Las organizaciones de la sociedad civil no solo aportan a la sociedad con apoyos a mujeres que viven violencia, migrantes, niñas y niños en situación de calle, poblaciones indígenas y a otros sectores vulnerables en el país, sino que también aportaron el 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
En 2020, pese a la pandemia por COVID-19 y a las medidas presidenciales que recortaron subsidios a las organizaciones civiles desde 2019, el valor del trabajo realizado por quienes laboraron en las instituciones no lucrativas fue de 647,654 millones de pesos aportados a la economía nacional, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro de México, 2020.
Y las instituciones sin fines de lucro generaron ese 3% del PIB aún cuando tuvieron una disminución del 10.1%, con respecto al año 2013, mientras que el total de la economía disminuyó en 7.9%.
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Esta medición refleja el impacto económico que tienen las asociaciones no lucrativas a nivel nacional, a través del cálculo del PIB que representa las actividades realizadas por estas instituciones. Son actividades como la resolución de problemas relacionados con la pobreza y el bienestar para la población en condiciones de vulnerabilidad.
Como lo explica el INEGI, estas instituciones sin fines de lucro son el conjunto de asociaciones civiles, instituciones y movimientos sociales organizados alrededor de actividades no lucrativas, como las organizaciones de la sociedad civil (OSC), asociaciones religiosas, de autoayuda, organizaciones políticas y las instituciones filantrópicas.
Trabajo de las organizaciones civiles a contracorriente
Sin embargo, en los últimos dos años las asociaciones han tenido que sortear varias dificultades para realizar su trabajo. El 14 de febrero de 2019 comenzó la crisis de las organizaciones civiles. Solo dos meses después de que asumiera la presidencia Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno dejaría de apoyar a las OSC, porque había detectado actos de corrupción -que nunca se comprobaron- y porque los recursos no llegaban a manos de las personas beneficiarias.
Contrario a las opiniones del presidente López Obrador las organizaciones han documentado los aportes y la necesidad de su existencia para la democracia en México, señaló Juan Martín Pérez, coordinador Regional de la Iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
En su opinión, lo más crítico es que en estos casi dos años de haber establecido dichas medidas no se están generando espacios en la sociedad de análisis o de exigibilidad, por el contrario “se está generando un espacio agreste y hostil contra las organizaciones”, que mina la confianza y la posibilidad de que las y los ciudadanos organizados en OSC puedan brindar un servicio más integral, nos dijo en entrevista.
Como señala el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) la importancia de las organizaciones sociales no solamente se debe al número de recursos o de empleos que genera sino también a las actividades “insustituibles” que realiza.
Las organizaciones de la sociedad civil son grupos que nacen desde la ciudadanía para atender a grupos o necesidades de las que el gobierno no se ocupa o para las que el Estado no se da abasto. Las hay desde culturales, deportivas, políticas, feministas, indígenas, de personas con discapacidad, entre muchas más causas.
Estas OSC están reguladas en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y por esto pueden recibir subsidios de las dependencias del gobierno.
En 2019, cerca de 1,500 organizaciones de la sociedad civil atendieron a alrededor de 42 millones de personas, de las cuales 57% fueron mujeres, como lo registró la organización Pulso OSC.
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Aportes a la economía y bajas laborales por la pandemia
Del total que aportaron las instituciones sin fines de lucro en 2020, las instituciones públicas representaron 1.7%, las actividades de las asociaciones privadas contribuyeron con 0.7%. Y el restante 0.6% correspondió al valor económico del trabajo de las personas voluntarias.
Este 3% del PIB fue generado principalmente por los servicios de enseñanza y de investigación (49%), seguido de los servicios de desarrollo y vivienda (13.5%), actividades religiosas (10.8%), tareas de salud (7.2%), servicios sociales como albergues, asilos o casas hogar (6.3%), derechos, promoción y política (5.5%), principalmente.
El total de los puestos de trabajo ocupados en todas estas instituciones fue de 2,419,881 que representa 6.5% del total de puestos de la economía nacional. Y de este total de puestos 1,579,869 fueron remunerados y 840,012 fueron voluntarios.
Pero el número total de puestos laborales disminuyó en 9.3%, respecto a 2019. El Cemefi detalla que de 2018 al 2020 hubo una reducción de los trabajos voluntarios en las instituciones privadas. En 2019 hubo una caída de 9% en relación al 2018, mientras que en 2020 la caída fue del 20%, que representa 423,694 personas voluntarias menos.
Esto afectó principalmente a las mujeres voluntarias, quienes entre 2019 y 2020 disminuyeron su participación en 30.9% y los hombres redujeron su participación en 10.3%, según el INEGI.
Una de las razones de esta disminución “podría ser el confinamiento derivado de la pandemia”, señala el Cemefi.
Las principales actividades que lleva a cabo el voluntariado, explica el Cemefi, “forman parte de las necesidades primordiales para la sociedad como son la promoción de derechos y participación, los servicios sociales, el desarrollo social y la vivienda”.
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Agenda política y derechos humanos afectados
Frente a este contexto adverso para el trabajo desarrollado por las OSC y las instituciones sin fines de lucro, las medidas adoptadas por el presidente López Obrador además de afectar directamente a las OSC y a la población que recibe los servicios, genera un ambiente de duda que está afectando la calidad democrática en México, nos comentó Juan Martín Pérez.
Por su parte, Carlos Cruz Santiago, director de Cauce Ciudadano, nos explicó que con estas medidas gubernamentales también se ha afectado una serie de áreas de intervención social como en prevención de la violencia, el derecho a la ciudad, el derecho a la organización social para defender el agua y el ambiente.
“Hay una batería de intervenciones (de las OSC) que han quedado cortas y por eso tenemos un incremento en el número de personas adolescentes y jóvenes involucradas en el crimen organizado”, nos dijo en entrevista.
Cruz Santiago sostuvo que es necesario recuperar estas agendas y para ello se requiere dialogar con el Estado, “no puede haber un proceso de anulación, porque ahí perdemos capacidades” de construcción con la sociedad.
