El 5 de junio de 2009 ocurrió un incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el que murieron 49 niñas y niños y 105 resultaron con quemaduras y lesiones, la mayoría tiene secuelas en su salud.
Casi trece años después, las niñas, niños y sus familias no han alcanzado la justicia, pues hasta ahora nadie está cumpliendo una condena por esta tragedia, aún cuando el 26 de mayo de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que 22 personas ex funcionarias eran responsables del incendio por negligencia.
La Corte también ordenó a un tribunal de Sonora revisar y fijar nuevas sentencias contra estas 22 personas que trabajaban en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de los gobiernos de Hermosillo y Sonora e integrantes de la Guardería ABC. De estos, 19 fueron imputados desde mayo del año 2016, pero no fueron encarcelados porque promovieron amparos.
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Sin embargo, durante más de 12 años, madres, padres y familiares de las víctimas han señalado que no todas las personas dueñas de la Guardería ABC, ni funcionarios federales y estatales de alto nivel con responsabilidad en los hechos, han sido investigados ni han rendido cuentas ante la justicia.
“Estamos en espera de que se emitan las nuevas sentencias”, nos dijo en entrevista Julio César Márquez Ortiz, papá de Julio César Márquez Báez “Yeyé”, de dos años y nueve meses de edad, quien falleció en la Guardería ABC.
El año pasado, la Corte encontró que las condenas eran excesivas, pues algunas llegaban a 29 años de prisión, por lo que llamó a reducir las penas. “¿Cómo no pueden considerar un delito extremadamente grave la muerte y lesiones de tantas niñas y niños?”, cuestionó Julio César Márquez.
“Lo hemos señalado desde un principio, como parte de esa operación de Estado a nivel federal y estatal se limitó el cerco de responsabilidades y se excluyó a servidores públicos de primer nivel”, como los exdirectores del IMSS, Juan Francisco Molinar Horcasitas y Daniel Karam Toumeh, así como los secretarios del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, entre otros, nos expuso Julio César Márquez.
Revivir el caso
El 15 de marzo pasado, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, Zoé Robledo Aburto, director del IMSS, informó que hay avances y detenciones en el caso de la Guardería ABC, sin dar nombres ni detalles para no entorpecer la investigación.
El funcionario recordó que hace dos años, el 12 de febrero de 2020, interpuso una nueva denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), ya que la anterior (de mayo de 2019) “era muy endeble”. Además, fueron señalados diversos funcionarios públicos de todos los órdenes de gobierno que pudieran encontrarse relacionados con los hechos.
Esta nueva denuncia, detalló el funcionario, retoma como base la posición o el voto en minoría del entonces ministro Arturo Zaldívar en la investigación que hizo la SCJN en 2010, 01/2009 y la recomendación 49/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Sobre esta denuncia, Julio César Márquez nos compartió que no conoce los elementos que la componen “no hemos sido puestos al tanto (…) ojalá en algún momento tomen en cuenta a las familias, por lo menos para hacernos del conocimiento de lo que se está haciendo en esta denuncia”.
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Breve recuento
Alrededor de las 14:45 horas del viernes 5 de junio de 2009, un incendio en la Guardería ABC, estancia infantil subrogada del IMSS, en Hermosillo, terminó con la vida de 25 niñas y 24 niños menores de cinco años de edad. El incendio se originó en una bodega de la Secretaría de Hacienda del estado que se extendió a la guardería.
“Un incendio cuya gravedad quizá pudo haberse evitado si el inmueble hubiera contado con las mínimas medidas de seguridad y de protección civil”, recalcó Julio César Márquez.
Las investigaciones posteriores determinaron que la nave industrial donde estaba la guardería no contaba con los requisitos de seguridad establecidos, como detectores de humo, señalización de las rutas de evacuación, la cantidad mínima de extintores y salidas de emergencia. Encima, los techos estaban construidos con material inflamable.
La investigación de la Corte señaló que las condiciones deficientes en las que operaban las guarderías en Sonora fueron producto de un desorden generalizado en el otorgamiento de los contratos, operación y supervisión de las guarderías subrogadas. Este fue el caso de la Guardería ABC.
Además, las familias de las 49 niñas y niños impulsaron la Ley 5 de junio, que fue promulgada en el año 2011. Dicha ley prevé medidas para proteger a las niñas y niños en estas estancias infantiles, para que no vuelva a suceder una tragedia, pero aún no se aplica en todos los estados.
En octubre de 2014, un grupo de padres y madres de la Guardería ABC, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., presentó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió la solicitud en julio de 2020. Pero aún falta que el caso llegue a la etapa de fondo, para que después pueda ser juzgado en la Corte Interamericana.
El 13 de marzo de 2021, el presidente López Obrador firmó un decreto en el que se garantiza la atención médica a las víctimas, tanto a menores como a maestras, que resultaron lesionadas por el incendio de la Guardería ABC.
En estos más de 12 años, las trabajadoras de la Guardería ABC han pedido que se les reconozca como víctimas para poder acceder a la reparación del daño y las pensiones que les corresponden e igualmente han declarado que los verdaderos culpables no han sido perseguidos por la justicia.
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Zaldívar denunció “operación de Estado”
Desde octubre de 2019, Arturo Zaldívar, actual ministro presidente de la Suprema Corte, afirmó que recibió presiones por parte del gobierno de Felipe Calderón, cuando la Corte iba a resolver la investigación del caso de la Guardería ABC, en 2010.
El pasado 22 de febrero, el ministro volvió afirmar que hubo una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala, entonces primera dama, quien negó las declaraciones del ministro Zaldívar.
Durante la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, Arturo Zaldívar acusó que Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación, lo visitó en su oficina para presionarlo para que cambiara el proyecto de sentencia del 2010, donde señalaba las responsabilidades de funcionarios del IMSS y de familiares de Zavala.
Esto porque cuando ocurrió el incendió, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, era socia de la Guardería ABC. Pero ninguna de las investigaciones que se han hecho ha encontrado ninguna responsabilidad penal contra ella.
La diputada Zavala respondió al ministro: “Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que @FelipeCalderon entrara a la presidencia. Y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros”.
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La injusticia
El 28 de febrero pasado cinco madres y un padre de niñas y niños fallecidos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC pidieron a la embajada de España en México rechazar el nombramiento de Claudia Pavlovich Arellano, exgobernadora de Sonora, como consulesa en Barcelona, como lo propuso el presidente López Obrador.
En 2009, cuando ocurrió el incendio en la Guardería ABC, Pavlovich era diputada. El grupo de familiares denunció que ella formó parte de quienes protegieron a los responsables, por haber hecho recomendaciones a favor de estos a un juez que investigó el caso, “extendió cartas donde avalaba la solvencia moral de los dueños de la guardería”.
Después de los recientes acontecimientos sobre la Guardería ABC, el 1 de marzo pasado, el memorial en Hermosillo con 49 cruces con las fotografías de las niñas y los niños fue vandalizado. El 5 de marzo, las familias reinstalaron las 49 cruces de fierro que fueron arrancadas.
Según las autoridades locales, este acto contra el memorial fue hecho por una sola persona, pero las familias rechazaron esta versión. “Concluimos que alguien se molestó mucho por nuestras respuestas a los acontecimientos recientes (la declaración del ministro, la protesta en la embajada de España) y quisieron enviarnos un mensaje o represalia”, nos dijo Julio César Márquez.
“Hemos vivido años de infamia, de engaños, de mentiras, de retraso en la impartición de justicia. Es muchísimo más fácil dudar, que creer en lo que nos dicen las autoridades”.
Finalmente, Julio César Márquez expresó su repudio total al manejo con fines políticos que han hecho actores políticos y los gobiernos en turno sobre el caso. Pues aún no hay justicia, pero sí lo usan para golpear o posicionarse políticamente.
“Todos los actores políticos que se expresan sobre el caso de la Guardería ABC lo hacen por alguna conveniencia. Cada vez que hay elecciones, un partido culpa al otro y sale el tema de la Guardería o cuando viene un aniversario. Si no hacen algo por el caso de la Guardería ABC, de preferencia que se queden callados”, sostuvo.
Y sin embargo, la justicia aún no llega para las 49 niñas y niños del ABC.
