¿Mintió Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos en México?

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El 20 de marzo de 2023, como cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un reporte donde analiza la situación de derechos humanos en México. El reporte molestó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que descalificó el documento como una mentira y acusó al país vecino de creerse el “gobierno del mundo”.

Impunidad, desapariciones, crímenes de estado, asesinatos a periodistas y ataques a la prensa, detenciones arbitrarias, violencia sexual y feminicidios son tan solo algunos de los problemas que resalta esta institución estadounidense con base en reportes y datos de las propias instituciones gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil mexicanas. 

México es tan solo uno de los 198 países y territorios sobre los cuales el Departamento de Estado hace reportes anuales que sirven para presentar a sus ciudadanos y al mundo la información que se tiene sobre derechos humanos en cada uno de estos lugares. 

¿Intervencionismo y mentiras?

El presidente López Obrador ha reiterado en varias ocasiones que su gobierno no viola derechos humanos, que los crímenes de estado se quedaron en el pasado y que en México ya no desaparecen las personas; sin embargo, como te contamos en esta nota, esas declaraciones son falsas. 

“Es un discurso político, pero en la realidad no es así”. El Estado sigue violando derechos humanos ya que entre sus obligaciones está la “prevención, investigación, sanción e indemnización, y lo que vemos es todo lo contrario. El Estado no está cumpliendo con sus obligaciones primordiales y básicas en materia de derechos humanos”, nos explicó la doctora Gabriela Rodríguez Huerta, profesora de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

“Nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio” dijo López Obrador. Sin embargo, la también doctora en Derecho por la UNAM, nos explicó que este tipo de declaraciones solo pretenden “distraer”.

De igual manera la autora del libro México en el mundo aclaró que, contrario a lo que dijo el presidente, el informe no tiene nada que ver con la Doctrina Monroe. Esta doctrina, formulada en 1823 por el ex presidente y entonces secretario de estado John Quincy Adams, justificaba la acción de Estados Unidos en todo el territorio Americano, mientras que este tipo de ejercicios son parte de la “gobernanza global y del órden público internacional”, explicó.

Rodríguez Huerta considera que si bien este texto no viola la soberanía mexicana, las declaraciones de congresistas estadounidenses sobre intervenir en México para controlar la situación con los cárteles de drogas sí debería preocupar al país. 

Migración

El reporte del Departamento de Estado advirtió que en el tema migratorio se reportaron situaciones de abuso por parte de las autoridades, así como intentos de deportación. 

El 28 de marzo, 39 migrantes murieron quemados en el interior de una Estancia Provisional del  Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Las autoridades han intentado deslindarse de la responsabilidad apuntando al hecho de que la seguridad del instituto estaba en manos de una empresa privada, sin embargo, “el estado es responsable y debe de verificar que quien tiene la concesión de la seguridad de la estación cumpla los estándares de derechos en todos los sentidos”, nos explicó la maestra en derecho por la UNAM. 

El estado es “directamente responsable” de lo que pasó en la estación migratoria, aclaró. 

La migración “es un tema que se ha agudizado por la política migratoria de Estados Unidos” la cual ha llevado a que “México está operando como la puerta de atrás de detención” y el tema se ha convertido en “una bomba de tiempo”. Lo sucedido en Ciudad Juárez “nunca debió haber pasado”, comentó Gabriela Rodríguez. 

“La política en general de los estados sobre estas instalaciones es cero transparencia y cero rendición de cuentas (…), hay falta de coordinación, reglas claras y controles”, nos explicó. 

Pero la complejidad del asunto no es excusa, “la migración fácticamente se criminaliza”, cuando en realidad “estamos hablando derechos fundamentales de las personas, el estado no puede tener respuestas como la del Instituto Nacional de Migración y en su comunicado oficial decir: migrar tiene riesgos, ¿y el riesgo es también que yo me muera en manos del estado?”, dijo la Dra Rodríguez. 

Libertad de expresión

El departamento de estado advirtió que si bien no hay censura directa por parte del Estado “los altos niveles de impunidad, incluyendo los asesinatos y ataques a periodistas, resultaron en autocensura y redujeron la libertad de expresión y de prensa.”

“En México se garantiza la libertad de expresión”, dijo el presidente en respuesta al informe, sin embargo, la realidad es otra. 

Tan solo en 2022 fueron asesinados 17 periodistas en México, y en los primeros tres meses de 2023 se registraron ya tres asesinatos de periodistas y, todos los días, López Obrador ataca desde palacio nacional a periodistas y comunicadores en su conferencia matutina. 

“¿Cómo puede haber libertad de expresión en un país donde lo que yo diga y exprese, al otro día voy a ser víctima de lo que dice el presidente en su mañanera?”, se preguntó la experta. 

“Es muy difícil sostener que existe la libertad de expresión en México con tantos periodistas asesinados. La respuesta siempre es el ataque a los periodistas, a la prensa, a las ONGs y a los jueces que tratan de hacer su trabajo”, comentó. 

Este sexenio

El problema con los derechos humanos en México no es algo sexenial, el país siempre ha enfrentado retos importantes al momento de garantizar a su población el libre desarrollo. Sin embargo, es importante destacar que en este sexenio “no hay una política clara en relación con los derechos e inclusive en este gobierno yo veo un ataque contra los defensores de derechos humanos, un ataque abierto contra la sociedad civil que se atreve a pronunciarse y a manifestarse cuando se violan derechos”, nos dijo la doctora Gabriela Rodríguez. 

El informe también destaca la gran amenaza que representan los grupos de crimen organizado para los derechos humanos en México, así como la situación de violencia y discriminación que sufren las mujeres y otras minorías. Resaltan también los retos en materia de derechos laborales, así como la creciente amenaza del cambio climático. 

A pesar de que el gobernante mexicano asegura que “en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”, autoridades como la Guardia Nacional y las fuerzas armadas siguen siendo, y no solo en este reporte, uno de los principales actores en violaciones de derechos humanos. 

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