La clase política -en particular el Congreso– atraviesa por un gran descrédito ante la ciudadanía, en gran medida porque en lugar de dialogar por el bien común recurren a los insultos y descalificaciones cuando hay diferencias. Ante esto, politólogos consideraron que la sociedad debe involucrarse más en el debate público para evidenciar y rechazar a los representantes populares que solo velan por sus intereses personales.
“El principal incentivo para que un político actúe bien y haga su trabajo tiene que ver con la competencia (electoral). ¿Cómo volver más competitivo a todo el sistema político? Pues en la medida en que la ciudadanía pueda constantemente evaluar, comparar, que tenga alternativas”, nos explicó el doctor en Ciencia Política Jorge Márquez.
Por su parte, el profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Joel Ortega nos aclaró que ninguna ley o reforma legislativa cambiará el mal comportamiento de los políticos, ya que -precisó- “es un problema de cultura política y eso tiene que cambiar a través del involucramiento de la propia sociedad, presionando a los políticos, a nuestros representantes”.
Todo lo anterior se hizo evidente cuando el 19 de abril de 2023, senadoras del PAN y Morena protagonizaron un show de insultos y alegatos durante la ceremonia solemne en la que el Senado otorgó la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska. Fue uno de los más recientes espectáculos de agresiones y descalificaciones sin sentido que suelen dar las y los legisladores de todos los partidos durante las sesiones del Congreso de la Unión.
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¿Se puede regular la conducta de nuestros representantes populares?
Los académicos Jorge Márquez y Joel Ortega coincidieron en que ninguna legislación garantizaría el buen comportamiento de las y los legisladores federales. Ambos nos dijeron que una medida más efectiva sería la vigilancia ciudadana, aunque reconocieron que prevalece un desinterés generalizado de la sociedad sobre el acontecer político y legislativo.
“La regulación y la sobrerregulación al final no ayudan en nada; no es tan fácil producir un código de ética más allá de las propias normas que ya existen. En la mayoría de países donde las democracias funcionan bien, los políticos tienen que ponerse un límite a sí mismos porque simple y sencillamente les gana la competencia (electoral)”, señaló Márquez.
El también profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM nos precisó que la gente no puede dedicarse de tiempo completo a la política, por lo que se necesita de “traductores ciudadanos” que simplifiquen lo que pasa en el Poder Legislativo y den datos útiles a la ciudadanía.
“Que nos digan, por ejemplo, ‘¿sabías que tu diputado ha legislado esto? ¿Sabías que tu diputado votó así? ¿Sabías que tu diputado fue el que hizo el ridículo al levantarse con una máscara?’”, abundó Jorge Márquez.
Mientras que el autor de diversos estudios sobre participación política Joel Ortega nos indicó que en México hay una baja presencia de la ciudadanía en organizaciones civiles, vecinales, sindicatos o que defiendan alguna causa, como la ambiental o la de los derechos humanos.
“En la medida en que nos involucremos más en la política, también vamos a presionar más a nuestros representantes, así como también necesitamos de partidos políticos menos ensimismados y más abiertos a la sociedad”, añadió el académico.
Faltan partidos más democráticos y competitivos
El también internacionalista Jorge Márquez nos explicó que las candidaturas plurinominales (que llegan al Congreso sin el voto directo y sin hacer campaña) impiden la competencia electoral, al no dejar que la ciudadanía pueda decidir si merecen o no estar en el Poder Legislativo.
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“Los partidos en muchas ocasiones colocan gente que ante la ciudadanía es impresentable, pero que para los partidos son muy importantes, entonces llega gente indeseable aunque tiene el blindaje justamente porque los sacan de la competencia”, abundó el politólogo.
“Tampoco ayuda el hecho de que en este sexenio, el 80% de las elecciones las gana un mismo partido (Morena), porque justamente en la medida en la que eso va determinando la competencia los políticos de ese partido no tienen incentivos para ponerse algún límite”, nos aclaró Márquez.
Al respecto, el sociólogo Joel Ortega nos indicó que para tener partidos más democráticos sí son necesarias reformas legislativas: “que sea mucho más fácil hacer un partido político porque en la actualidad tienen un monopolio, es muy complicado. Lo vimos con las candidaturas independientes: los requisitos eran tan altos que solamente gente de la propia clase política podía acceder; fue imposible juntar las firmas (para lograr la candidatura)”.
¿Y los legisladores chapulines?
Al consultarlos sobre uno de los ejemplos más claros del pragmatismo político en México, los llamados chapulines (personajes que cambian de partido o bancada legislativa de un día para otro), Jorge Márquez y Joel Ortega señalaron que sería positivo evitar esa práctica mediante alguna normatividad o reforzando la democracia al interior de los partidos.
A los especialistas se les recordó que, por ejemplo, en Chile existe desde 2016 una ley que evita el chapulinismo por parte de los políticos. ¿Sería conveniente una legislación similar en nuestro país?
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Jorge Márquez, también investigador en temas de gobernabilidad y desarrollo sustentable, nos respondió que está a favor de una legislación similar, pues “la disparidad tan radical de recursos vuelve muy tentador irse a otro partido; es un problema muy grave que tenemos: hay una compra permanente de liderazgos”.
El experto recordó que otro incentivo que hay en México para no cambiar de partido es la reelección: “la reforma aprobada al principio del sexenio de Enrique Peña Nieto dice que sí hay reelección para legisladores, pero debe ser por el mismo partido. Ahí vemos un incentivo muy claro, porque si te cambias no te vas a poder reelegir”.
Márquez nos dijo que en la ley electoral y en la que rige la operación del Congreso se debe generar un sistema de incentivos para evitar a los chapulines: “uno de los más importantes sería revisar muy bien el asunto del presupuesto de los partidos, porque no puede ser que otra vez estemos en el sistema de partido hegemónico en el que uno solo tiene tres o cuatro veces más dinero que todos los demás, y además tiene muchísimo dinero del propio gobierno”.
El politólogo propuso un “bono de permanencia” para que, por ejemplo, las y los legisladores que cambien de partido no tengan derecho a contar con asesores, o a pertenecer a alguna comisión legislativa: “esto se justifica al decirle al diputado: le estás fallando a la ciudadanía; a ti te eligieron con una plataforma que era exactamente la contraria a la que te estás yendo ahora”.
Finalmente, Joel Ortega dijo que podría funcionar una legislación para erradicar a los chapulines, aunque insistió en que el problema es más de fondo: “no tenemos partidos políticos democráticos, pero en la medida en que haya más involucramiento de la sociedad, pues va a haber más capacidad de castigar ese tipo de comportamientos”.
