Hace 23 años el municipio de El Aro en Colombia vivió el infierno en carne propia a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Al poblado montañoso ubicado a 200 kilómetros de Medellín llegaron 150 civiles camuflados y armados hasta los dientes y asesinaron a 17 civiles, en su mayoría campesinos.
Las AUC o grupos paramilitares colombianos son un antecedente peligroso de lo que podría ocurrir en México si las personas deciden tomar la justicia por su propia mano.
Aquella noche de 1997 el estruendo de las balas no cesaba en la plaza principal del pueblito de apenas 14 mil habitantes. Un comando tumbó puertas y obligó a sus habitantes a salir en fila india. Llegando al parque, la gente se encontró con tres vecinos asesinados. Un paramilitar sacó una lista negra. En ella, estaban los nombres de hombres y mujeres que según sus “informantes”, trabajaban o colaboraban con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Al dueño de la tienda de abarrotes los paramilitares lo acusaron de vender víveres a la guerrilla; “lo amarraron a un árbol y lo torturaron, le sacaron los ojos, le cortaron la lengua, lo abrieron y le levantaron la piel. Luego le enterraron un cuchillo”, cuenta la revista colombiana Semana a 23 años de la masacre.
A los sobrevivientes, las AUC los obligó a llevarse entre 800 y mil 200 cabezas de ganado para dejarlas en manos ajenas. Elvia no corrió con la misma suerte, narra la revista Semana. “La mujer era la encargada de hacer las labores domésticas en la casa cural. Los paramilitares la violaron en cuadrilla, después la arrastraron por las calles boca abajo haciendo que su rostro se borrara desfigurado. Aún moribunda, la amarraron a un palo para que muriera lentamente”.
En una década de operación y con un ejército de alrededor de casi 30 mil civiles armados, a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se le atribuyen 94,754 asesinatos, incluyendo los 17 de la masacre de El Aro. Los paramilitares mataron en Colombia la misma cantidad de personas que caben en el Estadio Azteca en México… y 7 mil más.
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El exilio y las autodefensas
Un año antes de la masacre de El Aro hubo otra incursión paramilitar en Mariangola, Valledupar, un municipio de 12 mil habitantes a hora y media de la ciudad de Cartagena. Esta incursión obligó a Nélida Herrera a refugiarse en México con sus tres hijos pequeños quienes apenas aprendían a caminar.
La fotocopia de la noticia publicada en El Heraldo de Barranquilla el 26 de noviembre de 1996 lo muestra todo. El padre de Nélida tiene un balazo en la frente; Raumir, su hermano menor, un hueso roto y a Rafael, el hermano mayor, le han destrozado la cabeza y el estómago.
La noche anterior a los Herrera los despertaron tres golpes fuertes en la puerta.
Al tumbarles la puerta, los hermanos vieron una caravana de autos amarillos y de ellos bajaron hombres armados que se identificaron como Autodefensas. Preguntaron por Hipólito y al responder el menor de los hermanos que “todos eran Hipólito”, se los llevaron a los tres varones para jamás volver.
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Al igual que los pobladores sobrevivientes a la masacre de El Aro, Nélida se ha preguntado muchas veces las razones de su desdicha. Antes de subirse al avión rumbo a México como refugiada por la Cruz Roja Internacional, se enteró de caravanas de grupos de civiles armados que iban de pueblo en pueblo, asesinando a su paso a civiles que creían aliados de la guerrilla.
La última vez que Nélida vio a sus hermanos y a su papá de cerca los habían asesinado y abandonado en una zanja de riego por donde ya no pasa el agua. De ahí su vida se rompió e hizo como pudo para reinventarse en México con sus tres hijos.
Nélida Herrera es una de los 8,143,758 de desplazados internos colombianos que tuvieron que huir de su país a finales de los noventa por la violencia de grupos ilegales.Todos ellos encontraron refugio principalmente en Venezuela, México y España, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
A cinco lustros de distancia de la tragedia, cuatro nietos y una vida por delante, Nélida se gana la vida en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. En la Unidad Residencial Vasco de Quiroga, ella capacita, acompaña y asesora a decenas de adolescentes para que no se dejen tentar por las drogas ilegales, para que usen preservativos y eviten contagios por transmisión sexual. Ella trabaja con jóvenes en espera de recuperar la paz que le fue arrebatada.
El espejo mexicano
Las Autodefensas en Colombia tuvieron sus orígenes a finales de los años 80. Ganaderos y terratenientes acosados por la guerrilla se unieron para conformar un ejército privado. El argumento para reclutar civiles fue la defensa de sus tierras y la necesidad de poner un freno a las extorsiones y secuestros por parte de grupos guerrilleros.
Bajo la idea de proteger y “limpiar” las regiones colombianas de la guerrilla, las autodefensas se convirtieron en mercenarios al servicio de los terratenientes. Las AUC que operaron de 1996 a 2006 son protagonistas de delitos como secuestro, despojo de tierras, masacres y narcotráfico. No en vano, el Centro de Memoria Histórica en Colombia, los responsabiliza del 47% de las muertes ocurridas entre 1996 y el 2006, años en el que las AUC se desmovilizaron.
A pesar de su naturaleza ilegal, las autodefensas colombianas no sólo fueron toleradas por el Estado, sino que con el tiempo, se convirtieron en activos protagonistas de la política nacional.
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Las historias de abusos cometidos por las autodefensas en México comienzan a narrarse de una manera casi anecdótica y por lo mismo es momento de voltear hacia Sudamérica y aprender de dolorosas experiencias.
El mismo año de la masacre paramilitar de El Aro en Colombia, en Chiapas fueron asesinados 45 indígenas tzotziles en una incursión paramilitar que hoy se conoce como la Matanza de Acteal. Desde entonces y hasta la fecha, se pueden encontrar distintos enfrentamientos entre policías comunitarios y cárteles del narcotráfico.
A diferencia de los paramilitares en Colombia que terminaron siendo financiados por el narcotráfico y grupos de ultraderecha para hacerle frente a la guerrilla de las FARC, en México el surgimiento de grupos de autodefensas es la respuesta a la zozobra implantada por el narcotráfico en comunidades donde la ausencia del Estado es notable.
Los vínculos entre las autodefensas mexicanas y grupos ilegales, son una apuesta riesgosa para el Estado y para sus ciudadanos. Aunque para algunos especialistas es prematuro afirmar que el fenómeno de las Autodefensas en Colombia pueda repetirse en México, “el riesgo está presente”, explicó Francisco Rivas para la BBC.
La quema de edificios públicos, propiedad privada y el secuestro de 21 personas ocurrido en Pantelhó, Chiapas, a principios de julio por parte de un grupo de autodefensas conocido como “El Machete” no puede ser considerado como un acto menor ni ser visto como una respuesta natural a la ineficacia del Estado.
En México los ordenamientos jurídicos señalan que únicamente tres estados, Oaxaca, San Luís Potosí y Guerrero, tienen policías comunitarias. Cuerpos policiacos justificados por los usos y costumbres de los pueblos originarios.
Sin embargo, se tienen registros de al menos 50 grupos de autodefensas y policías comunitarias operando en estados como Michoacán, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Tabasco, según información periodística.
En el contexto de la política nacional, líderes que han surgido de grupos de autodefensas han ocupado un espacio en la arena pública. Es el caso de Hipólito Mora Chávez, empresario limonero y fundador de autodefensas en La Ruana, Michoacán.
El 11 de marzo pasado, Mora oficializó su registro para contender a la gubernatura de Michoacán por el Partido Encuentro Social, pero perdió la elección contra Alfredo Ramírez Bedolla de la coalición Juntos Hacemos Historia.
También está el caso de Estephania Valdés, viuda de José Manuel Mireles, líder de las autodefensas de Michoacán. Valdés compitió por una curul en el congreso local en las pasadas elecciones, pero no lo consiguió. Su esposo, José Manuel Mireles, sobrevivió a las balas del narcotráfico, a un accidente aéreo dudoso y la COVID-19 fue lo que lo derrotó.
Finalmente está la senadora Nestora Salgado García. Salgado se define como activista y fue ex comandante de la policía comunitaria del municipio de Olinalá, en el estado de Guerrero. Su incursión como autoridad en la comunidad reposa en la serie de abusos sistémicos recibidos por las comunidades de la sierra de Guerrero y en los mecanismos de autodeterminación que los gobiernan.
La historia de las autodefensas en Colombia siembra un precedente peligroso para América Latina del que México debe reflexionar con cautela porque la ausencia del Estado, el azar de la violencia y el amparo de causas nobles, jamás debería ser un pretexto para la ilegalidad.
