Hace un año, Roberto adquirió un automóvil que estaba domiciliado en el Estado de México. Cuando quiso hacer el cambio de propietario y de domicilio, un trámite que de acuerdo con la Ventanilla Única del Edomex no tarda más de 30 minutos, se encontró con un sistema hecho para favorecer la corrupción.
Aunque el trámite se puede hacer en línea y cuesta solamente 508 pesos, finalmente tuvo que desembolsar tres veces más y acudir a ventanillas del Estado de México para realizarlo.
“Tuve que recurrir a un gestor. Quería también obtener placas de la Ciudad de México, pero de acuerdo con el sistema de la CDMX el vehículo tenía adeudos monetarios, a pesar de que no tiene ninguna multa. Así que ya no pude cambiar las placas”, nos dijo.
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Esta situación no es nueva. Por el contrario, prevalece en el país, donde el combate a la corrupción -una de las prioridades y principales promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador-, cayó en 16 estados del país, reveló el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, del World Justice Project.
De acuerdo con esta organización, que se dedica a promover el Estado de derecho a nivel global, tras los cambios de gobiernos en los estados registrados el año pasado, se registró un debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y un cierre a los espacios de participación ciudadana.
Esto, sumado a la falta de avances en materia de combate a la corrupción y al deterioro del sistema de justicia penal, ha provocado que la percepción de corrupción y falta de respeto a la ley cayera en la mitad de los estados del país.
De acuerdo con el estudio, los estados que registraron un retroceso en la lucha contra la corrupción son Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
En contraste los estados que lograron avances fueron Querétaro, Nuevo León, Durango, Veracruz y Zacatecas, mientras que Sinaloa, Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Sonora, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Chiapas y la Ciudad de de México se mantuvieron sin cambios.
Para World Justice Project los resultados de la edición 2021-2022 muestran un deterioro en materia de Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país. Este año, fueron más los estados que mostraron retrocesos que aquellos que mostraron avances.
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Falta de contrapesos
La esencia de la democracia es un sistema de “checks and balances”, es decir, pesos y contrapesos que permiten que el poder ejercido por una autoridad no se salga de control ni de los límites establecidos en las leyes. En otras palabras, permite el equilibrio entre poderes.
Un ambiente equilibrado, de acuerdo con World Justice Project, también garantiza la libertad individual, los derechos y las leyes, lo que permite robustecer el Estado de Derecho.
“El Estado de derecho es un principio rector que vincula a autoridades y ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades, y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros”, señala el estudio.
Sin embargo, cuando este equilibrio se rompe, la autoridad puede estar en condiciones de cometer abusos y la ciudadanía también puede ignorar la ley sin que haya consecuencias. De acuerdo con el estudio, este equilibrio se ha deteriorado en 17 estados del país, donde los límites al poder gubernamental muestran un descenso.
“Estas caídas se explican por dos tendencias. La primera es el debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal. La segunda es la contracción del espacio cívico”, explicó la organización.
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Impunidad daña también a la percepción de corrupción
En cuanto al acceso a la justicia penal hubo caídas en 14 estados: Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco. De éstos, seis también experimentaron caídas el año anterior.
En este rubro, el Índice arroja que los indicadores con mayores bajas fueron: la garantía a los derechos de las víctimas, la adhesión al debido proceso y la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal.
“La efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público continúa siendo el mayor reto en materia de Justicia Penal, al ser el indicador con los puntajes más bajos de los seis que conforman el Factor 8 (de medición) en todos los estados del país”, apuntó World Justice Project.
Muestra de ello son los datos que arroja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que señala que la tasa de delitos que no se denuncian en México llegó a 93.3%.
Sin embargo, a pesar de que el país enfrenta una grave crisis de seguridad, ha habido ligeros avances, advierte el World Justice Project.
“Los puntajes del Factor 5 subieron en 19 estados (Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) y la sensación de seguridad de las personas (sub-factor 5.3) subió en 24”, señaló.
El factor 5, de acuerdo con el estudio, mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades, mientras que el subfactor 5.3 se refiere a la percepción de seguridad de las personas en su estado, en sus casas, trabajos, calles, escuelas, mercados, bancos, cajeros automáticos, transporte público, automóvil y carretera.
¿Tiene el gobierno actual políticas efectivas -además de las cátedras del presidente López Obrador- para combatir la corrupción y mantener el Estado de Derecho?
