El 6 de octubre, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) ya tiene en sus manos la investigación del feminicidio de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación.
Pero a casi seis meses del feminicidio de la joven estudiante de derecho no hay ninguna persona detenida por el crimen. Mario Escobar, padre de Debanhi, ha denunciado reiteradamente las fallas y omisiones cometidas por las autoridades de la Fiscalía General de Nuevo León durante la investigación.
Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril de 2022, luego de asistir a una fiesta en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Doce días después, el 21 de abril, las autoridades del estado encontraron el cuerpo de Debanhi en el interior de la cisterna del motel Nueva Castilla, en esa localidad.
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Mario Escobar ha sostenido que su hija fue asesinada y que su cuerpo fue sembrado en la cisterna de ese motel. La muerte de Debanhi Escobar se investiga como un presunto feminicidio. Este es un caso más de impunidad en los crímenes que se viven en nuestro país.
Índice de impunidad nacional bajó 3% de 2020 a 2021
De acuerdo con la investigación más reciente de la organización México Evalúa, titulada “Hallazgos 2021. Seguimiento y evaluación del Sistema Penal en México”, en el que analiza los datos oficiales de las instituciones de seguridad y justicia penal, el 91.8% de los delitos denunciados e investigados quedó impune en 2021.
Este índice nacional refleja solo la impunidad de “lo que llega al conocimiento de las autoridades y cuántos casos logran algún tipo de resolución en el marco del sistema penal acusatorio”. Esto, porque el estudio no analiza la impunidad en la cifra negra (los delitos que no se denuncian), precisó en entrevista Chrístel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
Según la ENVIPE 2021 del INEGI, se estimó que sólo fueron denunciados el 10.1% de la totalidad de los delitos ocurridos en el país, refiere la organización. Con todo, en México el índice de impunidad bajó 3%, ya que en 2020 la impunidad llegó al 94.8%.
Chrístel Rosales indicó que el nivel de impunidad de 2021 es muy alto. Además, puntualizó, lo grave es que la mayoría de los estados del país, 23 en total, mantienen niveles superiores al 90% de impunidad y 19 estados alcanzan o superan la media nacional. “Lo que es representativo del enorme reto por enfrentar en el ámbito local”, apunta la organización en su estudio.
La Ciudad de México encabeza la lista de los estados de la República con los mayores niveles de impunidad con un 98.4%. Le siguen San Luis Potosí, con 98%; Baja California Sur y Aguascalientes, con 97.1%; Guerrero, con 97%, y Chihuahua, con 96.9%.
De acuerdo con la investigadora, sólo algunos estados lograron dar mayor respuesta a los delitos denunciados, desahogar casos que quizá no implicaban mucha complejidad y – tras la pandemia – aceleraron los procesos de atención. Lo anterior explica el porqué se redujo en 3 puntos porcentuales el índice general de impunidad.
Así, las entidades con menores niveles de impunidad -y/o mayores niveles de efectividad- son: Yucatán, con 69.5%; Baja California, con 79.2%; Chiapas, con 79.5%; Michoacán y Guanajuato, con 80.3%, y Sonora, con 83.5%, según los “Hallazgos 2021” de México Evalúa.
Gobierno federal sin plan para la justicia penal
A partir de la medición de la impunidad en el país en el año 2021, la organización destaca que no identificó “ni un solo instrumento de planeación que defina a mediano y largo plazo el horizonte por alcanzar, y que sea capaz de convertir al sistema de justicia penal en eso, en un sistema, y no un conjunto débil de instancias descoordinadas”.
Lo anterior significa, nos dijo Chrístel Rosales, que por primera vez en todas las administraciones, el gobierno federal carece de un instrumento de planeación que defina hacia dónde quiere llevar al país en materia de justicia penal. Esto a seis años de la vigencia a nivel nacional de las reformas constitucionales de 2016, que dieron vida a un sistema de justicia penal acusatorio.
Como nos explicó Chrístel Rosales, existe un impacto de los niveles de impunidad en el aumento de la violencia. Porque si un Estado es incapaz de llevar a la justicia a posibles responsables o de esclarecer los hechos, se abre la puerta a que la violencia siga incrementándose, sin temor a alguna consecuencia.
“Es como tener un permiso y poder anticipar que la violencia va a quedar impune”, sostuvo.
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¿Cero impunidad en México?
Por primera vez, México Evalúa calculó la impunidad a nivel estatal en nueve delitos específicos. De estos encontró que los delitos de desaparición forzada, con 98.9%; extorsión con un 98.2%; violencia familiar, 97.1%, y homicidio doloso, con 96.9%, registran los mayores porcentajes de impunidad a nivel nacional.
En el delito de feminicidio, la organización encontró que cerca de 12 de cada 100 casos de feminicidio en todo el país alcanzaron algún tipo de resolución, es decir, que 88.1% de estos casos cometidos en 2021 no ha tenido ninguna respuesta.
Rosales destacó un incremento importante de casos de feminicidio a nivel nacional, pues de 2015 a la fecha este delito incrementó en 134.4% en todo el país. En otras palabras, indica México Evalúa, si en 2016 ocurrieron en promedio 1.1 feminicidios diarios sobre los cuales se inició una carpeta de investigación, para 2021 fueron reportados 2.6 feminicidios cada día.
“De acuerdo con la información que proporcionaron Guanajuato, Baja California, Sonora y Querétaro, vimos que las autoridades tienen un registro puntual de cuántos feminicidios han ocurrido y despliegan equipos especializados para la investigación de forma que se logre resolver el caso lo más pronto posible”, destacó la investigadora.
Puntualizó que este es un mecanismo que tendría que ser la apuesta a seguir en otros estados para atender las distintas violencias que se enfrentan en el país, pero específicamente una tan grave como el feminicidio.
Por tanto, la investigadora dijo que la impunidad no es un problema “que no tenga solución, estamos viendo claramente cómo algunos estados sí están aplicando esfuerzos”.
Los tres estados con mayor impunidad en homicidio doloso son Zacatecas, con 99.9%; Veracruz, con 99.8% y Jalisco con 99.7%. Y los estados con menor impunidad en homicidio doloso son Yucatán (65.8%), Chiapas (76.2%) y Querétaro (78.2%), según México Evalúa.
La organización señala que los estados con menor impunidad lograron esos niveles gracias a que “canalizaron los asuntos a través del procedimiento abreviado derivando en sentencia condenatoria”.
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Sin aumento al presupuesto
El reporte de México Evalúa pone el foco en la insuficiencia de presupuesto, ya que en 2021 el presupuesto del sistema de justicia penal a nivel estatal aumentó solo 0.07% con respecto a 2020.
Como nos explicó Rosales, con este presupuesto las instituciones apenas logran cubrir la nómina o su operación básica, sin poder invertir en mejorar las condiciones y la infraestructura o dignificar y profesionalizar a su personal.
Además, enfatizó, existe una sobrecarga de trabajo. Durante 2021, cada ministerio público llevó en promedio 169 carpetas de investigación a nivel nacional. De igual forma, cada perito atendió 356 solicitudes de investigación. Cada defensor o defensora pública representó a 271 personas y cada asesor o asesora de víctimas a 175.
Los servicios periciales forenses, que tienen un rol importante para tener investigaciones sólidas y con una base científica recibieron en promedio 356 solicitudes. “Es inviable que una persona pueda atender con calidad y eficiencia este nivel de solicitudes”, señaló.
Finalmente, nos dice Chrístel Rosales, “sin financiamiento nos quedamos con un obstáculo mayor y nos augura que va a ser difícil revertir los niveles de impunidad. Y en el caso de la seguridad pública será sumamente difícil asegurar una adecuada prevención e investigación de los delitos”.
