En México el feminismo es uno de los movimientos sociales con más impacto y voz; cada año la marcha del 8 de marzo es prueba de ello, cuando cientos de miles de mujeres toman las calles principales de sus ciudades para manifestarse en contra de un sistema todavía profundamente opresor.
Algunas marchan por las víctimas de feminicidios, otras por el derecho a abortar, otras marchan por lo que les ha pasado y otras por el miedo de lo que les puede pasar, pero más allá del motivo, por un día todas marchan juntas, por ellas mismas y por todas las demás.
Sin embargo, del otro lado de la conversación está creciendo entre segmentos jóvenes y masculinos de la sociedad mexicana el rechazo a esta lucha. Las redes sociales se han convertido en el foro de estas conversaciones que van desde inquietudes reales sobre las consecuencias del movimiento, para llegar incluso a incitaciones violentas en contra del feminismo y las mujeres.
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Este fenómeno de rechazo a las reivindicaciones feministas, que en otros países ya es un movimiento, en México apenas se están prendiendo las “señales de alerta” que responden a las malas prácticas de las instituciones al momento de canalizar y tratar con los temas de violencia de género.
Respuestas apresuradas
Movimientos como el #MeToo han sido muy importantes para exponer la violencia sistemática y la cultura de revictimización que hay al interior de casi cualquier estructura de poder. Desde universidades hasta partidos políticos y movimientos artísticos se han visto inundados de denuncias de acoso, discriminación y hasta violencia física en contra de sus mujeres.
Los testimonios y denuncias dieron un shock a varias instituciones que, sin las herramientas adecuadas, optaron por el punitivismo y comenzaron así a fracturar el ya débil tejido social. Fueron muy pocas las que llevaron a cabo un proceso justo para investigar y sancionar, mientras que la mayoría de ellas optaron por ignorar el problema o deshacerse unilateralmente de sus miembros acusados.
Pero, ¿qué pasa después de la sanción? La profesora Pilar González de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) nos comentó que, por ejemplo, al interior de las universidades esta respuesta precipitada por atender la violencia de género ha resultado en un rompimiento importante entre los jóvenes al interior de las universidades.
Una de las características más preocupantes de este antifeminismo es que a diferencia de lo que pasa con otros movimientos sociales, el rechazo a la igualdad viene en gran parte de la misma juventud. La Doctora en derecho por la UNAM nos explicó que la universidades, presionadas por los movimientos de mujeres, determinan de forma apresurada medidas para castigar a los supuestos agresores sin “poner atención a lo que sucederá después al interior de las aulas, ni cómo van a afectar el tejido social”.
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Y lo que sucede en los espacios universitarios “no es más que el reflejo del problema que vemos en el poder judicial en México”, explicó Gonzalez. Las medidas punitivas se han vuelto la ruta más utilizada por las instituciones para resolver estos temas de violencia, dañando así a muchas comunidades.
Justicia restaurativa
“Hay muchos jóvenes hombres que tienen miedo a que cualquier conducta sea interpretada como violencia” ya que hay “protocolos poco claros” para gestionar los problemas de violencia de género, nos comentó.
Pero el punitivismo no es la única opción. Existen mecanismos alternos de resolución de conflicto como los programas de justicia restaurativa, que “se basan en la creencia de que las partes de un conflicto deben estar activamente involucradas para resolver y mitigar sus consecuencias negativas. También se basan, en algunas instancias, en la intención de regresar a la toma de decisiones local y a la construcción de la comunidad”, nos dice la especialistta.
Los movimientos sociales como el feminismo, se mueven muy rápido y tienen como objetivo empujar una agenda particular de derechos, pero es responsabilidad de las instituciones gestionar el conflicto teniendo en cuenta las necesidades particulares de su comunidad.
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Hay distintos tipos de violencia y ni la expulsión unilateral, ni el “mandar a todos a terapia” es suficiente, nos dijo la experta. La violencia contra las mujeres se inserta en un contexto generalizado de violencia y machismo al centro de la cultura mexicana, y para combatirla es necesaria desarticularla de raíz.
Históricamente las juventudes son quienes están al frente del cambio, pero el riesgo para el feminismo es que si la brecha ideológica entre hombres y mujeres sigue creciendo, el rechazo al progreso en igualdad venga de la misma juventud.
Actualmente el 55% de los hombres mexicanos desaprueban las marchas de 8 de marzo y solo un 10% se considera feminista. A diferencia de las mujeres que más de un tercio se identifica como feminista y solo una de cada cuatro desaprueba las marchas.
En lugares como Argentina se están viendo las consecuencias del antiprogresismo y aunque en México no es todavía un movimiento como tal, si continúa la mala gestión del conflicto podría haber consecuencias desastrosas para los movimientos de mujeres.
Un México más justo para todas y todos requiere de la participación de todas y todos, ¿tendrá que venir desde el feminismo la respuesta o serán capaces las instituciones de adoptar las prácticas necesarias para resolver la cultura de violencia y silencia que por tanto tiempo protegieron?
