Tras el fallecimiento del expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien quedó “impune” por sus presuntos crímenes cometidos durante la década de los años 60 y 70, se confirma que el actual gobierno mantiene una “política de simulación” para castigar las violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado por altos mandos militares, nos advirtió la coordinadora de asesores del senador independiente Emilio Álvarez Icaza, Eliana García.
La especialista nos explicó que a inicios de la administración federal de Morena se creó una Comisión de la Verdad, la cual -consideró- carece de presupuesto suficiente y aún no están claras sus acciones para reparar el daño a las víctimas de la represión política y social del pasado, así como las medidas para castigar a los responsables de las violaciones a derechos humanos.
La también exdiputada federal del PRD recordó el acto oficial del pasado 22 de junio en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la apertura de archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico.
“(La Comisión de la Verdad) no tuvo un posicionamiento firme en el Campo Militar Número 1 con la situación que se dio de que no solo el secretario de la Defensa (Luis Cresencio Sandoval) se atrevió a provocar a las víctimas presentes diciendo que hubo militares caídos en esas acciones, sino que el propio presidente, por primera vez en la historia contemporánea de nuestro país, se atrevió a hablar del perdón a los militares por la obediencia debida”, agregó Eliana García.
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Y es que el pasado 22 de junio, AMLO expresó: “no debe de olvidarse que la responsabilidad principal, incluso legal, recae en las autoridades civiles… hablando de la represión del 68, la responsabilidad mayor o, mejor dicho, la orden de reprimir ¿la dio Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, o Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México? Actos que han manchado la trayectoria de contribución al desarrollo de México de las Fuerzas Armadas han estado vinculados con órdenes recibidas por gobiernos civiles”.
Ante ello, Eliana García nos dijo que “nunca jamás, ni en las peores épocas, ningún presidente se había atrevido a decir que había que perdonar a los militares porque habían obedecido órdenes. Eso solo sucedió en Argentina, Chile y Uruguay, y a la fecha esos países han echado abajo esas leyes de obediencia debida, de punto final. Lo que dijo el señor presidente ante las víctimas es una provocación y una ofensa enorme”.
Más dudas…
El 6 de octubre de 2021, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial que crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
En el documento se señala que la comisión se constituye como grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en ese periodo de violencia política.
Su objetivo es realizar acciones para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención.
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Sin embargo, Alonso del Paso, coordinador del área de Defensa Integral de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, nos explicó que la recién creada Comisión de la Verdad deja más dudas que certezas en su manera de operar y por la falta de claridad en sus trabajos de investigación sobre los hechos represivos del pasado.
“(La comisión) es un gran misterio, sus integrantes y en general el equipo de gobierno que ha estado encargado de este proyecto lo han manejado de manera muy hermética, y creo que ese es un gran primer error”, advirtió el abogado.
Del Paso abundó que hasta el momento hay muy poca información sobre el objetivo de la comisión, y que incluso entre las propias víctimas hay enormes expectativas, pero al mismo tiempo no ven resultados.
“Tampoco podemos esperar resultados en un tiempo tan corto, pero lo que sí es un poco preocupante es que no exista una visión, un plan de trabajo que sea muy claro, que sea público y que de alguna forma tanto sociedad civil como las víctimas puedan apropiarse de esos espacios y participar de manera íntegra”, agregó el experto.
En contraparte, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e integrante honorario de la Comisión de la Verdad, nos aclaró que los trabajos de esta instancia apenas empiezan, y que por tanto aún no hay resultados concretos, más que las labores de recopilación de información y reuniones con familiares de las víctimas.
El activista nos precisó que la comisión cuenta con $10,000,000 para operar durante el segundo semestre del año, y que esos recursos se destinarán para contratar personal de apoyo en la recopilación de información en los archivos militares y de la antigua Dirección Federal de Seguridad (la policía política del régimen priista de los años 60 y 70).
“Ahora nuestro trabajo es más de planeación de cara a presentar un informe final que confiamos derive en la judicialización de diversos casos, para castigar a los responsables de violaciones de derechos humanos y dar justicia a las víctimas”, explicó.
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¿Aún es posible sancionar?
La exdiputada Eliana García nos explicó que el decreto presidencial de octubre de 2021 estipula que la Comisión de la Verdad se integra por cinco personas expertas de la sociedad civil que van a realizar indagatorias, acopiar información y acceder a los archivos de todas las dependencias, instalaciones, militares o civiles.
No obstante advirtió: “el único archivo al que nadie ha podido entrar es al de los militares. Se supone que después de eso tenía que haber un comité para el impulso de la justicia que iban a encabezar tres personas independientes”.
La asesora, quien fue prisionera de conciencia de 1983 a 1985 en el Centro de Readaptación Social de Acapulco, Guerrero, precisó que como parte de las sanciones y reparaciones simbólicas hacia las víctimas de la Guerra Sucia, el presidente López Obrador debería ofrecer una disculpa pública del Estado mexicano, por haber permitido que las fuerzas armadas y agentes de seguridad cometieran atrocidades innegables contra ciudadanos y ciudadanas mexicanas.
No obstante, la exsubprocuradora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de la República consideró que ni ahora ni antes ha existido voluntad política para romper “los pactos de impunidad de todas las redes macrocriminales que operan y han operado en nuestro país desde hace mucho tiempo, conformadas por políticos y empresarios”.
Lamentó que el presidente ha demostrado voluntad, pero de gobernar con los militares, “empoderándolos cada día más, por lo que es evidente que no habrá ni verdad ni justicia, ni memoria ni reparación, ni medidas de no repetición en donde los militares sean juzgados por sus acciones represivas, arbitrarias y atroces comandados por personas como Luis Echeverría, en el periodo más duro del priismo, reprimiendo a la disidencia social y la disidencia política”.
¿Se logrará algún día la justicia para las víctimas de uno de los periodos más oscuros en la historia de México?
