Menos de una semana después de que la Corte retiró dos proyectos para modificar la prisión preventiva oficiosa, la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena, propuso una reforma a diversos artículos de la Constitución para prohibir a la SCJN invalidar o “interpretar” los preceptos de la carta magna.
“Esta iniciativa trata de limitar el poder político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la posibilidad de caer en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de tal manera que le resten validez y eficacia, al respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar un precepto constitucional? La respuesta categórica es que no”, se lee en la iniciativa.
La propuesta de la diputada morenista se publicó en la Gaceta Parlamentaria y busca reformar el artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, para el especialista en derecho constitucional Luis Enrique Pereda, la iniciativa es simplemente un artificio que no tiene oportunidad de avanzar.
También puedes leer: Aprueban quitarle millones de pesos al INE y al Poder Judicial ¿en qué los afectará?
“Esa iniciativa no va a prosperar. Y no me refiero a que vaya a obtener o no los votos, que eso es otra conversación. Me refiero a que aun cuando fuese aprobada no va a lograr su objetivo porque sigue estando por debajo de la Constitución, es decir, la Constitución le sigue otorgando facultad a la Suprema Corte y esta ley es reglamentaria”, nos dijo.
El experto nos explicó que en su opinión no es un intento serio, sino una estrategia parlamentaria y mediática.
“A nadie le puede preocupar realmente que se apruebe esto”
Luis Enrique Pereda, abogado constitucionalista
Pereda nos dijo que los diputados y diputadas con base en el Artículo 71 de la Constitución tienen la facultad para presentar iniciativas, sin embargo, consideró que actualmente no existen condiciones para llevar a cabo una reforma constitucional de este talante.
“No se tienen los consensos necesarios para hacer una reforma constitucional, porque la reforma constitucional no solo es en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en cada una con dos terceras partes, y también tiene que ir a los congresos estatales. Es decir, es un trabajo más fino que aquí no está sucediendo. Estos son fuegos artificiales”, consideró.
En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no está en condiciones de presentar una reforma constitucional para modificar al Poder Judicial.
El mandatario dijo que en su momento lo consideró, sin embargo decidió no hacer ningún cambio que implicara la intromisión en otros poderes, a pesar que desde que asumió la Presidencia sabía ya de las dificultades y trabas que había en la procuración de justicia.
Te sugerimos: El sistema judicial, otra gran deuda de México
“No estamos en condiciones como para llevar a cabo ninguna reforma que tenga que ver con el Poder Judicial, me refiero a una reforma constitucional”, dijo. Respecto a la iniciativa de la diputada morenista, el presidente López Obrador se deslindó de ella y aseguró que el Poder Ejecutivo no ha presentado ninguna reforma en ese sentido.
“Son decisiones que toman los legisladores, nada más para aclarar eso, pero no es una iniciativa propuesta por el Ejecutivo”
Andrés Manuel López Obrador
Durante la segunda semana de este septiembre los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron un debate durante tres días sobre dos proyectos que revisaban la prisión preventiva oficiosa, es decir, la facultad del Poder Judicial para mantener en la cárcel – aun sin dictar sentencia- a quien haya cometido alguno de los 16 delitos contemplados en el Artículo 19 de la Constitución.
No te lo pierdas: Lucha contra la impunidad: ¿cómo van los procesos contra ex funcionarios en México?
Uno de los proyectos, el del ministro Luis María Aguilar, buscaba modificar este artículo para eliminar la prisión preventiva de oficio, mientras que el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña buscaba analizar un amparo promovido por Brayan Alexis, hermano de Óscar Flores, “El Lunares”, presunto líder La Unión Tepito, que buscaba que su caso se revisara para determinar si debía llevar su proceso en prisión.
En ambos casos, el ministro y la ministra argumentaron que la prisión en automático estaba en contra de la presunción de inocencia y vulneraba derechos fundamentales. Sin embargo, ambos retiraron sus proyectos para sumar los argumentos que se dieron en la Corte.
Para Luis Enrique Pereda la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa permanecerá en suspenso en lo que resta del año, pues es difícil que se llegue a una conclusión definitiva.
“Nada está dicho, pero si en lugar a dudas, generó incertidumbre, generó inquietud, generó interés”, nos dijo.
¿Fue la iniciativa un aviso para el Poder Judicial?
