En el año que le resta al sexenio, el gran desafío del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad y combate al crimen organizado es lograr una reforma judicial que dote de autonomía a la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías estatales, así como implementar programas integrales de combate a la corrupción y la impunidad.
La integrante del colectivo Seguridad sin Guerra Eliana García nos dijo que es muy difícil que, en la recta final de su gobierno, el mandatario dé un giro a la política de seguridad y combate a la delincuencia que ha ejercido durante cinco años: “no hay ninguna idea en su mente para reconsiderar que lo que ha hecho tendría que cambiar; todo el tiempo está ratificando y reiterando su política de seguridad y militarización”.
La también ex diputada federal nos explicó que la seguridad tiene muchos componentes que deben ser satisfechos para que la gente viva con tranquilidad. “No solo es el tema de cuántos policías hay en la calle; ahorita ya hay más militares que policías en las calles; con López Obrador se ha masificado la presencia de militares en la seguridad pública”, abundó García.
La ex subprocuradora encargada de Derechos Humanos de la entonces PGR, entre 2013 y 2015, aseguró que el sistema de justicia en México está colapsado: “¿de qué sirve que detengan a un presunto delincuente de alto impacto, si el sistema judicial no funciona de manera adecuada porque la Fiscalía General y las locales no tienen autonomía real para investigar?”.
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Eliana García reiteró que el problema de la inseguridad es tan complejo que no se debe atender solo con policías, sino con sistemas de inteligencia e información, y programas integrales de combate real a la corrupción y de lucha contra la impunidad.
El fracaso de las fiscalías
García, quien actualmente es asesora en temas de justicia y derechos humanos en el Senado, nos compartió datos recabados por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, según los cuales quedan al descubierto las carencias de cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional (GN), y las limitantes de las fiscalías para procurar justicia.
“En 2022, la Guardia Nacional puso a disposición del Ministerio Público y jueces cívicos a 2,814 personas, lo que significa que a diario -en promedio- la GN puso a disposición de las autoridades a siete personas. Vemos que no hay posibilidad de que las fiscalías construyan carpetas de investigación con consignaciones sólidas, porque no hacen trabajo de investigación y por eso los presuntos delincuentes quedan libres”, lamentó la experta.
Eliana García nos precisó que la mayoría de esas detenciones fueron en flagrancia, de acuerdo con lo reportado por el INEGI. “Las fiscalías están hechas a imagen y semejanza de los políticos que lo que hacen es preservar sus pactos de impunidad. Hay que hacer una profunda reforma a nivel de las fiscalías, dotarlas de autonomía plena para que los fiscales no sigan siendo fiscales ‘carnales’”, advirtió.
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La especialista, quien ha sido acompañante de víctimas de desaparición forzada desde 1977, agregó que la reforma judicial que se necesita no tiene nada que ver con la propuesta presidencial para que los juzgadores sean electos por voto directo de la ciudadanía.
“La reforma judicial tiene que ver con que existan mecanismos reales para que el sistema penal acusatorio funcione, y no haya un Consejo de la Judicatura Federal cooptado, que permita sancionar a aquellos jueces de distrito y magistrados que efectivamente hagan un uso criminal de la justicia”, nos indicó la ex legisladora.
El desafío de la violencia
García alertó sobre el riesgo de más actos de violencia como los registrados recientemente en Texcaltitlán, Estado de México, donde 14 personas murieron tras un enfrentamiento entre sicarios del cártel de La Familia Michoacana y pobladores que se negaron a pagar el llamado “derecho de piso” (extorsiones).
“Lo que se vio en esa situación… fue la ausencia del Estado de derecho y la falta de gobernabilidad. Además, el Ejército alertó desde hace al menos tres años que La Familia Michoacana tenía presencia en 44 municipios mexiquenses y no hicieron nada”, criticó la asesora legislativa.
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Eliana García nos recordó la reciente presentación del Atlas de Homicidios 2022, elaborado por la organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), y en el cual se demuestra que los asesinatos a nivel nacional crecieron y se han mantenido en niveles alarmantes los últimos tres sexenios, ante la ausencia del Estado de derecho y el fracaso de la estrategia de seguridad militarizada.
En el informe se precisa que en 2022 hubo 31,895 víctimas de homicidio en el país, de las que 27,618 son hombres, 3,769 mujeres y 508 de sexo no identificado. “Esta cantidad de personas asesinadas refleja la permanencia de una grave crisis de violencia e inseguridad sostenida a lo largo de los últimos 13 años”, señaló MUCD.
En ese sentido, García concluyó que además de programas sociales para alejar a los jóvenes de la delincuencia, y una reforma fiscal que mejore la situación económica de la población -a través de salarios y prestaciones-, una verdadera política de Estado en materia de seguridad debe poner atención a ese tipo de informes, para que se sepa dónde impactar con acciones integrales y recuperar la paz en el país.
