Convertidas en un “barril sin fondo”, las pensiones para las personas adultas mayores representan un desafío para el Estado mexicano, toda vez que carece de los recursos suficientes para financiar esos apoyos que se irán incrementando conforme avance el acelerado envejecimiento de la población.
Y es que ni siquiera la polémica desaparición de fideicomisos públicos que ha llevado a cabo la 4T contribuiría a dotar de los recursos necesarios para que el gobierno cumpla su objetivo de dar una pensión digna a 11.5 millones de personas de 65 años y más que hay en el país.
“Si se le quisiera dar un apoyo significativo a la población en edad de retiro, esto sería sumamente oneroso para el Estado mexicano… hay que tener en cuenta que la población de adultos mayores está creciendo de manera muy acelerada, pues para 2050 va a ser de 26.8 millones, más del doble de las que viven hoy en día”, nos explicó al respecto Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“Va a ser todavía más complicado dar un apoyo a esta población en 2050… sería sumamente costoso para el sector público obtener los recursos necesarios y para poder sostener (esas pensiones) el gobierno tendría que endeudarse, o bien recortar gasto en áreas fundamentales como seguridad, educación, salud o inversión pública”, abundó el economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Te recomendamos: Adultos mayores son usados como “botín electoral”, pero maltratados en el IMSS
No hay dinero que alcance
En 2020, el Congreso de la Unión aprobó la extinción de 109 fideicomisos públicos, cuyos fondos se destinarían a temas de salud y al financiamiento de programas sociales. De esos recursos, más de $135 mil millones de pesos eran del Fondo de Salud para el Bienestar, el Fondo de Desastres Naturales, y los fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Para la desaparición de los 109 fideicomisos, el Ejecutivo federal argumentó la “falta de transparencia y corrupción” en el ejercicio de esos recursos públicos. Sin embargo, hasta la fecha no hay denuncias al respecto y no se ha castigado a algún funcionario por ello.
Más recientemente, en octubre de 2023, el Congreso de la Unión aprobó la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, equivalentes a más de $15 mil millones de pesos. En tanto, según otros reportes, el gobierno de la 4T y Morena en el Congreso han extinguido 300 fideicomisos en distintos rubros, sin que se sepa el destino de esos fondos millonarios.
De acuerdo con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, al 30 de junio de 2021 aún había 301 fideicomisos públicos con disponibilidad de $508,420 millones de pesos, equivalente al 8% del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.
En ese sentido, Diego Díaz nos precisó que en la iniciativa de reforma constitucional al sistema de pensiones, que presentó López Obrador el 5 de febrero de 2024, se planteaba la posibilidad de que los recursos que resultaron de la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial se transfirieran al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Más información: Son dos fondos y dos iniciativas: ¿qué pasaría con tus ahorros para el retiro?
En cambio, en otra iniciativa para crear también un Fondo de Pensiones para el Bienestar –presentada por Morena en la Cámara de Diputados en abril de 2024 y que causó polémica por plantear una supuesta expropiación de los ahorros de las y los trabajadores- no se señala de manera explícita como fuente de financiamiento los recursos que se obtengan por la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, aclaró el especialista.
“No obstante -apuntó Díaz- en la iniciativa de Morena sí aparece un concepto que se llama ‘aportaciones adicionales’, según el cual el gobierno federal podría empezar a transferir recursos que disponga y que podrían ser o no resultado de la extinción de algunos fideicomisos, como los que se han realizado en años anteriores o que se lleguen a concretar en los siguiente meses”.
“Si estos $15 mil millones de pesos (obtenidos de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial) llegaran a entrar al Fondo de Pensiones, pues seguramente alcanzarían para un subconjunto de trabajadores y para un periodo limitado, aunque esto también dependería del monto que se quiera dar y a cuántos trabajadores se les dé este beneficio”, nos dijo el también maestro en Administración Pública y Políticas Públicas por el Tec de Monterrey.
Y es que -advirtió Diego Díaz- tan solo las pensiones del Bienestar para las personas adultas mayores, -que destinan actualmente $3 mil pesos al mes- van a costar al erario poco más de $2 billones de pesos para el año 2050. “Actualmente este programa tiene un presupuesto de $465 mil millones de pesos; es decir que el aumento será de 138.5%, en términos reales”, detalló el experto.
La presunta corrupción en fideicomisos, una “excusa”
Ya dijimos que el gobierno de la 4T eliminó decenas de fideicomisos por su presunta “opacidad” en el manejo de los recursos públicos, y sin embargo la iniciativa de reforma al sistema de pensiones del 4 de abril de 2024 establece que la Secretaría de Hacienda deberá constituir un fideicomiso público, denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual sería administrado por el Banco de México.
Quizá quieras leer: Ahora van por tus ahorros
“Es difícil conocer cuál fue el criterio a partir del cual el gobierno federal decide desaparecer o crear fideicomisos; en ese sentido es complicado de entender el rasero a partir del cual está evaluando los distintos fideicomisos”, nos señaló sobre este punto el integrante del IMCO.
“El tema de la supuesta corrupción fue más una excusa del gobierno para apropiarse de esa bolsa de recursos, y así poder financiar sus programas sociales prioritarios y también sus obras de infraestructura emblemáticas”, consideró Díaz.
“Se satanizó a los fideicomisos sin tener -en algunos o en muchos casos- los elementos suficientes para acreditar corrupción o un mal uso de los recursos públicos por parte de distintos organismos. Al final de cuentas se afectó a diversos sectores de la población”, añadió el experto en temas de transparencia.
En el caso del fideicomiso que se propone para administrar el Fondo de Pensiones del Bienestar, Diego Díaz nos señaló que no se incluyen disposiciones específicas en materia de transparencia, por lo que hay suspicacias de que podría ser un fondo que tal vez no permita conocer de manera clara los recursos que obtenga y cómo los termine ejerciendo.
“Siempre existe la posibilidad de que se genere información muy escueta que no nos permita realmente entender el funcionamiento interno (del fideicomiso), y esto sería muy grave precisamente porque se contemplan recursos de trabajadores que en su momento no los reclamaron (a sus Afores)”, concluyó el experto en economía y finanzas públicas.
