En 2018, el presidente López Obrador prometió pacificar al país en 2021. Sin embargo, tres años después, siguen los altos niveles de violencia con más de 35,000 homicidios al año según datos del INEGI.
Todo comenzó en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado. Pero años después, gobiernos de todos los colores van y vienen por todo el país y los asesinatos continúan ocurriendo como si fuera la normalidad.
Consultamos a especialistas si es posible reducir los niveles de violencia en México y qué pasos hay qué dar hacia la pacificación del país.
Te recomendamos: Las fiscalías y procuradurías en México: un obstáculo más que solución para la justicia
El sueño de pacificar al país
Para el doctor en Ciencias Sociales Daniel Vázquez, primero que nada hay que aceptar que la violencia en este país no se puede reducir en tres años, lo que va del sexenio.
“El problema es que no hay una solución en el corto plazo de forma duradera. A lo que tenemos que aspirar es a que se construyan los cimientos de una paz duradera. Y eso no se hace en el corto plazo. Eso necesariamente supone procesos de largo plazo”, aseguró.
Es un proceso tardado porque supone desmantelar las estructuras políticas de las redes de macro criminalidad, de acuerdo con el experto, ya que son las que fomentan, protegen y se benefician de la delincuencia organizada.
Vázquez explicó que no ha sido suficiente la estrategia de “abrazos, no balazos”, la cual tiene que ver con repartir recursos a través de programas sociales para generar una base mínima de igualdad y así provocar un descenso en la criminalidad.
“La política social por sí sola no es una política anti impunidad, ni es una política contra la violencia. Si no la rediriges de forma mucho más específica, mucho más puntual, en realidad no va a tener el impacto que se necesita”, aseguró el experto, sobre todo en un contexto tan inesperado como el de la pandemia y la crisis económica que generó.
Seguramente te interesa: Colima es el estado con mayor tasa de incidencia delictiva en octubre de 2021
¿Qué pasos hay que dar?
De acuerdo con Daniel Vázquez, además de las políticas sociales, “en el corto plazo se podrían hacer intervenciones muy puntuales en determinados municipios. Sabemos cuáles son, por ejemplo, los 50 municipios donde se cometen el 42% de los homicidios”.
“Una política muy dirigida a nivel municipal supone tres procesos: desmovilización, desarme y reinserción social. Pero para eso, obviamente tiene que haber una amenaza creíble (para los delincuentes), y la amenaza creíble tiene que ser o la sanción o el enfrentamiento militar”, explicó Vázquez.
Eso en el corto plazo, porque según Vázquez una estrategia efectiva debería ser un plan nacional a largo plazo, con el desmantelamiento de la estructura política de las redes criminales.
¿Cómo? Con la reconstrucción de los cuerpos de policía. De acuerdo con Vázquez, se encuentran totalmente desmantelados y muchas veces capturados por el crimen organizado, en el mejor de los casos debido a que a las autoridades no les importa y en el peor de los casos porque les conviene que la corrupción sea la normalidad.
Más sobre el tema: Las policías locales padecen serias carencias a pesar de que deberían ser clave para reducir la violencia
Otro paso que hay que dar es la reconstrucción del sistema de fiscalías, ya que “las 33 fiscalías son desastrosas, por eso es que tenemos ese nivel de impunidad”, aseguró Vázquez. “Entre otras cosas porque en realidad están allí para que los gobernadores y el presidente le den un uso político a la justicia”, nos dijo.
Además, el experto considera que se debe crear una Comisión Nacional de la Verdad para analizar los patrones estructurales de las violencias actuales, “al tiempo que necesitaríamos un mecanismo internacional contra la impunidad”.
Las fiscalías y la impunidad
De acuerdo con Daniel Vázquez, México ya perdió una oportunidad de oro para realmente dar pasos hacia la disminución de la violencia.
“Cuando nace la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el objetivo principal era pasar de las viejas procuradurías a nuevas fiscalías. Se trataba de que no solamente hubiera un cambio de nombre, sino que hubiera una refundación”, dijo el experto.
Pero no hubo una verdadera renovación y actualmente las fiscalías son definidas como autónomas pero, de acuerdo con Vázquez, no lo son en términos prácticos.
“Tanto el presidente como los gobernadores, para hacer un uso político de la justicia, nombran incondicionales al frente de esos órganos”, dijo.
También se esperaba que existiera una purga de servidores públicos que formaban parte de la vieja cultura organizacional, es decir “de la corrupción, de la burocratización, de la normalización de violaciones a derechos humanos y la impunidad”.
“Entonces, lo que tuvimos en ese paso de las viejas procuradurías a las nuevas fiscalías es que simplemente gastamos un montón de dinero en nueva papelería. Pero todo lo demás siguió exactamente igual”, concluyó Daniel Vázquez.
Para leer después: La erradicación de los plantíos de amapola: un problema social, de seguridad y salud
El panorama de las fiscalías
Monserrat López, analista de datos de Impunidad Cero –un organismo dedicado a estudiar, analizar y visibilizar la impunidad para poder combatirla– nos explicó que las fiscalías tienen una efectividad de tan solo 15.5%.
Esto quiere decir que de cada 100 delitos denunciados, apenas 15 tienen una respuesta efectiva por parte de las instituciones ya sea porque se sancionan o se acuerda reparación del daño.
De acuerdo con la experta, esta efectividad cayó en 2020, ya que en 2019 el porcentaje era de 19.4 casos resueltos por cada 100.
“Si a esto agregamos que la cifra negra es muy alta, o sea que más del 90% de las personas no denuncian los delitos, resulta que la probabilidad de esclarecimiento de un delito es de 1%”, explicó Monserrat López.
El problema de la impunidad
La experta considera que las fiscalías tienen problemas estructurales, los cuales se deben solucionar para combatir la impunidad.
“Es importante que las fiscalías cuenten con recursos presupuestales suficientes, para poder atender la cantidad de los casos que ingresan, sobre todo en los estados en los que la incidencia delictiva es muy alta”, explicó.
También agregó que se necesitan más fiscales y agentes del Ministerio Público para poder atender la carga de trabajo que en algunos estados es muy alta.
“Por ejemplo, en Nuevo León cada fiscal atiende 458 casos en promedio al año. Estas cargas de trabajo son sumamente altas”, aseguró.
López nos explicó que ya se han dado pasos hacia la transformación digital de las fiscalías y, aunque los delitos que se cometen con violencia se deben denunciar de manera presencial, sirve para tener canales alternativos de recepción de denuncias y desahogar el trabajo de los agentes del Ministerio Público.
Y por último, la experta consideró que debe existir una mejor coordinación entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, ya que la mayoría de los homicidios del país se relacionan con delitos del fuero federal como el crimen organizado y el narcotráfico.
¿El país comenzará a dar estos pasos para reducir los altos niveles de violencia que se viven todos los días?
