Caso de Lydia Cacho revela descomposición del sistema penal en México

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Tuvieron que pasar 18 años para que encarcelaran a Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex director de la Policía Judicial de Puebla durante el mandato del ex gobernador Mario Marín Torres. Karam es señalado por ordenar la detención a modo y permitir la tortura que sufrió la periodista Lydia Cacho Ribeiro en 2005 luego de que se le acusara de difamación por la publicación del libro Los demonios del Edén, un caso que conmocionó a todo México.

Primero porque dejó al descubierto la forma cínica en la que opera la justicia penal en México y segundo porque el trabajo de Cacho Ribeiro reveló una realidad que no queríamos aceptar en el país: las redes de tratantes de niños y niñas cobijadas bajo el poder de los políticos, los empresarios y las mismas autoridades, nos dijo el abogado experto en seguridad José Antonio Ávarez de León.

En este libro de Lydia Cacho, se denuncia una red de pederastia que protagoniza, principalmente, Jean Succar Kuri, empresario acusado de pornografía infantil, abuso sexual infantil y estupro, quien fue detenido en 2004 en Estados Unidos y extraditado a México a solicitud de la entonces Procuraduría General de la República y la Interpol, como te contamos en esta nota.

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“Llevamos 19 años de juicios y atentados. Sin las organizaciones civiles que defienden la libertad de expresión como @article19org yo seguramente estaría muerta. Sin mis personas queridas estaría devastada, sin mis amistades estaría sola y triste. Así que no, nunca es demasiado tarde para seguir. No me arrepiento de mi trabajo. #LosDemoniosDelEden”, publicó Lydia Cacho en Twitter el día de la detención de Karam Beltrán.

Caen los responsables, pero a cuentagotas

Adolfo Karam se encontraba prófugo desde 2019, cuando la justicia mexicana giró la orden para su aprehensión y reconoció la violación a los derechos humanos de la periodista, a quien el gobierno de México le ofreció una disculpa en cumplimiento de la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 31 de julio de 2018, sobre el caso.

En 2021 ya habían sido detenidos los dos policías que trasladaron a Lydia Cacho por carretera desde Cancún hasta Puebla y el ex gobernador Mario Marín Torres, quien se ganó el apodo de el gober precioso gracias a una llamada con el empresario Kamel Nacif -también mencionado en el libro- que evidenciaba el contubernio para detener a Cacho y que fue expuesta por el medio La Jornada en 2006.

Kamel Nacif sigue libre, aunque fue detenido en Líbano en 2021 y luego exonerado porque un tribunal del estado de Quintana Roo otorgó un amparo al empresario, pues consideró que “no hay prueba fehaciente” sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista por publicar el libro y que, todo lo sucedido y vivenciado por ella, se reduce a la responsabilidad de los dos policías que la detuvieron.

Finalmente el 13 de julio de 2023, Adolfo Karam fue detenido en Boca del Río, Veracruz, y trasladado a un centro penitenciario en Cancún, Quintana Roo. El 19 de julio de 2023 se presentó ante la jueza Segundo de Distrito, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, quien le dictó auto de formal prisión por su presunta responsabilidad al torturar a través de terceros a la periodista y permanecerá en prisión hasta que haya una sentencia.

La farsa para ocultar la tortura

Karam Beltrán fue también quien pidió el relevo de los dos policías que ejercieron la violencia contra Lydia Cacho, José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas en aquel traslado de 2005 desde Cancún. 

Entrando a Puebla, en la caseta de La Esperanza, Lydia Cacho fue recibida por dos policías mujeres, Verónica Chávez e Irene Arteaga quienes continuaron con el traslado para simular que la escritora había sido acompañada por ellas desde Cancún, según declaró la escritora.

Este movimiento fue una tramposa medida para tratar de ocultar lo que los judiciales le hicieron a Lydia Cacho en el camino a Puebla: durante las 20 horas de viaje la incomunicaron, le apuntaron con una pistola, hacían alusiones sexuales y bromeaban sobre ir al mar en medio de la noche y de la gente que “muere ahogada”.

Este grupo de pederastas, tratantes de niñas y niños, políticos, policías, protectores de las redes de trata enviaron a unos sicarios para vengarse porque sigo insistiendo en encarcelar a todos los funcionarios públicos y a todos los criminales que compran, venden y explotan sexualmente a niñas y niños, lo cual está documentado en mi libro Los demonios del Edén”, compartió la escritora en Twitter.

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En el mismo video publicado el 13 de julio de 2023, Lydia Cacho recuerda lo que vivió. “Yo fui torturada por ellos e intentaron eliminarme y creyeron que desde el exilio no iba a seguir adelante. Y seguimos adelante, contra todos. Los funcionarios públicos no deberían proteger a la delincuencia organizada, deberían proteger a las niñas y niños”.

Lydia Cacho, una mujer que no se cansa para exigir justicia

El caso de Lydia Cacho es muy especial por varias razones. Una de ellas es el hecho de que una mujer se está enfrentando a personas con mucho poder político y económico, lo que nos parece aún atípico. Otra es que la periodista no se echó para atrás en la búsqueda de la justicia, no solamente por cuestión de principios, sino por supervivencia, como nos contó en esta entrevista desde su exilio en España.

La situación nos obliga a notar que a pesar de los recursos que puede tener, el apoyo de organizaciones internacionales como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o la cobertura mediática que ha tenido el caso, han pasado casi dos décadas para que Lydia Cacho empiece a ver que se está está haciendo “algo” de justicia para ella, ya que a pesar de las detenciones aún no hay sentencia para los responsables.

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El especialista en seguridad José Antonio Álvarez de León destacó que este caso pone a la luz “que la justicia sí tiene sus postores”, ya que sigue favoreciendo a quien tiene más posibilidades, recursos y conexiones para llevar un juicio.

“La justicia es pronta y expedita para quienes lo pueden hacer (…) Sigue siendo cara, lenta, selectiva y sigue siendo infiltrada por esas redes de corrupción que no dejan que nuestro sistema cambie”, nos dijo el entrevistado. Si Lydia Cacho no hubiera podido protegerse, exiliarse y seguir empujando para que se castigue a los responsables de la tortura que vivió, la historia podría haber sido otra, una muy lamentable, nos explicó el experto.

Esto también implica que para el resto de la ciudadanía las probabilidades de acceder a la justicia son mínimas y que, como resaltó Álvarez de León, los mecanismos para llegar a ella están más diseñados para hacer que las personas se rindan, se desesperen y se resignen a que no se resolverá nada, que a proteger a las víctimas. 

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