En lugar de recuperar las instituciones en materia de protección a las víctimas y búsqueda de personas desaparecidas, Morena “se avienta al final del sexenio una falacia de amnistía en favor del derecho a la verdad, cuando lo único que ha hecho es erosionar las posibilidades de que justamente se garantice este derecho”, advirtió la ex diputada federal Eliana García.
Consultada sobre la reforma a la Ley de Amnistía, impulsada por el senador morenista Ricardo Monreal, a fin de que el titular del Ejecutivo otorgue este beneficio de manera directa a quienes den información que ayude a esclarecer “casos relevantes para el Estado mexicano”, García criticó que se afecta a las víctimas cuando no hay ninguna claridad sobre a quién se le aplicará la amnistía. “¿A militares que están presos?”, cuestionó la ex legisladora.
A inicios de abril de 2024, Monreal presentó una iniciativa de reforma para agregar un artículo 9 a la Ley de Amnistía con el objetivo de que este beneficio se dé a personas a quienes se les haya ejercido acción penal, estén siendo procesadas o hayan sido sentenciadas “por cualquier delito”.
El senador precisó que con la reforma se busca garantizar el derecho a la verdad ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento o sanción en los casos de gravedad de violación de derechos humanos por parte del gobierno. En ese sentido, el morenista añadió que hay “una agenda pendiente” por hechos ocurridos en Iguala, Guerrero (caso Ayotzinapa), o Tlatlaya, Estado de México (donde hubo una masacre a manos de militares en 2014).
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Al respecto, en su conferencia de este 24 de abril de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que con la reforma a la Ley de Amnistía el caso Ayotzinapa se resuelva antes de que acabe su sexenio. El mandatario afirmó que en este tema hubo un “pacto de silencio” a cambio de protección por parte de algunos que participaron en la desaparición de los 43 jóvenes, o de otros más que se han cerrado “por miedo o amenazas”.
¿En qué nos afectaría esta reforma?
Ministros en retiro de la SCJN y expertos en derecho penal internacional advirtieron que además de afectar derechos de víctimas de violaciones a derechos humanos, la reforma otorga poderes “discrecionales” al titular del Ejecutivo para que defina cuáles son los hechos y la información relevante por los que se otorgaría la amnistía, sin la intervención de la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial o alguna Comisión de la Verdad.
Así, el ministro en retiro José Ramón Cossío alertó que la reforma a la Ley de Amnistía es un “cheque en blanco para el presidente”, para que dé este beneficio sin pasar por los trámites correspondientes. Mientras que el especialista en justicia transicional y derechos humanos Jacobo Dayán recalcó que la reforma “va en contra de los derechos de las víctimas porque no es el Estado mexicano quien juzga, sino la discrecionalidad del presidente de la República”.
Además, el experto recordó que el derecho internacional prohíbe las amnistías en casos atroces y violaciones graves a los derechos humanos. Dayán puso como ejemplo que en Colombia se redujeron penas de prisión a quienes dieron información para esclarecer hechos violentos, pero no se otorgaron “perdones absolutos”, es decir amnistía.
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En ese sentido, Eliana García nos señaló que esta iniciativa de reforma es una “legislación hipócrita que violenta la Constitución para darle al presidente una facultad de indulto disfrazado de amnistía directa”. Advirtió además que la iniciativa anula el artículo segundo de la propia Ley de Amnistía, que establece que no se concederá este beneficio a quienes hayan cometido secuestro, o hubieran utilizado armas de fuego para incurrir en este delito.
Asimismo, el artículo segundo estipula que tampoco se podrá amnistiar a personas indiciadas por los delitos a los que se refiere el artículo 19 constitucional (entre ellos, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata y desaparición forzada de personas).
¿A quién se quiere perdonar?
Cuestionada sobre si detrás de la reforma a la Ley de Amnistía pudiera haber el interés de perseguir a ex presidentes para después dejarlos en libertad, si es que aportaran elementos que resulten útiles para llegar a la verdad en “casos relevantes”, García nos aclaró que eso sería una “especulación mayúscula”, aunque dijo que al parecer sí hubo un pacto entre Enrique Peña Nieto y AMLO para evitar que el ex mandatario fuera perseguido por la justicia.
Respecto a las características del proyecto de reforma, la también integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra nos explicó que se trata de una iniciativa inconstitucional, pues el artículo 73 de la Carta Magna establece que solo el Congreso de la Unión está facultado para otorgar amnistías, mientras que, según el artículo 89 de la Constitución, el presidente únicamente puede indultar “a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales”.
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“Es una legislación que seguramente va a ser controvertida por los propios legisladores en cualquiera de las dos cámaras. En términos de su contenido es una legislación hipócrita de Morena y del presidente porque el argumento central que utilizan es el derecho a la verdad”, insistió la defensora de derechos humanos.
Eliana García, quien también es asesora en temas de justicia en el Senado, nos precisó que la actual administración federal ha “dinamitado” las diversas instancias creadas para esclarecer violaciones a derechos humanos, castigar a los responsables y reparar el daño a las víctimas, tales como la Comisión para la Verdad de la Guerra Sucia, la de Búsqueda de Personas Desaparecidas o la de Atención a Víctimas.
La ex subprocuradora encargada de Derechos Humanos de la PGR entre 2013 y 2015 concluyó que en lugar de impulsar reformas que podrían derivar en mayor impunidad, lo que el actual gobierno debería hacer es aplicar de manera cabal las leyes y respetar las instituciones ya creadas para garantizar justicia a las víctimas de graves violaciones a sus garantías humanitarias.
“Hablan del derecho a la verdad cuando lo que han hecho es dinamitar todas las instituciones creadas con la acción de las víctimas para poder generar justicia de transición”, finalizó García.
