La educación es uno de los pilares para formar una sociedad mejor, una economía saludable y un país con mayor bienestar, pero en México no se toma siempre con la seriedad suficiente. De hecho, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 no contempla las condiciones particulares de cada estado en temas de educación al momento de asignarles recursos.
Mexicanos Primero, una organización que promueve y defiende el derecho a aprender de todas las niñas, niños y jóvenes en México, realizó un análisis del presupuesto que la Federación asignó para el próximo año y encontró una persistente inequidad entre los recursos que se reparten a los estados para la educación básica.
De acuerdo con la organización, la inversión que prevé el gobierno para 2024 “no contempla ni el tamaño, ni las variaciones de la matrícula de estudiantes, la plantilla docente o el desempeño educativo de los estados”.
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Al contrario, estados como Jalisco, que tiene la mayor matrícula con 1,600,000 estudiantes de nivel básico, recibe menos de la mitad de lo que recibe Baja California Sur por cada estudiante, a pesar de que ambos estados lograron una reducción muy similar en sus tasas de abandono en nivel secundaria en 2023, 39% y 37% respectivamente.
Baja California Sur, que es el estado con mayor inversión, recibe $46,094 pesos por estudiante, mientras que Jalisco recibe $18,132 pesos por estudiante y el Estado de México $18,197 pesos. Es decir, los estudiantes jaliscienses y del Estado de México de educación básica reciben alrededor del 40% de lo que reciben los de Baja California Sur.
Otros estados como Campeche, Oaxaca y Colima reciben por encima de los $35,000 pesos por estudiante de nivel básico, aunque han perdido alrededor del 10% de su matrícula. En contraste, Nuevo León con $20,998 pesos y Quintana Roo con $25,431 pesos por estudiante recibieron menos recursos a pesar de haber experimentado un incremento de su matrícula escolar del 2.1% y 5.8% respectivamente entre 2018 y 2023.
De acuerdo con el informe de la organización, el gasto por estudiante sirve para identificar si el presupuesto federal del Ramo 33 es suficiente para atender las necesidades de cada estado. Las brechas entre entidades federativas ocasionan que las necesidades educativas no se atiendan de la misma forma.
Tampoco se contempla a las y los docentes
La organización Mexicanos Primero acusa que siete de los 13 estados que tuvieron aumentos en recursos redujeron su plantilla docente: Colima, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas y tres de las cuatro entidades con menos recursos la ampliaron.
“La realidad es que, en México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no cuenta con un indicador oficial actualizado sobre el gasto por estudiante en la educación básica que mida la distribución presupuestal a nivel estatal, con indicadores claros más allá del gasto por nivel educativo, el gasto educativo nacional y el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a este rubro”, señala el comunicado de la organización.
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Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, nos explicó que hay una omisión de las autoridades educativas en la presentación de los indicadores que ayuden a tomar las decisiones importantes como la distribución de los recursos a los estados, ya que desde hace seis años ni la SEP, ni la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) han presentado información al respecto.
“Parece muy obvio, pero tiene muchas implicaciones: no se están distribuyendo los recursos de una forma equitativa a los estados, por lo menos en términos del comportamiento de la matrícula y la plantilla docente (…) muestra que no están claros los criterios que se están utilizando para la asignación de recursos”, reiteró el especialista.
El problema es que la falta de rigurosidad para asignar el presupuesto para educación genera desigualdades. Fernando Ruiz nos explicó que los estados que reciben menos recursos, pero tienen mayor capacidad económica por su propia dinámica financiera, pueden hacer frente a esta diferencia de ingresos federales, pero los estados que de por sí sufren de mayor pobreza quedan vulnerables.
Aumento de la brecha educativa tiene consecuencias graves
Parte de la consigna que Mexicanos Primero sostiene tras la presentación del análisis del presupuesto 2024 es que la educación de las niñas, niños y adolescentes (NNA) en México no debe estar condicionada por el lugar en el que viven, ya que esto amplía las brechas educativas en los diferentes estados afectando directamente a las y los estudiantes.
“Cuando se empezó a crear el sistema de distribución de responsabilidades a partir de 1992, los estados recibían recursos por igual, de forma equitativa. Cuando se descentraliza, se empieza a abrir esta brecha que es muy clara en estos momentos y nos parece que eso debe solucionarse”, dijo Fernando Ruiz.
A pesar de que son recursos federalizados que están en el Ramo 33, hay una fórmula que establece cómo se van a distribuir los recursos a través de la Ley de Coordinación Fiscal, pero hay opacidad en algunos de los movimientos que deberían aclararse para poder ir cerrando esa brecha, consideró Fernando Ruiz.
Mayor proporción no significa más recursos por estudiante
A la educación básica le corresponde $637,503 millones de pesos del presupuesto para 2024, que significa el 62.5% del total asignado a la educación que equivale a $1,019,044 millones de pesos y, aunque es la partida más grande entre los niveles educativos, se tiene que repartir entre 21,500,000 estudiantes de educación básica lo que da un promedio de $29,666 pesos por cada estudiante.
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Esto hace que el nivel básico sea el que menos recursos recibe por estudiante, en comparación con los $39,198 pesos por estudiante destinado a la educación media superior y con los $50,801 que reciben las y los estudiantes del nivel superior.
Así que tenemos una fórmula peligrosa: menos recursos por estudiante, criterios ambiguos para su designación e inequidad en la repartición de estos recursos entre los diferentes estados que han perdido paulatinamente su poder de negociar con la SEP para mejorar sus condiciones particulares.
Claro que esto no significa que no se pueda hacer nada, nos explicó Fernando Ruíz, los partidos políticos, desde el poder legislativo, podrían intervenir para que se revise, aclare y ajuste de manera apropiada la distribución de los recursos en sintonía con la realidad de las comunidades educativas en el país.
Porque la educación no puede depender de la administración estatal del momento, del margen de maniobra que les queda a los estados, ni de criterios poco específicos, sino que tiene que ser garantizada -como el derecho que es- a todas las y los estudiantes del país, sin distinción alguna.
