La reunión fue relativamente breve. El delegado, un representante del gobierno municipal en una región en la zona sur del Estado de México, había solicitado reunir con relativa urgencia a los productores de flores y frutas de la localidad. Tenía que darles un mensaje de parte de la “maña”.
En la reunión el delegado fue directo. Se paró en medio de todos los productores y comerciantes y les dio el mensaje: tenían que aportar una contribución para protección. Acostumbrados a la violencia de la zona, los productores no lo cuestionaron y lo asumieron como uno más de los costos que deben pagar para poder mantener su trabajo, un nuevo impuesto, pero ahora a cargo del grupo criminal que domina la región.
Esto comenzó hace más de dos años, pero se endureció cuando comenzó la pandemia de COVID-19, nos comentó un habitante de la región cuya identidad se preserva por motivos de seguridad.
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“Lo que está ocurriendo es igual a lo que pasa en otros estados, que hay una extorsión, por ejemplo en las tortillerías, que les prohíben comprar el maíz en cualquier lado y lo tienen que comprar con ellos”, nos dijo.
Las cuotas son fijas. Para los productores de flores, un peso por metro cuadrado; para quienes tienen familiares en Estados Unidos, $8,000 mensuales por las remesas que reciben.
En este último caso, los delincuentes averiguan quiénes tienen parientes en el extranjero e ingresan a sus casas para amenazarlos.
Y aunque la fuente reconoce que hasta el momento no ha habido asesinatos en la región, el miedo de ser víctima de la violencia tiene cooptados a los habitantes de este pueblo rodeado de campos de flores.
En redes sociales el grupo delincuencial hace circular videos de personas que se rehusaron a colaborar y fueron “castigadas”.
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“A quien no colabora los agarran a tablazos. Hasta ahorita no ha habido represalias mortales como en otros estados, pero si los madrean”, nos contó.
Incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el pasado 22 de junio que el delito de extorsión va en aumento, particularmente en contra de los pequeños comerciantes.
“Se está atendiendo y es real. Lo que más está creciendo es la extorsión de los delitos que se tienen y estamos trabajando en eso. Dominios de mercados y hay asesinatos por eso. El caso, en efecto, de Chilpancingo tuvo que ver con asesinatos por el cobro de cuotas o moches y estamos viendo eso”, dijo.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cinco meses de este 2022 suman 4,347 denuncias de extorsión, la mitad de las registradas en 2021.
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Sin embargo, el delito tuvo un repunte en 2021, cuando alcanzó la cifra máxima reportada desde 2015, con 8, 827 casos. De 2015 a 2018 el delito de extorsión se estabilizó, pues la cifra más alta fue la de 2018, con 6,721 casos, mientras que en 2016 se registraron 5,732 averiguaciones.
Una zona “caliente”
Los vecinos del sur del Estado de México ignoran quién o quiénes los extorsionan. Puede ser la Familia Michoacana o el Cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es lo que se dice en los chats y redes sociales de la comunidad, nos relatan.
A nadie le interesa saber quién recibe su dinero, sino no ser víctima de represalias. Sin embargo, los mismos pobladores de la región han dejado de denunciar otros delitos por miedo a que se altere la relativa calma de la zona.
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“Otro tipo de delitos ajenos a ellos tampoco los denuncian por eso, para que las autoridades no entren y empiecen a investigar”, nos dijo una vecina. Pero el sur del Estado de México se ha convertido en un campo de batalla donde distintos grupos de la delincuencia organizada se disputan el control del territorio.
De acuerdo con las autoridades, uno de los grupos que opera en esa región y se dedica principalmente a la extorsión es la Familia Michoacana.
“El grupo de La Familia Michoacana se dedica fundamentalmente a la extorsión; al cobro de piso; a la extorsión a autoridades, a la gente que vende huevo, carne, en Taxco plata y es un grupo que afecta la economía y la vida de las familias de esa región”, reconoció el subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja.
Apenas unos días antes, el 14 de junio, Texcaltitlán, un pueblo del sur del Estado de México, fue escenario de una batalla entre la policía ministerial del estado y tiradores de La Familia Michoacana.
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Los agentes estaban en la zona cumpliendo una orden de aprehensión por homicidio y otra más por extorsión en contra del líder del grupo criminal.
Sin embargo, sujetos armados impidieron la detención. El saldo del enfrentamiento fue de 3 agentes heridos, 11 agresores abatidos y 10 más detenidos. Autoridades también aseguraron 29 armas largas, 5 armas cortas y 5 vehículos. También hallaron a un mono araña muerto, disfrazado con un chaleco antibalas y una sudadera con capucha.
Aunque las autoridades no han revelado la identidad del líder de esta facción de La Familia, informaron que está relacionado con otro incidente violento en el sur del Estado de México, en el que murieron emboscados 13 elementos de seguridad pública del estado.
Esto ocurrió en Coatepec Harinas, en marzo de 2021. En ese acto las autoridades fueron masacradas, sin embargo uno de los delincuentes tomó un arma 9 milímetros, que pertenecía a uno de los 13 elementos de seguridad pública fallecidos. El arma fue encontrada en el operativo en Texcaltitlán.
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Además de estos actos, el grupo criminal atacó instalaciones de seguridad pública en Sultepec, Estado de México, y está vinculado al atentado en contra de la alcaldesa de Pilcaya, Guerrero.Pero a pesar de que el grupo fue aparentemente desmembrado, los vecinos del sur del Estado de México siguen pagando puntualmente los impuestos que les cobra el crimen organizado so pena de recibir tablazos… en el mejor de los casos.
