De acuerdo con la abogada y socióloga de la UNAM, Elvira Cedillo, existen cuatro importantes factores por los que la impunidad en México ocurre fácilmente.
El primero es el constructo social. El 33.9% de los mexicanos no denuncian los delitos de los que son víctimas a causa de que lo consideran una “pérdida de tiempo”, como te lo contamos en esta nota.
En segundo lugar, y quizás uno de los más importantes, está la carencia de educación cívica, que a pesar de que se intenta inculcar desde los niveles básicos de educación, no tiene una perspectiva práctica y útil para la ciudadanía.
Te puede interesar: 25N, justicia sin perspectiva de género fomenta impunidad en feminicidios
“Te enseñan que tienes que hacer tus tareas, labores a la bandera, que tienes derecho a la educación. Pero no te dicen que todos los aspectos de la vida cotidiana están regulados en la Constitución”, especificó la especialista.
Cedillo aseguró que tenemos que partir de la educación, de manera general. Es decir, garantizarla en todas las regiones de México -cosa que no pasa- para poder darle acceso a la ciudadanía a la educación en derecho.
La experta especificó que las leyes deben ser generales, que no se acentúan en casos particulares; ser claras, o sea que no se presten a interpretaciones, que no sean “oscuras”; pero además, que sean positivas, lo que significa que puedan ser sancionadas ante la incurrencia en una falta a la Ley.
Y explicó que en México existen muchas leyes que no tienen una redacción clara y que no son positivas, “que se quedan en ‘letra muerta’ porque no se vigila su cumplimiento”.
La abogada además detalló que la mayoría de la ciudadanía -pero principalmente aquellos en situación de pobreza –no se reconocen como sujetos de derecho, esto significa que los y las mexicanas ignoran que tienen derechos inherentes por ser ciudadanos de este país, por lo tanto no se atreven a demandarlos.
“Como no hay mecanismos para que se difundan los derechos y obligaciones -porque la Ley es bilateral- se promueve la ignorancia y a consecuencia de esto, los abusos de poder”, puntualizó la entrevistada.
Te puede interesar: Una cicatriz abierta: 20 años de impunidad por feminicidios en Ciudad Juárez
La tercera, se basa en el desinterés de la población para conocer las leyes, porque a causa de la falta de estructura local para atender delitos de manera inmediata e incluso para hacer las denuncias, se permea la concepción de que “no va a pasar nada, aunque denuncie”.
Esto genera “una corrupción abrumante”, en palabras de la entrevistada, pues es más práctico para la ciudadanía incurrir en sobornos y favores para solucionar la situación que se le presente, que esperar a que las instancias judiciales lleven a cabo el debido proceso.
La última arista parece fundamental, pues, de acuerdo a lo que nos compartió la abogada Elvira Cedillo, “la ignorancia es funcional tanto para las autoridades como para la ciudadanía”.
“La ciudadanía tiene la concepción de que cualquier derecho que reciba es una dádiva, una prerrogativa y así no ‘tiene’ ni que exigir, ni cumplir con sus obligaciones”, nos dijo la abogada, pero esta ignorancia tiene consecuencias, porque permite que los funcionarios públicos abusen de su posición.
Un ejemplo de esto, especificó la experta, es la pensión a adultos mayores, que son beneficios que tienen por derecho y que están escritos en la Constitución, pero tanto las autoridades como la clase política, los usan como lubricante jurídico y electoral para ganar votos, colgarse medallas y permanecer en el gobierno.
El ejemplo es esencial
“El ejemplo es fundamental”, expresó convencido en entrevista el politólogo Jorge Márquez.
“Tú vas a cualquier secretaría, a las grandes compañías del estado CFE, Pemex, etcétera. Todas tienen un área dedicada justamente a enseñar las leyes. Dan cursos, tratan de enseñar y de incentivar a qué no sean corruptos, les enseñan cuáles son los castigos, todas las grandes oficinas de gobierno tienen esto”, recapituló.
También puedes leer: Impunidad no baja: 9 de cada 10 homicidios dolosos en México no se resuelven
Pero esas mismas personas reciben en su teléfono celular la notificación de los medios de comunicación y las redes sociales de escándalos de corrupción que vienen desde las más altas esferas del poder “entonces la persona dice ‘¿de qué se trata esto?”, ejemplificó Márquez.
La combinación de estos factores pone a las y los mexicanos entre la espada y la pared: el acceso a la justicia es desgastante, costosa e improbable, y del otro lado, por la salida fácil -la corrupción– estamos alimentando al cáncer que carcome al país.
La prensa tiene responsabilidad en la cultura de la impunidad
“Hay que ver qué nivel de responsabilidad se ha tenido históricamente por parte de la prensa en la construcción de este pacto de impunidad que hoy nos lástima, de las prácticas recurrentes y oficialistas que se han ejercido”, dijo Leopoldo Maldonado.
El entrevistado, quien es director regional de Artículo 19 -una organización que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información- explicó que la práctica recurrente de algunos medios de noticias es tomar los comunicados oficiales y utilizarlos ya como nota periodística, sin buscar la información que pudiera contrastar.
También recordó el entrevistado que el trabajo periodístico, aunque aún tiene camino por recorrer, ha tenido ciertos avances en temas de derechos humanos, principalmente motivados por las exigencias sociales, como por ejemplo la Ley Ingrid, que castiga la exhibición de cuerpos de las víctimas de feminicidios.
“Cuándo se han presentado cuerpos de víctimas de feminicidio, que se les ha exhibido, la indignación social nos ha orillado de una manera virtuosa para que los medios vayan repensando su papel en la reproducción de la violencia y en el avance de la impunidad porque eso también tiene que ver mucho”, acotó el experto.
Artículo 19, por parte de su oficina para México y Centroamérica, en coordinación con el periodista Marco Lara Klahr, elaboraron el informe Tribunales Paralelos y Exposición Mediática de las Personas sobre las prácticas periodísticas ante los altos índices de violencia y violaciones a derechos humanos.
“Es una guía ética sobre cómo deberían estar cubriendo este tipo de situaciones y temas de Seguridad y Justicia (…) Uno pensaría que, como la prensa es víctima de la violencia también, tendría un abordaje mucho más simpático y solidario con el resto de las víctimas”, pero no siempre es así, explicó.
El informe muestra, entre otros aspectos, “cómo constituye una práctica común en el país, la exhibición de personas que son señaladas por cometer o participar en algún delito, así como calificativos que se erigen en ‘sentencias mediáticas’, que en automático, sin investigación ni garantía de un debido proceso, juzgan a una persona a priori de ‘ratera’, ‘homicida, ‘secuestradora’”, sin que haya obtenido una sentencia.
Finalmente Maldonado nos dijo que “desafortunadamente lo que hemos visto históricamente es que ha habido un abordaje, de manera hegemónica, poco ético y poco compatible con el lenguaje de derechos humanos” y que es necesario que la prensa se comprometa para que las coberturas no se vuelvan revictimizantes, o peor aún criminalizantes.
