En dos hechos separados, el 2 de junio de 2010 dos agentes municipales fueron asesinados en la Costa Grande de Guerrero, en Coyuca y Petatlán. Uno de ellos se llamaba Pedro Zúñiga.
A Pedro lo emboscaron. Él viajaba como todas las mañanas rumbo a la comandancia de Petatlán a bordo de su motocicleta cuando desde un auto en movimiento una ráfaga de disparos lo mató.
Estaba a 100 metros de llegar a su cuartel. Sus asesinos aparentemente no lo querían ejecutar a él sino al director de Seguridad Pública Municipal, Adrián Rojas Lucero, pero mataron a Pedro de ocho balazos.
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Después de este incidente, la familia de Pedro huyó. Ahora se encuentra muy lejos de Petatlán, un municipio donde la violencia continúa e incluso ha obligado a periodistas a dejar su tierra natal para escapar de la violencia, como te lo contamos en esta nota.
El asesinato de Pedro es una muestra de lo que enfrentan los policías municipales en el país.
En México, las fuerzas de seguridad, y en particular las personas que se desempeñan como policías municipales, están expuestas a ser víctimas de la violencia. Así lo revelan datos de la organización Causa en Común, que desde 2018 se ha dedicado a registrar cuántos agentes mueren en cumplimiento de su deber.
De acuerdo con su balance, el año pasado al menos 403 policías fueron asesinados, lo que representa que 1.08 agentes murieron diariamente, informó la organización que encabeza María Elena Morera en un documento.
De todos los agentes muertos, 253 – poco más del 62% – era policía municipal, seguido de 132 policías estatales, 17 federales y 1 más registrado como “sin datos”. Desde que comenzó el actual sexenio hasta el 15 de diciembre de 2022 el número de policías asesinados alcanzaba la cifra de 1,818.
Sin embargo, para el coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, estos datos deben ampliarse, pues es necesario desarrollar estudios empíricos para conocer en qué condiciones murieron los agentes de seguridad y hasta qué punto aplicaron estándares legales y protocolarios para el uso de la fuerza.
El experto nos mencionó que, por ejemplo, hay policías municipales que no saben accionar sus armas de cargo debido a que no hay un entrenamiento exhaustivo.
Señaló que también existen disparidades entre las policías municipales del país, pues mientras se pueden hallar ejemplos de corporaciones altamente efectivas y capacitadas, como la de San Pedro Garza, en Nuevo León, hay policías en Guerrero que no cuentan con equipo básico.
“Para muchas policías municipales no existen los recursos para entrenamiento continuo”, explicó.
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Al ser cuestionado sobre por qué los policías municipales son los que tienen una mayor tasa de víctimas, el experto nos comentó que se trata de una pregunta compleja, sin embargo al tener mayor cercanía con la población tienen también más riesgos.
“La pregunta no es sencilla y requeriría comprobación empírica para poder afirmar algo. Pero la hipótesis razonable, y que sí tiene evidencia empírica, es que es la policía con la que la ciudadanía tiene más contacto. Entonces, a más contacto pueden pasar dos cosas: hay más posibilidades de atender a la gente, pero también hay más riesgos. El despliegue policial próximo a la gente, especialmente en zonas de alta violencia con armas de fuego, necesariamente incrementan los riesgos para la Policía”, nos dijo.
Para López Portillo el problema de la disparidad y la precariedad en las policías municipales es primeramente político, pues no existe el compromiso para fortalecer a los cuerpos de seguridad locales. López Portillo consideró que este problema se debe básicamente al presidencialismo, pues busca centralizar las funciones de seguridad pública.
El experto señaló que los presidentes se han encargado de dirigir más recursos a la inversión federal que a la inversión local, lo que afecta a las policías municipales.
“La agenda de seguridad pública está contaminada por intereses políticos electorales. Y en lugar de dominar incentivos de cooperación y coordinación, muchas veces dominan incentivos de competencia”, consideró.
El coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana mencionó que a pesar de que en 1995 se creó por ley el Sistema Nacional de Seguridad Pública, éste no ha logrado una profesionalización policial progresiva, estandarizada e irreversible en el país, por lo que se ha optado por la militarización de la seguridad pública.
En este sentido, el académico nos comentó que hay una narrativa que busca condenar el trabajo de las policías municipales, señalandolos como organismos corruptos. Sin embargo, datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana al cuatro trimestre de 2022 revelan que 44.6% de la población de 18 años y más consideró efectivo el desempeño de la Policía Preventiva Municipal.
“Echarle la culpa a la policía municipal es un distractor político muy eficaz. Si decimos que el problema es de la policía municipal, le quitamos la responsabilidad a las fiscalías, inmovilizamos el problema gravísimo que hay en la fiscalidad de impunidad. Le echamos la culpa a la policía municipal para quitarle recursos y para tratar de impedir que crezca. Entonces volvemos a un problema político: se invisibilizan las mejoras porque no quiere el poder hegemónico presidencial que la gente exija que los recursos se vayan a lo local”, dijo.
