A pesar de que Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que septiembre y octubre fueron los meses con menos feminicidios en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la asociación civil Causa en Común tiene otros datos.
La organización ha documentado subregistros en la información presentada en los informes oficiales que muestran que las cifras no son tan alegres.
En la conferencia mañanera del 22 de noviembre, la funcionaria federal informó que el feminicidio bajó 14.8% en octubre (con 69 casos) respecto al mismo mes del 2020 (75 casos), por lo que “es el octubre con menos feminicidios en lo que va de este gobierno”.
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De igual forma, el 3 de noviembre pasado la funcionaria afirmó que el delito de feminicidio disminuyó 63% en septiembre, con 62 casos registrados, en comparación con 105 feminicidios en el mes de agosto de este año.
Sin embargo, la organización Causa en Común encontró un subregistro en los delitos de feminicidio, secuestro, violencia familiar, entre otros.
Esto, con base en un análisis de las notas publicadas en la prensa nacional y local, de los reportes de las fiscalías estatales y de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Entre enero y septiembre de 2021, el SESNSP reportó 762 víctimas de feminicidio, lo que implica un incremento de casos de feminicidio del 2% respecto al mismo lapso de 2020, a nivel nacional, señala la asociación en su informe “Crisis de denuncia… ¿y manipulación y ocultamiento de información?”
Causa en Común indica en su análisis que Tamaulipas, Baja California y Colima reportaron disminuciones en casos de feminicidio mayores al 50%, pero que estos registros no concuerdan con los reportes hallados en medios de comunicación locales.
Por ejemplo, en el estado de Tamaulipas la asociación encontró al menos 5 notas periodísticas que hablan sobre asesinatos de mujeres con crueldad extrema entre enero y septiembre de 2021… pero el Secretariado Ejecutivo registra sólo 3 casos de presuntos delitos de feminicidio en el mismo periodo.
Otro estado que presenta un subregistro en el delito de feminicidio es Nayarit, que reportó una disminución del 40%, con 6 víctimas según cifras oficiales, aunque Causa en Común documentó 11 casos de asesinato de mujeres con violencia extrema.
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¿Errores en la clasificación de feminicidios?
Más allá del subregistro, también existen fallas en la tipificación y la homologación en el registro de feminicidio y homicidio doloso de mujeres.
“Las fiscalías a veces consideran un asesinado como homicidio doloso y a veces como feminicidio”, nos explica Luis Sánchez Díaz, investigador de Causa en Común.
Por ejemplo, la fiscalía de Tamaulipas reportó 52 mujeres víctimas de homicidio doloso, de enero a septiembre de este año, según el texto de Causa en Común. Pero el investigador considera que éste registro no “concuerda” con lo que disponen las leyes nacionales en materia de feminicidio.
La sentencia del amparo número 554/2013, conocida como sentencia Mariana Lima Buendía, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), indica que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como un posible feminicidio.
De igual forma, según el SESNSP, Baja California tendría una reducción del 52% de mujeres víctimas de feminicidio, con 14 casos de enero a septiembre de 2021. Sin embargo, el SESNSP incluye 251 mujeres víctimas de homicidio doloso, según el informe.
Para Luis Sánchez es importante analizar todas estas presuntas “anomalías” porque las fiscalías “pueden proporcionar información incompleta, manipulada o falsa”, debido a que no hay rendición de cuentas y transparencia.
Aunque parece, nos comenta, que no importan estos pequeños errores en los registros, sí pueden posicionar bien a las autoridades. Ya que un estado en un mes puede registrar 6 casos de un delito y al mes siguiente nada más tres casos, entonces las autoridades dirán que tal delito ‘se redujo 50%’.
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Cifra negra y desconfianza
A nivel nacional, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 del INEGI estima que el porcentaje de delitos que no se denunciaron o en los cuales no se inició una investigación en las Fiscalías durante 2020 fue de 93% a nivel nacional. En el informe se señala que la pandemia agravó la crisis histórica de denuncia.
De acuerdo con Causa en Común el subregistro indica que la ciudadanía no denuncia los delitos, que los responsables de las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía y “probablemente manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva”.
México requiere cifras de delitos más cercanas a la realidad para el diagnóstico, análisis, diseño y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad, señala la asociación en su informe.
Así, propone capacitar a los servidores públicos encargados de recolectar la estadística de incidencia delictiva, así como establecer mecanismos institucionales de seguimiento, supervisión y sanción para las autoridades que den información incompleta, manipulada o falsa.
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Errores en clasificación de feminicidio e injusticia
La falta de interés de las propias autoridades para hacer justicia explica en parte el subregistro en el delito de feminicidio, explica la activista Karen Padilla, quien ha acompañado al menos ocho casos de este delito y en sólo dos ha visto que haya sentencia.
Acreditar el delito de feminicidio es una decisión del ministerio público y deben cumplirse criterios para identificarlo, pero de acuerdo con Padilla, hasta los testimonios se eligen a modo para hacer encajar estos crímenes en un delito distinto que les permita cerrar el caso, incluso como un suicidio.
Este es el caso de Lissette Paulina Gómez Zenteno, una médica chiapaneca con problemas de adicciones que fue encontrada colgada de un castillo de construcción el 21 de diciembre de 2019.
Aunque los protocolos exigen que la muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio, las autoridades de Tuxtla Gutiérrez presionaron a la madre de Paulina para que aceptara que su hija se suicidó y cremaron el cuerpo, lo que imposibilitó futuros peritajes.
Las autoridades justifican que fue un suicidio porque tanto Paulina como su pareja tenían problemas de adicción. Ambos se conocieron en rehabilitación, aunque había antecedentes de violencia contra Paulina por parte de su pareja.
“Además hemos naturalizado este delito. Es una muerte violenta, sí, pero ni las familias ni las autoridades entienden que fue evitable. No entienden que hay países en donde no se asesina a las mujeres como en México. No lo entiende la gente. Lo hemos naturalizado. Esta tragedia la hemos naturalizado”, lamenta Karen Padilla.
Por lo anterior, es imprescindible que cada uno de los casos de feminicidio o muerte violenta de mujeres sea investigado adecuadamente para detener la alta tasa de impunidad que existe en el país, como han exigido familiares de las mujeres víctimas.
Por Alicia Mendoza y Karina Almaraz
