¿A quién le gusta que le bajen el sueldo? A nadie y a los consejeros del INE, menos, pero…
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio un revés al Instituto Nacional Electoral (INE), que había solicitado una suspensión contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Esta ley tiene la finalidad de regular los salarios de los servidores públicos y establece que ninguno puede ganar más que el presidente de la República, o sea: 108 mil 600 pesos.
La Corte declaró improcedente el recurso presentado por el INE para que la ley no se aplicara a su personal y se conservaran los salarios establecidos, por encima del fijado para el Jefe del Ejecutivo.
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La Ley de Remuneraciones considera servidor público a toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en una instituciones pública federal, estatal o municipal incluyendo a las que tienen autonomía y las empresas productivas del Estado, como Pemex.
El motivo del reclamo
Este año, cada uno de los 12 integrantes del Consejo General del INE percibió un salario mensual de 260 mil pesos antes de impuestos y se tiene previsto que en 2020 le entren a la austeridad republicana y se rebajen 51 mil pesos, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto que fue aprobado el 28 de de agosto.
¿Será? A regañadientes, el presidente del organismo, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que “en el INE no tenemos ningún problema con la austeridad”. Lo cierto es que a pesar del descuento propuesto al sueldo de los consejeros, todavía ganarían más que el presidente.
Jueces y su personal también se consienten
Más de dos mil integrantes del Poder Judicial de la Federación también ganarán más que el titular del Poder Ejecutivo el próximo año, de acuerdo con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
Por ejemplo, los 11 ministros y cuatro consejeros del Consejo de la Judicatura Federal ganarían 204 mil pesos al mes.
En Banxico la libraron
En enero, la Corte concedió una suspensión al Banco de México (Banxico), que interpuso una controversia constitucional contra la Ley de Remuneraciones, que avanzaba en su proceso legislativo, y contra el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019.
El ministro Alberto Pérez Dayán basó su resolución en la autonomía del Banxico, “en el ejercicio de sus funciones y su administración, en virtud de que su Junta de Gobierno aprueba el presupuesto de gasto corriente e inversión física, en términos de la Ley que le rige”.
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AMLO busca parchar lagunas
El presidente López Obrador anunció en agosto que enviará una reforma al artículo 127 de la Constitución para evitar lagunas que permitan a funcionarios ampararse contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
“No es de que ya hubo amparos y ya se quedó así, que miembros del Poder Judicial o de estos organismos supuestamente autónomos van a ganar 200, 300 mil pesos mensuales. Eso no. Vamos a insistir hasta que con mucha claridad en la Constitución se limite, se prohíba el que haya sueldos elevadísimos”, señaló AMLO en la mañanera del 12 de agosto.
El mandatario dijo que enviaría la reforma en el actual periodo legislativo.
Lluvia de amparos
Hasta mayo, más de 27 mil servidores públicos habían presentado solicitudes para ampararse contra la Ley de Remuneraciones, de acuerdo con El Universal.
Las demandas superaban las cinco mil, de las cuales varias fueron presentadas de manera colectiva y por la vía electrónica.
Las solicitudes de amparo se presentaron ante los juzgados Primero y Segundo de Distrito, con sede en la Ciudad de México.
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Una ley contradictoria
En julio, la Corte ratificó la Ley Federal de Remuneraciones, aunque invalidó fracciones de sus artículos 6 y 7 que permitían una interpretación discrecional.
“Se estimó que permiten el establecimiento discrecional de remuneraciones y se ordenó al Congreso de la Unión que, durante el próximo periodo ordinario de sesiones legisle sobre las partes invalidadas”, indicó la SCJN.
La legislación todavía debe corregirse para garantizar el equilibrio entre “remuneración adecuada e irrenunciable” de los funcionarios, como dice la Constitución, sin que ésta supere el sueldo del presidente.
Quedan resistencias por vencer de instituciones y servidores públicos para que pueda ser una realidad.
