridad, asociado al Transnational Institute TNI en Holanda, “debilita la democracia y pone el control de los territorios en manos de las fuerzas militares”.
En contraste, la militarización en Colombia es una historia dolorosa y conocida que se implementó en la época de los años 90’ y que hoy se mira con cautela porque la Comisión de la Verdad ha documentado abusos a los derechos humanos y masacres en las que miles de civiles han perdido la vida a manos de las fuerzas militares.
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Durante su visita a Cali, Colombia, López Obrador se encontró con una noticia que estremeció a la nación sudamericana: la admisión del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez de haber ordenado el asesinato de más de 6,402 jóvenes inocentes, presentados por los militares como guerrilleros para recibir medallas y condecoraciones. Este escándalo de crímenes de lesa humanidad, conocido como los “falsos positivos”, arrojó luz sobre los oscuros vínculos entre El Ejército, la política y la violencia en Colombia.
En ese contexto, ver al presidente de México llegar a Colombia en su primera visita oficial acompañado de militares, dijo mucho. “El presidente López Obrador trajo como acompañante principal a la Naval y al Ejército de México y eso dice bastante sobre cómo está fundamentada su política de drogas”, aseguró en entrevista para Cuestione, el investigador Ricardo Vargas.
Al cierre de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, López Obrador -acompañado de su canciller, Alicia Bárcena, el ministro de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y varios militares del Ejército mexicano-, ofreció su apoyo a la nueva política antidrogas de Gustavo Petro. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta estrategia antidrogas y cómo difiere de la política de “abrazos y no balazos” de López Obrador en México?
La apuesta: un enfoque en derechos humanos y desarrollo rural
Transcurrido un año del gobierno Gustavo Petro, la política de drogas recientemente anunciada mantiene su narrativa de campaña en la mayor parte de sus puntos: “el fracaso de la guerra contra las drogas, la necesidad de replantear las convenciones internacionales, la responsabilidad internacional compartida que no castigue desproporcionadamente a los países de la oferta y la no criminalización de cultivadores y consumidores”, explica para Cuestione desde Colombia Aura María Puyana, socióloga y consultora en temas de drogas y pueblos étnicos.
El presidente de Colombia ha anunciado una política antidrogas que busca abordar de manera integral el problema del narcotráfico en el país. La estrategia tiene una duración de 10 años y una inversión de $21 billones de pesos colombianos, está enfocada en múltiples áreas, incluyendo derechos humanos, salud pública y construcción de paz.
“Estas estrategias están en sintonía con el Acuerdo de Paz firmado en el año 2016 que tiene un punto dedicado a la política de drogas”, señala Pedro Arenas de La Corporación Viso Mutop, que acompaña comunidades rurales en varias zonas de Colombia, trabajando con ellas en construcción de paz.
El documento oficial titulado: “Sembrando vida desterramos el narcotráfico” consta de 80 páginas y se presentó durante la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas en Cali, Colombia, con la participación de 19 países entre ellos México y distintos observadores.
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La estrategia antidrogas de Petro se divide en dos enfoques clave: oxígeno y asfixia. “La diferencia está dada más en materia de los énfasis y mucho menos en que se esté proponiendo algo absolutamente innovador en la política contra las drogas”, afirma Sandra Borda, profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia.
Oxígeno para campesinos cultivadores
En el enfoque de “oxígeno”, el gobierno de Petro se compromete a brindar apoyo a los campesinos que cultivan plantas de uso ilícito como coca, amapola o cannabis.
Esto incluirá la transición hacia economías legales en las zonas rurales, cuidado ambiental en territorios afectados por la economía de las drogas ilícitas y programas de consumo controlado para usuarios de drogas, explica el gobierno colombiano.
En palabras de la académica Sandra Borda, en oxígeno están todas las políticas que buscan potencializar las comunidades a través de ayudas y subsidios para que suceda la sustitución voluntaria de cultivos que es la apuesta fundamental de la estrategia antidrogas. Lo que se está tratando de hacer es “fortalecer productivamente a las comunidades y ayudarlas en la transición”.
Además, en este énfasis se promoverá la capacitación en diversas actividades económicas, la diversificación del modelo de desarrollo y se ofrecerán programas de crédito y subsidios para facilitar la transición hacia la economía legal, detalla el diario El Espectador, que tuvo acceso al documento completo. Se impulsará también la titulación de tierras y la creación de la marca “Sembrando Vida” para identificar productos y servicios derivados de la reconversión económica.
Sin embargo, para la socióloga Aura María Puyana, el énfasis de apoyar a las comunidades cocaleras colombianas tiene un riesgo por los acuerdos que desde hace muchos años mantiene Colombia con los Estados Unidos.
“La relación pragmática que el presidente Gustavo Petro ha establecido con los Estados Unidos impone indicadores anuales de reducción de drogas exportables y de hectáreas cultivadas con coca, que minan las pretensiones de oxígeno y explican el regreso a un prohibicionismo blando en la nueva política de drogas que acaba de lanzarse en Cali”, explica Puyana.
Asfixia a los actores del narcotráfico
En el enfoque de “asfixia”, la política pública colombiana dice que incrementará las operaciones para destruir las infraestructuras dedicadas a la producción de drogas ilícitas, especialmente aquellas relacionadas con la cocaína, la heroína y las drogas sintéticas.
La maestra Sandra Borda explica que en este apartado van los lugares en donde el gobierno tiene que llegar “para combatir los grupos ilícitos”.
“Entonces ellos dicen -detalla la académica refiriéndose al gobierno- que así como le van a ayudar a los campesinos que tienen pequeños cultivos a hacer una sustitución voluntaria de actividad, van a combatir abierta y directamente aquellos que sean dueños de cultivos industriales que son cultivos mucho más grandes y son un negocio distinto al del pequeño campesino”.
En el énfasis de asfixia, Colombia quiere fortalecer el control sobre las empresas de metalurgia que proveen equipos para la producción de sustancias ilícitas y es aquí donde el investigador en política de drogas, Ricardo Vargas, hace una pausa para explicarle a México que “seguir hablando de cárteles puede ser válido en México pero no en Colombia”.
“En Colombia, a diferencia de México, no hay cárteles de las drogas, lo que hay son empresarios ilegales que mueven estas mercancías con estructuras en redes, no de cárteles”, afirma Vargas.
La tesis de Ricardo Vargas es que el narcotráfico en Colombia está siendo cooptado por empresarios y políticos corruptos que tienen más poder que el mismo narcotráfico, lavan dinero entre ellos y financian campañas; un debate complejo que también “lesiona la democracia” y del que con poco se habla en el debate público en Latinoamérica.
El énfasis de Gustavo Petro en este contexto es asfixiar a las empresas ilícitas e intensificar la intervención en las fronteras, en el interior del país, con inversiones en tecnología avanzada de vigilancia y capacitación de las fuerzas de seguridad, se lee en la prensa nacional colombiana.
Aunque este enfoque “no es del todo nuevo”, Sandra Borda agrega que Colombia está buscando la cooperación con Estados Unidos para fortalecer las fuerzas navales y concentrar la lucha en los mares que es el lugar en donde más se concentra el tráfico de drogas.
“La idea es concentrar la lucha contra las organizaciones criminales encargadas del tráfico mismo”, detalla Borda.
Para la académica, oxígeno y asfixia son un cambio muy positivo de énfasis en la lucha contra las drogas porque “esa lucha contra el campesino pequeño estaba enfrentando a la fuerza pública contra las comunidades y no estaba produciendo grandes resultados”, como lo han documentado generaciones enteras de académicos en Colombia.
No, no se parecen las estrategias de México y Colombia contra las drogas, advierten especialistas
La política de Gustavo Petro es diferente a la política de “abrazos no balazos” con la que Andrés Manuel López Obrador pretende desactivar las dinámicas más violentas de las bandas sicariales del narcotráfico lo que no le ha funcionado en la mayor parte del territorio mexicano, responde la consultora en temas de seguridad, Aura María Puyana.
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“El mensaje de Andrés Manuel parecería ser que negocien los criminales pero que no maten a la población civil, lo cual no es el mensaje de Petro que exige desactivar los vínculos con las economías ilegales para pactar la paz”, explica la socióloga.
Para Pedro Arenas, constructor de reformas de políticas de drogas en VisoMutop, la estrategia de Gustavo Petro no se parece a la de López Obrador básicamente porque el Estado colombiano “no renuncia a emplear su fuerza contra los grandes laboratorios de procesamiento, no renuncia hacer incautaciones, ni a detener a grandes capos y perseguir sus finanzas y bienes adquiridos con procedencia ilícita”.
El investigador Ricardo Vargas coincide con la socióloga Aura Puyana en afirmar que la política contra las drogas de Gustavo Petro en Colombia es muy diferente a la de su homólogo en México, Andrés Manuel López Obrador y hace hincapié en la militarización.
El investigador en política de drogas, conflicto y seguridad, dice que México “está apostando todo a la militarización, a la creación de la Guardia Nacional” y en el caso de Colombia, “la historia muestra que la política del presidente Gustavo Petro busca un cambio en los énfasis del uso de la fuerza que antes recaía en la producción de cultivos ilícitos”.
“Como principio general sí es contraproducente la militarización como estrategia frente a las drogas y la historia colombiana deja ese resultado”, puntualizó Vargas.
Vale la pena señalar, que la militarización de la seguridad pública no es la única estrategia de la política contra las drogas del presidente López Obrador en México. También se han implementado programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro.
Sembrando Vida, busca atender dos problemáticas: la pobreza rural y la degradación ambiental. De esta manera, sus objetivos son rescatar al campo, reactivar la economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades.
Por su parte, Jóvenes Construyendo Futuro, brinda durante un año capacitación gratuita en empresas y centros de trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo, en aras de desarrollar sus habilidades y capacidades y así colaborar en su inserción al mundo laboral, garantizando su derecho al trabajo.
La académica Sandra Borda, focaliza la atención de la política de Gustavo Petro en algo que no ha visto en México: “una estrategia que reconozca abierta y explícitamente el vínculo de la guerra contra las drogas y el daño medioambiental y el vínculo de la guerra contra las drogas y las violaciones a los derechos humanos”.
Ambos vínculos, explica Borda, hasta ahora habían sido entendidos como “daños colaterales no intencionados de la política antidrogas” y ahora se trata de construir una política contra las drogas “que incorpore las dos dimensiones y que no solo evite y cuide, sino que trate de no producir esos daños que afectan directamente a las comunidades”.
La política antidrogas del presidente de Colombia Gustavo Petro surge como respuesta a las limitaciones y el alto gasto asociado con las estrategias anteriores en la “guerra contra las drogas” que no lograron reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas en el país, explicó el presidente Petro.
Es muy temprano todavía para saber si la estrategia colombiana contra las drogas y sus énfasis van a dar resultado y en su momento “habrá que medirlas”, coinciden los especialistas.
“Todas estas apuestas enfrentan dificultades para implementarse por la oposición de los factores reales de poder, la fragilidad de las alianzas políticas del Pacto Histórico de Gustavo Petro y la agudización de la violencia armada en el territorio colombiano”, concluye Aura María Puyana y hace un llamado a mirar el cambio de discurso del presidente de Colombia contra las drogas.
“Este es un cambio discursivo radical después de 50 años de gobiernos que replicaron sin matices el discurso prohibicionista tal y como lo definía el Departamento de Estado de los Estados Unidos”, asegura Puyana y agrega que esa vuelta de tuerca en el discurso ya es “un mérito indiscutible del gobierno de Gustavo Petro”.
La visita de López Obrador a Colombia y su respaldo a la política antidrogas de Petro, marcan un hito en la política regional y abren un debate sobre el futuro de la lucha contra el narcotráfico en América Latina.
Gustavo Petro tiene tres años por delante en el primer gobierno de izquierda en Colombia. Andrés Manuel está en su último año de gobierno y, en gran medida, la política contra las drogas será menester de la próxima presidenta de México.
Mientras tanto, las diferencias fundamentales entre las estrategias de México y Colombia reflejan los desafíos y la complejidad de abordar este problema persistente en la región.
Mientras Gustavo Petro busca un cambio en los énfasis y una política más integral, López Obrador sigue apostando mayormente por la militarización como respuesta. El tiempo dirá cuál de estas estrategias arrojará resultados efectivos en la lucha milenaria contra las drogas.
