Al cumplir tres años, la Guardia Nacional no alcanza a despegar como el cuerpo policial que garantice la seguridad pública en el país. Y es que la institución ha sido criticada por su falta de acciones contundentes contra el crimen y por incurrir en violaciones a los derechos humanos.
Apenas un año después de promulgada la Ley de la Guardia Nacional, el 27 de mayo de 2019, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) -organización defensora de los derechos humanos- advirtió que desde su despliegue el 2 de julio de 2019, la Guardia Nacional aún no había logrado reducir de manera clara la delincuencia y la violencia en México.
Al contrario, apuntó WOLA en ese momento, los meses de marzo y abril de 2020 fueron los más violentos registrados en el país. En su análisis, la organización advirtió que si bien las reformas constitucionales estipulan que la Guardia Nacional debe ser una fuerza civil bajo un mando también civil, la mayoría de su fuerza de trabajo, liderazgo, financiamiento y equipo es de las Fuerzas Armadas.
“El gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador solo ha profundizado la naturaleza militarizada de la seguridad pública en México y ha hecho casi obsoleta a la Policía civil a nivel federal”, agregó WOLA.
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Polémica tras polémica
El centro de Investigación en política pública del Instituto Mexicano para la Competitividad señaló en diciembre de 2021 que los beneficios para la sociedad eran imperceptibles, a pesar de la diversidad de funciones de carácter civil de la Guardia Nacional, como el combate al robo de combustible, el control migratorio, la construcción de obras, el apoyo en programas sociales y la atención a la pandemia por la COVID-19.
Asimismo, hasta mayo de 2022, la Guardia Nacional sumaba 1,056 quejas en su contra presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo documentamos anteriormente en esta nota. Pese a las denuncias, según el diario El Sol de México, solo 29 de sus agentes han sido procesados y/o detenidos desde julio de 2019.
El caso más reciente de violaciones a las garantías fundamentales por parte de la Guardia Nacional ocurrió en abril pasado, cuando agentes balearon el automóvil en el que viajaban estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Un joven de 19 años murió y una compañera resultó herida.
En medio de versiones encontradas de la Guardia Nacional, primero fue detenido un elemento que al poco tiempo fue liberado por falta de pruebas. Finalmente, en mayo pasado, un juez vinculó a proceso por homicidio y lesiones calificadas a otro agente.
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“Bien rankeada”
En este contexto, el especialista en seguridad, Javier Oliva, nos dijo que el fracaso de la Guardia Nacional es más bien un fracaso de la política fiscal. “Morena suspendió o eliminó un tercio del presupuesto en seguridad pública etiquetado para las policías municipales. De este modo, 208 municipios se quedaron sin dinero”, nos indicó el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
Según un estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con la aprobación del Presupuesto 2022, la Guardia Nacional fue beneficiada al pasar de casi $37,000,000,000 a $62,800,000,000 en sus recursos, es decir, un aumento de 69.8%.
Oliva consideró que la Guardia Nacional está “muy bien rankeada” en aceptación y confianza ciudadana: “Por eso la responsabilidad es más bien del partido oficialista respecto a la asignación presupuestal”.
El investigador nos aclaró que la operación adecuada de la Guardia Nacional no sólo depende de si cuenta con montos suficientes, sino que también influye la falta de cooperación de la autoridad local en la lucha contra el crimen.
“Cuando ven que llega la Guardia, las autoridades municipales y estatales se contraen y dejan de cumplir su responsabilidad. Me parece que falta colaboración entre las responsabilidades locales y la Guardia Nacional”, nos precisó Oliva.
“Ineptitud” de gobernadores
En mayo pasado, hombres armados que viajaban en camionetas interceptaron a elementos de la Guardia Nacional sobre la carretera Mazatlán-Tepic, para advertirles que no se metieran con ellos. En un video se observa cómo unos 30 sujetos sometían a los agentes, para después subir a sus vehículos y retirarse del lugar.
Ante esto, el semanario Proceso reportó que un alto mando de la corporación -que pidió el anonimato- describió la existencia de un presunto “acuerdo” entre jefes militares con el Cártel de Sinaloa, por lo que los elementos tienen la orden “de no salir en persecución de los narcos”.
En torno a ello, Oliva nos señaló que ese tipo de hechos son “muy lamentables” pero recalcó que también hay responsabilidad de los gobiernos estatales, donde los mandatarios locales llegaron “sin ninguna propuesta o planteamiento específico en seguridad pública”. Nos puso de ejemplo “la ineptitud” de Alfonso Durazo, quien “nunca estuvo pensando en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (de la que fue titular), sino en ser gobernador” de Sonora.
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Celebración empañada
El jueves 30 de junio, en el marco de la ceremonia por los tres años de la Guardia Nacional, el gobierno federal informó que la corporación “cumple sus metas de integrar a más de 118,000 elementos, capacitar a su personal y construir 241 cuarteles en las 32 entidades federativas”. Aseguró que “se han logrado resultados contundentes en los primeros tres años desde el inicio formal de su despliegue y operación”.
Pero de julio de 2019 a la fecha, hubo más de 121,000 asesinatos en el país. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó el 20 de junio que tan solo en mayo pasado se registraron 2,833 homicidios dolosos y 77 feminicidios. Así, desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2022, hubo 121,655 asesinatos, es decir, 118,192 homicidios y 3,463 feminicidios, un promedio de 2,896 personas asesinadas cada mes.
Esta es la realidad de las cifras y datos del propio gobierno que pese a todo, se niega a cambiar la estrategia (por decirle de alguna manera) de militarización y del fallido “abrazos, no balazos”.
