México no puede obtener una soberanía energética sesgando la inversión a un solo flanco, ya sea el privado o el gubernamental, porque la inversión requerida es inmensa, y porque, de no permitir la participación de la iniciativa privada se estaría promoviendo la monopolización de los servicios.
En lo anterior coinciden tanto la economista Adriana Garcia, coordinadora de Análisis Económicos de México, ¿Cómo vamos?, como el físico y doctor en Economía, Jorge Marcial Islas Samperio, investigador titular del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Autónoma de México.
El portal México ¿Cómo vamos? realizó un análisis sobre la importancia de la electricidad que es indispensable para la vida cotidiana y laboral, pues cerca del 50% de los empleos dependen de cuatro sectores (manufactura, servicios del sector energético, comercio al por menor y minería), y estos realizan el 82% del gasto en electricidad en el país.
También te puede interesar: Impacto negativo y legal en EU y Canadá, una de las consecuencias de la reforma energética
“Para mantener estos empleos, necesitamos más electricidad, sin apagones. Para detener el deterioro climático, necesitamos inversiones en energías renovables”, se lee en el análisis.
Para Islas Samperio existen aciertos de la administración de López Obrador que no son muy visibles, pues están muy eclipsados por el tema de los hidrocarburos, que es el sector donde más se han ido las inversiones gubernamentales y consideró que el planteamiento de la producción nacional de gasolina “no es algo malo”.
“Y qué bueno sería que lo pudiéramos hacer en los otros energéticos que no dependen de los hidrocarburos, pero el problema es que no hay dinero para todo. En los hechos veo que (el gobierno de México) está haciendo inversiones fuertísimas en el tema de hidrocarburos, especialmente en el de gasolinas, ahí se está haciendo un esfuerzo grandísimo”, afirmó.
La CFE debe trabajar para la sociedad mexicana, no viceversa
Adriana García, también experta en finanzas públicas, recordó que el tema en discusión sobre la reforma eléctrica debe considerar la violación de los preceptos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.
El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en él se exponen diferentes beneficios para México en el sector energético -y en otras áreas- como por ejemplo, lograr el reconocimiento pleno de la soberanía de México y de su capacidad para reformar el marco jurídico doméstico, incluida la Constitución.
Además busca reafirmar la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de México sobre el petróleo y los demás hidrocarburos disponibles en su territorio y establecer mecanismos a través de los cuáles se pueda brindar certidumbre jurídica a los prestadores de servicios, exportadores, importadores e inversionistas que actualmente participan en el sector energético.
Las modificaciones constitucionales que se discuten en torno a la reforma eléctrica son principalmente darle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) preferencia para que pueda generar la mayoría de la electricidad sin importar el costo o el nivel de emisiones contaminantes.
Te puede gustar: Si se aprueba la reforma eléctrica, CFE tendría que invertir miles de millones de pesos en sus plantas
Esto implica limitar la participación de la iniciativa privada, aun cuando ofrezcan un menor costo de generación o energía con menos emisiones contaminantes.
Sobre esto, la economista explica que esta medida le dará control a la CFE sin obligarla a mejorar la calidad del servicio que ofrece a la ciudadanía.
La reforma también busca eliminar los órganos reguladores autónomos que tienen como misión que el país tenga energía cada vez más limpia y barata, y son quienes que hoy garantizan la competencia en libertad entre CFE y otras empresas que se dedican a generar electricidad.
Sin esta intervención regulatoria, en consideración de Adriana García, la sociedad mexicana es quien terminará rescatando a un organismo que, no solo padece de carencias estructurales y de servicio, sino que tendrá la posibilidad de establecer el margen del precio de la luz eléctrica sin necesidad de deliberar con los competidores.
“La ciudadanía estaría trabajando en beneficio de la CFE, y no la CFE en favor de las y los mexicanos”, afirmó.
García también explicó que los incumplimientos diplomáticos en torno a la carencia de certidumbre jurídica que implica la reforma eléctrica, no es el único problema con su planteamiento, sino que además, también viola lo establecido en el Acuerdo de París, del que México forma parte desde el 12 de diciembre de 2015.
El principal objetivo de este acuerdo entre líderes internacionales es “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados”.
Quizás quieras leer: Dialogar, el desafío de Morena para lograr aprobar reformas clave
En el mismo sentido, Jorge Marcial aseguró que en temas de electricidad “sí se están modernizando las centrales hidroeléctricas que habíamos tenido muy descuidadas y que estaban produciendo menos” y añadió que la modernización y repotencialización de las centrales ayudará a tener más energías renovables y limpias.
Sin embargo, el físico acusó que hay temas que siguen sin ser atendidos.
“Hay temas que yo no veo que se muevan, por ejemplo, el de la energía geotérmica lo veo dormido, el tema de la energía eólica y solar, son las que más crecieron en estos años, pero me preocupa que haya habido poca inversión pública, donde creo que también deberíamos equilibrar la inversión en estos tipos de recursos”, concluyó.
