“Estamos frente a un escenario adverso. Nos parece que pone en riesgo la vitalidad de las organizaciones”, afirmó Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).
Esto nos lo dijo a propósito de la nueva disposición fiscal que el Senado aprobó el pasado 27 de octubre para limitar la deducción de impuestos que hagan las personas físicas de los donativos a las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
El cambio reducirá el porcentaje que podrán deducir las personas y podría impactar en los donativos individuales que reciben 5,100 organizaciones. Las pérdidas de las OSC podrían llegar a los 8,000 millones de pesos que se utilizan para atender a poblaciones como mujeres, niños, niñas, adolescentes y migrantes, entre otras, en condiciones de violencia o vulnerabilidad, indican en un comunicado más de 200 organizaciones.
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La asociación civil Alternativas y Capacidades lamentó la aprobación de las modificaciones, ya que podrían afectar a las organizaciones donatarias autorizadas por el gobierno al desincentivar los donativos de personas físicas.
Cerca de 2,000 organizaciones serían las más perjudicadas, pues entre el 30% y el 100% de sus ingresos totales provienen de donaciones de personas, señalan en el documento.
Organizaciones en riesgo
Estos cambios, en el mediano plazo, van a hacer más lenta la capacidad de respuesta y de atención que dan las organizaciones, “lo que nos parece muy crítico, pues estamos a la mitad de una crisis sanitaria por la pandemia y una crisis en materia de respuesta a las migraciones que están llegando cada vez más con niñas y niños a la cabeza. Y esto nos representa un serio jaque”, sostuvo Tania Ramírez.
Incluso “algunas organizaciones están planteando bajar la cortina, reducir su número de personas beneficiarias, reducir a su personal, para poder atender de otra manera a las poblaciones”, señaló.
Porque muchas de las organizaciones -de las 75 que integran Redim- no obtienen otro tipo de financiamientos y con las donaciones de personas físicas reúnen recursos para la realización de sus proyectos y la atención directa a la población.
En su opinión, con dicha reforma las personas físicas tendrán que priorizar al momento de deducir los gastos fijos de sus familias, como los gastos médicos, las colegiaturas y dejen en un segundo o tercer lugar sus donativos a las OSC.
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Debate entre gobierno, legisladores y OSC que ven amenazadas sus actividades
El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) explica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha documentado que la mayoría de la población no alcanza el tope de deducción de los gastos obligatorios y como casi nadie dona el 7% de sus ingresos a asociaciones civiles no habría afectación (con la reforma) y si las personas quieren donar lo pueden hacer sin deducir.
El 22 de octubre, frente a integrantes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, aseguró que la medida tiene la finalidad de ir contra los abusos en el uso de deducciones, porque el SAT detectó a siete personas pertenecientes a una misma familia que donaban dinero a sus propias fundaciones para deducir impuesto sobre la renta.
Frente a estas declaraciones, Lucía Salcedo, directora de la asociación civil Fomento a la Cultura, Arte, Promoción y Asistencia Social (Focapas), nos comentó “¡cómo no nos va a afectar! Claro que nos va a afectar, porque si yo tengo un donante (persona física) va a decidir ya no donar porque lo va a tener que deducir de otro gasto”.
En entrevista con Cuestione, consideró que el gobierno y legisladores no analizaron ni midieron el impacto real que tendría la reforma en organizaciones pequeñas y que debieron regular la evasión de impuestos y sancionar las malas prácticas de unas cuantas y “no castigar a todas las organizaciones con estas modificaciones”.
“El gobierno está lejos de incentivar esta labor (de las OSC) que ellos no están pudiendo cubrir. ¿Por qué atacar a quienes sí podemos ayudar?”
¿De qué exactamente tratan estas reformas?
Actualmente y hasta diciembre de este 2021, de acuerdo con el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas (personas comunes) pueden realizar sus deducciones personales anuales en un 15% de los gastos médicos, funerarios, intereses de créditos hipotecarios, una parte de colegiaturas, con un límite de 163,000 pesos.
Además de un 10% de las aportaciones extraordinarias voluntarias al Fondo de Ahorro para el Retiro. Y otro 7% más de los donativos a organizaciones sin fines de lucro.
Con la reciente reforma aprobada por el Senado, para el próximo 2022 ya no existirán estos últimos dos rubros, por lo que todas las deducciones de las personas físicas tendrán un mismo tope: 15%. Es decir, los deducibles por donativos a organizaciones de la sociedad civil ya no estarán aparte, sino dentro de este mismo límite.
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Historial de barreras a las OSC
La administración del presidente de Andrés Manuel López Obrador ha restringido la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Primero, porque en 2019 se quitaron los recursos que recibían por parte del gobierno y después se les impuso candados para que operen.
De 2018 a 2020, el número de OSC activas en el país se ha reducido en 38%, al pasar de 22,508 a 13,876, de acuerdo con el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Actualmente, existe un registro de alrededor de 9,500 organizaciones civiles donatarias autorizadas por parte del SAT, para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta.
Para Lucía Hidalgo, ejecutiva de Alternativas y Capacidades, la nueva medida se suma a las barreras anteriores. Además, para estas organizaciones con todas las restricciones se incentiva la informalidad fiscal de las OSC y de las personas físicas. Y se afectará más a las asociaciones que ya habían dejado de recibir recursos federales desde 2019.
