Omar Bello vive en un pequeño departamento de unos 50 m2 y dos habitaciones con los muros pintados de blanco, a unos metros de una central policiaca de la que agentes con armas largas entran y salen durante todo el día.
En este edificio de siete pisos, en el que hay un módulo de vigilancia que opera las 24 horas, Omar ha pasado los últimos dos años y no sabe cuánto tiempo más esté así. Él es un periodista desplazado, que hace casi cinco años tuvo que dejarlo todo y salir tras recibir amenazas de los cárteles de la droga que se disputan la Costa Grande de Guerrero.
“Estar desplazado es estar muerto en vida. El desplazo te mata porque vas viendo cómo mueren tus recuerdos, todos tus anhelos, todas tus metas. Yo perdí todo. No tengo nada, perdí todo, perdí amigos, perdí trabajo, todo”, nos dice.
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Pero el desplazamiento de Omar no comenzó cuando recurrió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, que hasta abril de 2021 sumaba 1,155 personas incorporadas, sino desde que -como le ha pasado a miles de periodistas en México- la violencia se apoderó de su región y su profesión, dejándolo en medio del fuego cruzado de los grupos delincuenciales y autoridades cómplices.
Una historia violenta
La primera vez que Omar Bello fue levantado por integrantes de la delincuencia organizada ocurrió hace 10 años. En aquella ocasión había ido a un río de la región de Petatlán a documentar la devastación del medio ambiente por parte de una empresa que sacaba piedras del lecho para usarlas en la repavimentación de una carretera. Omar estacionó su motocicleta a un costado de un camino, subió a una montaña y desde ahí tomó una fotografía panorámica aparentemente inofensiva.
Cuando descendió de la colina, un comando integrado por al menos 18 personas que se transportaban en tres camionetas ya lo estaba esperando. Le preguntaron qué hacía ahí y dos hombres que iban armados con un rifle R-15 y un fusil Kalashnikov lo subieron por la fuerza a uno de los vehículos, nos relata en entrevista con Cuestione.
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Esa vez fue intimidado, le quitaron la memoria de la cámara y lo dejaron ir después de interrogarlo durante una hora.
Dos años más tarde, cuando cubría la muerte de un policía municipal de Petatlán, otra vez fue levantado. En esa ocasión, al salir de la funeraria donde velaban al agente, una camioneta con seis sujetos se lo llevó. Durante casi cinco horas estuvo retenido. Ya no sólo fueron intimidación y amenazas de muerte. Esa vez también lo golpearon.
¿Gajes del oficio?
Omar Bello cubrió la fuente policiaca y de servicios urbanos en esa región de Guerrero, desde 2005. Sin embargo, con la guerra entre los cárteles de los Beltrán Leyva y el de Sinaloa la violencia comenzó a ser cotidiana a partir de 2009, nos cuenta.
“Cuando se empezaron a pelear los del Cártel de Sinaloa con los Beltrán Leyva a nosotros nos tocó la peor parte porque estábamos en la Costa Grande, que es frontera con Michoacán. La mayor parte de la costa estaba controlada por los Beltrán Leyva, entonces hubo muchas desapariciones, hubo muchos asesinados, hubo un sinnúmero de hechos violentos y así se vive hasta hoy”, nos dice.
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Por aquellas fechas una persona muy poderosa dentro del Cártel de los Beltrán Leyva reunió a los periodistas de la zona y les advirtió que si publicaban algo relacionado con el crimen organizado terminarían muertos. Como un memorándum, la orden llegó a las redacciones de los diarios locales, que cambiaron su línea editorial. Desde ese momento el narcotráfico les dijo qué reportar.
“Nos amenazó, nos dijo: si nos publican los voy a matar, con uno que mate los demás van a entenderme. Y recuerdo que comenzamos a seguir una línea editorial, que era la que ellos nos dictaban”, nos dice.
Cuando una nota es una sentencia de muerte
La sentencia de muerte de Omar Bello llegó en 2017, tras escribir sobre el hallazgo de unas narcofosas y las desapariciones de varias personas en la región. Un jefe de sicarios le exigió dejar de publicar esa información. 10 días después ordenaron asesinarlo.
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Sin embargo alguien del grupo delincuencial lo alertó. Así que la noche del 19 de agosto de 2017, Omar ya no volvió a su casa. Al ver un grupo de hombres armados afuera de su vivienda dio media vuelta y condujo poco más de 100 kilómetros hasta llegar a Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Ahí estuvo escondido 10 días mientras el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación decidía su caso, que finalmente fue aprobado.
Para no terminar asesinado o desaparecido, Omar dejó su vida, su familia y su trabajo.
El mecanismo de protección de periodistas, incompleto y sin visión de derechos humanos
Para escapar de la violencia, el gobierno le dio a Omar boletos de camión para salir de la zona de conflicto y tres botones de pánico, uno de los cuales lleva en todo momento.
Como parte del mecanismo, el periodista se encuentra desplazado, lejos del lugar donde trabajaba. Durante este tiempo, Omar ha estado en dos refugios. Al tercer día hábil de cada mes recibe un depósito en una tarjeta que es exclusivamente para despensa, pero no tiene un ingreso ni un trabajo, lo que, según su opinión, demuestra que el mecanismo de protección fue elaborado sin una visión de derechos humanos, que persiste 10 años después de su creación durante el gobierno de Felipe Calderón.
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“Ellos nada más te sacan y ya. No están preparados para recibir gente. Te sacan y te dejan como un mueble arrumbado. No se preocupan por tu salud. Ellos pagan tu alimentación y los servicios, obviamente, pero tú tienes que ver cómo le haces para vestirte, para calzarte, para comprarte alguna cosa”, nos dice.
Itzia Miravete, coordinadora de documentación y seguimiento de casos de Artículo 19, coincide en que al mecanismo le hace falta una visión integradora, pues en el análisis de los casos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas solamente interviene de manera reactiva, es decir, para anular la amenaza inmediata.
“A las personas las tratan como si fueran un objeto de protección y no un sujeto de derechos. Las autoridades no cuidan que las personas puedan ejercer su derecho de libertad de expresión y derecho a defender derechos humanos”, nos comenta.
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La experta nos explica que el desplazamiento por razones de violencia es una medida extrema, pues implica que a las personas desplazadas se les rompe el esquema de vida, lo que puede generar incluso problemas físicos y psicoemocionales.
El mecanismo, nos comenta, no contempla planes de protección y en los casos de desplazamiento, planes de retorno integrales para que la persona, poco a poco pueda ir recuperando su vida.
La especialista nos comparte que en muchas ocasiones los beneficiarios del mecanismo renuncian a éste por la burocracia que implica. Ha habido casos como el del periodista Pedro Tamayo, quien después de renunciar al mecanismo de protección del estado de Veracruz volvió al estado y fue asesinado a balazos en 2016.
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“El mecanismo se centra en un análisis de riesgo muy reactivo, muy físico, Hay periodistas que nos han comentado que cierran sus casos no porque consideren que ya no están en riesgo, sino porque sienten revictimización, porque sienten que el análisis de riesgo no es suficiente, porque se sienten cansados de estar lidiando con autoridades que no hacen su trabajo”, nos explica.
Para Itzia Miravete, el refugio y la alimentación es lo mínimo que se debe garantizar, pues el desplazamiento de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas no es algo voluntario, sino producto de la incapacidad del Estado para brindar protección.
“Por su incapacidad tú tuviste que irte. Por eso nosotros lo colocamos como es: un desplazamiento forzado”, concluye.
