“La impunidad está consumiendo al país. Lo consume porque hace florecer la inseguridad física y patrimonial de la ciudadanía, lo consume porque permite y ha permitido el despojo y la corrupción y lo consume porque nadie es responsable de lo que ocurre”, escribió el analista político Luis Rubio en 1995.
Hace casi 30 años, Rubio señaló que el origen de la alta impunidad que se vivía en ese entonces en México era el sistema político priista que llevaba décadas en el poder utilizando las instituciones de justicia para su beneficio, así como la Constitución que le permitía operar con discrecionalidad.
Sin embargo, la situación empeoró una década después, a partir de que el ex presidente panista Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado sin enfocar ni reforzar a las instituciones de justicia, según nos explicó Irene Tello, directora de Impunidad Cero –un organismo no gubernamental que busca visibilizar la impunidad.
Más sobre el tema: Deficiencias estructurales en instituciones de justicia y desconfianza en las autoridades, causas de la impunidad
Otra vez es culpa del PRI
En su artículo “El origen de la impunidad” de 1995 Luis Rubio recalcó que “en el fondo, el problema de la impunidad se deriva de las dos estructuras políticas más importantes del país, lo que hace enormemente complicada su solución: una es la Constitución de 1917 y la otra es el PNR y su hijo y nieto, el PRM y el PRI”.
Rubio explicó que el nacimiento del PNR permitió conciliar las distintas fuerzas políticas del país después de la Revolución Mexicana, pero “construyó un régimen político que hizo de la componenda una virtud y de la impunidad el lubricante del sistema”.
Sin embargo, también señaló que no sería suficiente con eliminar el sistema priista para acabar con la impunidad, “pues ésta emana de las contradicciones constitucionales”.
“El marco constitucional actual (el de 1995) permite y, de hecho, favorece la discrecionalidad y, consecuentemente, la impunidad, como mecanismo de resolución de disputas por las contradicciones que lo caracterizan”, escribió Rubio.
Para combatir esa impunidad y discrecionalidad que imperó en el siglo pasado de hegemonía priista, en 2014 se reformó la Constitución para convertir a las procuradurías –tanto la federal como las estatales– en fiscalías que serían órganos autónomos obligados a rendir cuentas ante el poder legislativo.
Antes, en 2008 se empezó a implementar una reforma legal para pasar de un sistema de justicia inquisitivo donde los juicios eran por escrito a un sistema de justicia acusatorio con audiencias públicas y con presencia del juez y las dos partes.
Sin embargo, de acuerdo con Irene Tello, directora de Impunidad Cero, a pesar de estas reformas la procuración de justicia se vio rebasada por toda la violencia que se desató con la guerra contra el narcotráfico en 2007.
Seguramente te interesa: Crecen recursos para combatir impunidad y corrupción pero informes se vuelven más opacos
La guerra contra el narcotráfico
Para Irene Tello, la impunidad tomó otras dimensiones con la guerra contra los cárteles del narcotráfico al inicio del sexenio del ex presidente panista Felipe Calderón.
“Cuando analizas sobre todo el tema de homicidio, puedes ver que desde el 2007 empieza a crecer muchísimo. Llegamos a tener un promedio más o menos de 14 o 15 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes y ya estamos en 30”, explicó Tello.
Además agregó que en 2007 existía impunidad en 54% en los homicidios dolosos y en 2020, “que es el último dato que tenemos”, esa impunidad ha subido al 89.6%.
Esto es grave porque “cuando son delitos con alto impacto social como el homicidio, la impunidad suele estar mucho más controlada porque se supone que todo el aparato de justicia debería estar enfocado en resolver estos delitos”.
“Cuando se hizo el cambio sistema acusatorio, se le metió muchísimo al tema del Poder Judicial. Creo que sí fue importante, pero se quedó relegado el tema de las procuradurías”, dijo la experta.
Y agregó que además “ese cambio no se dio de la misma manera en todos los estados, entonces tenemos muchas fiscalías y procuradurías en el país que siguen arrastrando dinámicas del sistema anterior”.
También aseguró que se ha combatido al crimen actualizando el sistema policiaco pero no se le ha dado el mismo enfoque al combate a la impunidad y actualizar la procuración de justicia.
“Hasta que no le entremos a ver de qué manera renovamos estas instituciones de justicia, vamos a seguir en el problema de la impunidad que tenemos actualmente. Y actualmente (el enfoque) está en la Guardia Nacional”, dijo la experta, y no en el sistema de justicia.
Para leer después: Las polémicas de Jesusa Rodríguez, la propuesta de México como embajadora en Panamá
Abrazos, no balazos
Irene Tello considera que los niveles de violencia del país no se van a reducir ni con abrazos ni con balazos, sino combatiendo la impunidad.
“Me preocupa mucho que esas sean las dos opciones para el tema de seguridad y justicia. El sistema de justicia de ningún país está hecho ni para buscar venganza ni para acribillar o irse contra alguien que haya cometido un delito”, aseguró la experta.
Lo que el país necesita, de acuerdo con Tello, es reforzar el sistema de justicia para que no exista impunidad y que la justicia no solo se vea como venganza o como meter a la cárcel a los delincuentes, sino como dar verdad al caso, reparar el daño e intentar que no se vuelva a repetir.
“Puedes meter a la cárcel a una persona que cometió un delito pero si esto no logra reparar el daño o evitar que esto siga pasando, tu sistema de justicia no funciona para nada. Podríamos llenar las cárceles de este país y si sigue habiendo los mismos delitos, los mismos homicidios dolosos, entonces no sirve nuestro sistema de justicia”, aseguró la experta.
Y concluyó que “no se ha invertido lo suficiente en los modelos de investigación que se requieren para los fenómenos criminales que hay en el país. De pasar de robo de ganado pasamos a ser un país en el que gran parte de los delitos tienen detrás grupos del crimen organizado. Necesitas una investigación muchísimo más compleja”.
