Como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ¿el entonces ministro Arturo Zaldívar fue un incondicional del presidente Andrés Manuel López Obrador, al grado de apoyar sin crítica sus iniciativas y allanar el camino para sus megaobras?
Envuelto en el escándalo tras la investigación que abrió en su contra el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por presuntamente incurrir en actos de corrupción, extorsión y presión contra jueces y magistrados -entre otros ilícitos-, Zaldívar fue el alfil de la 4T para que se cancelara el Aeropuerto de Texcoco, avanzara la Ley Eléctrica impulsada por el Ejecutivo, y se negaran amparos contra el Tren Maya y el AIFA, por mencionar algunos casos.
El propio López Obrador -de manera quizá inocente- aceptó durante una conferencia mañanera en febrero de 2024 que llamó varias veces al entonces presidente de la Corte, para que interviniera en diversos litigios a fin de favorecer al gobierno de la 4T. “Cuando había un asunto así de ese tipo -liberación del ex director de Pemex Emilio Lozoya (puso como ejemplo)- nosotros respetuosamente interveníamos”, admitió mientras se quejaba de no poder hacer lo mismo con la ministra presidenta, Norma Piña.
“El presidente del tribunal supremo del país, respetando las autonomías, pero pensando en los intereses generales, justicia y proteger a los ciudadanos, hablaba con los jueces para advertirlos de malas averiguaciones realizadas por el Ministerio Público”, dijo en su momento el mandatario.
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Tras la escandalosa revelación, el ahora ministro en retiro Arturo Zaldívar reviró: “nunca hablé o he hablado con ningún juez, jueza, magistrado o magistrada para proponerle, sugerirle, insinuarle y mucho menos instruirlos en determinado caso”.
Cuestionada separación de poderes
“Desde que fue nombrado presidente de la Corte (en enero de 2019)… Zaldívar empezó a apegarse cada vez más a diversos actos realizados por parte del titular del Ejecutivo, al grado de representar una intromisión a nivel político del Ejecutivo federal (en el Poder Judicial)”, nos contó la especialista en temas de justicia Eliana García.
La también integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra -agrupación civil contraria a la militarización del país- recordó que en abril de 2023, Zaldívar (ya sin el cargo de presidente de la SCJN) rechazó que se declarara inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, una medida impulsada desde el Poder Ejecutivo.
García también nos mencionó la polémica desatada en abril de 2022, cuando el entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, aprobó una cuestionada votación del Pleno de ministros para descartar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Eléctrica apoyada por López Obrador.
“Uno tenía claro que los tres votos que iban a declarar la constitucionalidad de una ley inconstitucional eran los del entonces ministro Zaldívar, y las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Ahí había una clara definición de estas personas de no representar de manera cabal lo que significa la separación de poderes”, criticó la asesora legislativa en el Senado.
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“Las posiciones que tuvo Zaldívar al favorecer resoluciones claramente inconstitucionales, y su renuncia como ministro (en noviembre de 2023) han aumentado la polarización” entre quienes defienden la separación de poderes y quienes buscan su concentración unipersonal, nos alertó García.
“Desde 2018, que llegó este nuevo gobierno, se ha estado implosionando la separación de poderes. Han generado un mecanismo de concentración para que haya un único controlador de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en las peores épocas del PRI como partido único de Estado”, abundó la defensora de derechos humanos.
Se destapó la cloaca
Y todo esto que venían denunciando analistas y la oposición desde años previos (la presunta “sumisión” de Zaldívar y otros ministros ante los designios de AMLO) estalló hace unos días cuando se supo que la presidenta de la SCJN, Norma Piña, ordenó investigar a diversos ex colaboradores del ministro en retiro, por presuntamente atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Todo partió, según se informó, de una denuncia anónima en contra de Zaldívar y otros integrantes del PJF que incluye también presuntos delitos como violencia sexual, falta de profesionalismo, enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de funciones y desvío de recursos.
Como presidente de la Corte, Zaldívar y sus allegados se habrían confabulado para favorecer “intereses personales y de terceros”, lo que abriría la puerta a un procedimiento administrativo por conductas irregulares. Al respecto, Eliana García nos aclaró que la investigación está respaldada por más de 200 testimonios de magistrados y jueces de distrito, quienes denunciaron “con nombre y apellido y en algunos casos poniendo su cargo”.
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“Acusaron que fueron presionados para tener determinadas sentencias a favor o en contra en razón del criterio, no de una interpretación judicial, sino de los designios y deseos del ex consejero jurídico de Presidencia (Julio Scherer Ibarra), a nombre del presidente, y entonces quedó claro que para el ministro Zaldívar la separación de poderes se convirtió en letra muerta”, criticó la también ex diputada federal.
“Las denuncias se presentaron tiempo atrás, siendo Zaldívar todavía ministro. No son denuncias que se presentaron a partir de que él renuncia y se integra a la campaña de la candidata oficial (Claudia Sheinbaum), sino que son denuncias que se fueron acumulando y que llegan a tal grado de que hay una determinación para investigar estos actos irregulares al interior del Poder Judicial”, añadió.
Por cierto, ¿qué ha dicho la candidata presidencial por Morena al respecto? En su declaración más reciente sobre el tema, Sheinbaum reiteró que Zaldívar seguirá en su equipo de campaña, y aprovechó para criticar que los ministros de la Corte “ahora ya son Ministerio Público, Poder Legislativo y Poder Judicial, todo al mismo tiempo e intervienen en el proceso electoral”.
Finalmente, sobre lo que nos pudiera deparar en próximos días esta historia de presunta corrupción al interior del PJ, García nos dijo que es previsible que la intentona de juicio político contra la presidenta de la Corte, Norma Piña, –anunciada por Zaldívar y Morena– avance fast track en la Cámara de Diputados, donde el partido gobernante y aliados tienen mayoría.
Sin embargo, la ex subprocuradora encargada de Derechos Humanos de la PGR entre 2013 y 2015 previó que la iniciativa de juicio político no prosperará en el Senado, pues requiere de una mayoría calificada de dos terceras partes de los votos para poder avanzar.
Eliana García descartó que la investigación contra Zaldívar y sus ex colaboradores sea una “venganza política”, y resaltó que el ex ministro debe ser investigado conforme al debido proceso y la presunción de inocencia. “Si se acreditan irregularidades, corrupción, extorsión y presión a funcionarios del Poder Judicial para que actuaran en uno u otro sentido a través de algún juicio, pues él debe ser sancionado según nuestro marco legal y constitucional”, concluyó.
