Un gobierno confiable y sólido requiere inversión de recursos públicos contra la impunidad en sus instituciones. A partir de este informe de Impunidad Cero, mostramos en esta nota que el presupuesto federal para combatir este problema ha aumentado. Sin embargo, ¿qué tan eficiente ha sido?
Las y los autores del mismo reporte de la institución dedicada a investigar este fenómeno hallaron que los estados que más invierten el combate al problema son los que menos niveles de impunidad tienen.
Hay avances en algunos estados
Hablamos sobre la importancia del gasto contra la impunidad con Fernando Nieto, profesor investigador del Colegio de México y especialista en temas de anticorrupción. Nos contó que “una de las causas más importantes por las cuales hay delitos es que no se castiguen. Cuando una persona sabe que es posible que no la sancionen, entonces es más probable que haya un delito”.
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“Cuando no se cumplen las reglas es cuando hay impunidad. Si no se invierte en las capacidades para evitar esto, entonces los casos de impunidad seguirán repitiéndose”, nos comentó el experto.
No existe un rubro en las cuentas públicas que indique cuánto exactamente se ha destinado a resolver este problema. Sin embargo, desde 2015, Impunidad Cero recopila datos del gasto de los estados en seguridad y procuración de justicia para estimar cuánto gasta cada entidad en el combate contra la impunidad.
El total de los recursos estatales dirigidos a las fiscalías, poderes judiciales y órganos de seguridad pública ha aumentado en un periodo de cuatro años. En 2015, el gasto de todas las entidades fue de 144,517 millones de pesos; en 2019 (el año con los datos más completos con los que cuenta Impunidad Cero) fue de 172,879 millones de pesos.
Hay entidades que han puesto como uno de sus ejes estratégicos el combate a este problema y han aumentado su presupuesto para erradicarlo. Los hallazgos de Impunidad Cero muestran que los que invierten más, tienen un menor índice de impunidad.
Los estados que más gastan en labores de investigación, en seguridad y en una mejor procuración de justicia presentan mejores niveles de Estado de derecho y menores niveles de impunidad.
Y, por el contrario, los estados con menor gasto en estos rubros tienen menos capacidad de resolver homicidios y de llegar al fondo de otros casos delictivos.
Por ejemplo, Nuevo León es de los estados que más gasta en su secretaría de seguridad, fiscalía, poder judicial y en funciones de impartición de justicia y es la entidad con menores niveles de impunidad.
Por su parte, Nayarit es de los que menos gasto destina al combate a la impunidad y tiene niveles altos de impunidad, de acuerdo con Impunidad Cero.
Diferentes estados, diferentes realidades
Fernando Nieto, especialista en temas de anticorrupción, nos explicó que el país “es un escenario asimétrico con 32 realidades muy distintas. Cada estado tiene diferentes capacidades para investigar, captar denuncias y castigar las faltas”.
Si bien hay estados que han mejorado, hay más que han empeorado. En 2019, la probabilidad en todo el país de que un delito se denunciara y se aclarara era de 1.32%; en 2020, este número disminuyó a 1.04%. Las probabilidades no eran muy altas y la tendencia va a la baja.
“Mientras hay estados con avances puntuales, hay otros cuyo caso no es el mismo. Hay un mosaico, aunque el problema está en ver las cosas de manera agregada porque es necesario mirar hacia las necesidades concretas de cada entidad y ver cómo mejorar las capacidades estatales”, señaló Fernando Nieto.
¿Qué queda por hacer?
El experto en temas de anticorrupción nos explicó que “habría que hacer un análisis de cada estado. Por ejemplo, la incidencia delictiva en cada uno es distinta. Antes de establecer metas específicas, hay que estudiar las realidades y también ver cuáles son las capacidades de cada estado”.
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Nos señaló también que “hay que ir caso por caso. La efectividad del gasto aumentará en la medida en que se hagan tiros de precisión. Lo primero es hacer un diagnóstico concreto y luego establecer estrategias de inversión”.
Es necesario investigar para abrir paso a políticas específicas. Existe evidencia de que una mayor inversión en el combate contra la impunidad funciona. Los estados podrían aprender de las mejores prácticas de otros estados e implementarlas.
