Policías de la Ciudad de México encontraron el cuerpo sin vida de una joven mujer. Sin evidencia de por medio, aseguraron a la familia que se había suicidado y se negaron a investigar su muerte como un feminicidio.
¿Te suena familiar? No, no se trata del caso de Lesvy Berlin Osorio (asesinada en 2017 en la Ciudad Universitaria, y revictimizada por las autoridades, al asegurar que se suicidó bajo la influencia de drogas), sino de Yoseline Peralta, un joven de 21 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Iztapalapa, un año antes, en 2016.
Lesvy, Yoseline y al menos otras 20 mujeres víctimas de feminicidio –todas documentadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM)–, fueron estigmatizadas por las autoridades. El acceso a la justicia les fue negado a sus familias.
En el caso de Yoseline, la policía avisó a su mamá Clara Aguirre que se había ahorcado. Cuando ésta llegó al lugar de los hechos, encontró a su hija envuelta en cobijas, sin ropa, sin uñas y con golpes por todos lados. Los hechos reunían al menos dos características de un feminicidio, según el Código Penal de la CDMX: el cuerpo fue abandonado en un espacio público y tenía indicios de violencia.
“A Yoseline la mataron”, sostuvo su madre a Cuestione. Un día antes, Clara y Yoseline habían estado juntas. La joven, que trabajaba y tenía tres hijos, no había dado muestras de quererse quitar la vida. En 2018, dos años y medio después de los hechos, las autoridades capitalinas rectificaron y empezaron nuevas investigaciones para determinar, ahora sí, si fue un feminicidio.
¿Por qué es tan difícil conseguir justicia?
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Tras el caso de Lesvy, la CDHCM revisó 241 expedientes relacionados con denuncias por violencia contra las mujeres y encontró que estigmatizar, asegurar que fue suicidio sin investigar y no informar a la familia los hechos, son un patrón constante en las dependencias del gobierno capitalino.
De 2012 al 2018, en al menos 20 casos de probable feminicidio, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de esta capital violaron los derechos de las víctimas que denunciaron agresiones contra las mujeres.
Esto porque no analizaron el contexto de los hechos desde la perspectiva de género; no iniciaron la investigación por feminicidio; retrasaron injustificadamente las investigaciones; y no asesoraron jurídicamente a las familias de las víctimas ni las protegieron.
Además, filtraron información de las investigaciones, trataron más a las familias, hicieron pruebas periciales irregulares, investigaron poco, culpabilizaron a la víctima y no atendieron psicológicamente a las familias.
Según el Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México, que acompañó las recomendaciones, las autoridades de la CDMX continuamente dejan a las denunciantes sin medidas de protección, aunque las familias las pidan y a pesar de que el riesgo sea real, evidente e inmediato.
Además, sistemáticamente, se niegan a levantar las denuncias porque no hay golpes, no hay amenazas o no hay denuncias previas, de acuerdo con el documento.
Todo esto derivó en cuatro recomendaciones: por omisiones en presuntos casos de feminicidio (Recomendación 09/2019); en casos de hostigamiento y acoso sexual en el trabajo y la escuela (Recomendación 06/2019); violencia de género en el ámbito familiar (Recomendación 07/2019); y violencia sexual contra niñas y mujeres (Recomendación 08/2019). Cada un de ellas en beneficio de al menos 20 víctimas directas.
Ahora, las dependencias involucradas, según las recomendaciones de la CDHCM, tienen plazos fijos y responsables para que, entre otras cosas, reparen integralmente a las víctimas, investiguen y castiguen a los funcionarios omisos, revisen las investigaciones penales en curso y, de ser necesario, modifiquen las líneas de investigación.
Omisiones y violencia institucional, antesala de impunidad
“Esto (las omisiones) hace que las mujeres dejen los proceso de justicia y nuestro temor es que las mujeres puedan fallecer en actos de violencia posterior porque las instituciones de gobierno de la Ciudad de México no estuvieron ahí para ellas”, dijo Juan Carlos Arjona, Cuarto Visitador de la CDHDF, durante la presentación de estas Recomendaciones.
A su vez, explicó, elevan la cifra de impunidad en la capital para los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.
Tan sólo desde que inició 2019, al menos cuatro mujeres son asesinadas en la capital del país cada semana, según cálculos hechos con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pero de 2018 a 2019, la tasa de feminicidios no creció sino que se mantuvo en 0.3 por 100 mil habitantes, es decir, aunque asesinan a más mujeres, pocos llegan a ser tipificados como feminicidio.
¿Dónde se esconden las otras muertes? Paradójicamente, la tasa de homicidios dolosos de mujeres pasó de 10.6 a 11.9 puntos, lo que representa un incremento del 12% de un año a otro, según datos del SESNSP.
Esto quiere decir que en la CDMX, sólo 21% de asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio, lo que la ubica en el número 15 de las entidades que menos investigan las muertes violentas de mujeres como feminicidio.
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Transición a una Fiscalía y Alerta de género para CDMX en puerta
De acuerdo con la comisionada de Derechos Humanos de la CDMX, Nasheli Ramírez, el problema está en cómo operan los funcionarios desde el primer contacto, ya que “tenemos detectado que muchos casos ni siquiera llegan al ministerio público. En la entrada empiezan a atacar. (Cuestionan a las víctimas) para qué denuncian, que se van a tardar mucho”.
Esto impide que los casos lleguen a sentencias. “Si no tienes bien integrado el expediente, entonces los jueces en los Tribunales ni siquiera actúan por omisión, sino que no tienen los elementos para actuar como se debe porque el defensor de las muertes feminicidas es el MP“ explicó Ramírez en entrevista al cierre del evento.
La titular de la Comisión recordó que la Alerta de Violencia de Género para la ciudad incluye, además de las acciones que ya había comprometido el gobierno capitalino para las mujeres, la obligación de indemnizar a las víctimas de violencia feminicida y la responsabilidad de precisar cuánto presupuesto se le va a asignar a este mecanismo, cuyo objetivo es desplegar acciones focalizadas para prevenir y mitigar la violencia contra las mujeres.
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Pero, ¿cómo se repara el daño a una familia a la que, después de perder a una de sus integrantes por culpa de la violencia machista, las autoridades le mienten, la violentan y obstaculizan su acceso a la justicia?
“Nada nos va a devolver a esas mujeres, a nuestras hijas, así que sólo combatir la impunidad podría reparar el daño para que esto no vuelva a sucederle a nadie más. Espero que las autoridades no sigan trabajando como hasta ahora. Nosotras estamos echándole ganas para lograr justicia y para que no haya ni una muerta más”, dijo Clara en entrevista para Cuestione.
