Carmen tiene 30 años. Vive en la Ciudad de México. Se siente insegura al caminar sola en la calle o en el transporte público, principalmente de noche. Teme ser víctima de un ataque sexual, un rapto o un feminicidio.
Carmen toma muchas precauciones antes de salir. Avisa siempre a una familiar o amiga a dónde va y avisa cuando ya llegó. Siempre sale con el celular con suficiente carga y crédito. Camina por los lugares más iluminados y con más personas. Y constantemente voltea para verificar que nadie la está siguiendo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en septiembre de 2019 casi 8 de cada 10 mujeres percibía que, en términos de delincuencia, su ciudad era insegura. En el caso de los hombres, la proporción de quienes se sienten así es 6.5 por cada 10.
Ellas perciben mayor inseguridad aunque en México en realidad 56% de los delitos en los que se registran víctimas (como homicidios dolosos, secuestro, lesiones, rapto, extorsión) ocurre contra hombres.
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¿Las mujeres están exagerando?
Definitivamente no. Estas medidas no evitaron que el 8 de noviembre, Carmen fuera perseguida en un trayecto de al menos una cuadra, por un hombre joven que la llamaba con insistencia y con comentarios ofensivos desde su camioneta particular. La mujer corrió por más de una cuadra poco iluminada hasta que un semáforo le permitió tomar delantera. Se acercó a un grupo de desconocidos y luego esperó a que el sujeto se alejara.
Si bien la tasa de homicidios dolosos se ha incrementado en todo el país, principalmente para el caso de los hombres, entre el resto de los delitos, los que más crecieron son aquellos que impactan más a las mujeres.
Como documentó Cuestione, las tasas de delitos como feminicidio, violación, trata de personas y violencia familiar aumentaron en promedio 15% de enero a septiembre de 2019 con respecto al mismo periodo de 2018, de acuerdo a las carpetas de investigación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La trata de personas es el delito contra las mujeres cuya tasa aumentó más a nivel nacional (29%), seguido por feminicidio (13%), violación (10%) y violencia familiar (8%).
En todos esos delitos descritos anteriormente la víctima es principalmente una mujer. De entrada, el feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de odio; en casos de violación, trata de personas y violencia familiar más del 90% de las víctimas son mujeres, según el tipo de víctima.
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La percepción de inseguridad en el espacio público por parte de las mujeres no está fuera de lugar.
La violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario (con mayor frecuencia calles y parques) son principalmente de tipo sexual (66.8%), como: piropos groseros u ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, violación e intento de violación, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 2016).
En ese ámbito, 73% de los agresores son desconocidos.
¿Y qué ha hecho el gobierno?
Desde su primer discurso, el 1 de septiembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha invisibilizado a las mujeres en todas sus promesas de gobierno. El feminicidio ha sido mencionado una o dos veces, según ha verificado Cuestione.
A esto se suma que entre sus primeras acciones de austeridad republicana decidió cortar el recurso que año con año, la Cámara de Diputados asignaba a los 42 refugios para mujeres víctimas de violencia feminicida y trata de personas que hay en el país.
Las críticas ciudadanas por este recorte obligaron al gobierno federal a presentar una estrategia de seguridad para erradicar la violencia contra las mujeres pero aún no se anuncian los resultados.
Otra estrategia -que aún no opera- ha sido la de dejar en manos de la Guardia Nacional los casos de feminicidios, pero esta decisión ha sido criticada por personas expertas en seguridad, quienes consideran que este cuerpo policiaco y militar no está capacitado para la atención específica de esta forma extrema de violencia.
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Estos delitos ocurren a pesar de que en México existe una legislación específica para nombrar, describir y obligar a las autoridades a atender a todas y cada una de los tipos y ámbitos en los que ocurre la violencia contra nosotras. Esta norma se llama Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
¿Hasta cuándo Carmen y el resto de las mujeres tendrán que salir con todas estas precauciones de por medio? ¿Hasta cuándo López Obrador reconocerá que la violencia contra las mujeres no es un tema de las administraciones pasadas sino una realidad cotidiana?
Lo que está en juego “nada más” es nuestro derecho de transitar libres por las calles y nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia.
