En México el acceso a la justicia es difícil para toda la ciudadanía, pero para las mujeres el panorama es aún más complejo y aunque se han creado mecanismos especializados en la atención de delitos contra ellas, aún falta camino por recorrer.
Una de las principales razones es que en la impartición de justicia los cargos de toma de decisiones han estado bajo la dirección de hombres, quienes tienen poca o nula perspectiva de género y esto lleva a una revictimización de la denunciante, nos explicó la abogada Elvira Cedillo.
“Aunque esta situación está cambiando en algunos Ministerios Públicos, hasta no hace mucho tiempo si una mujer iba a denunciar una violación tenía que ser atendida por el médico en turno para realizar la exploración física, que resultaba ser hombre, casi con nulo conocimiento de la perspectiva de género ni sensibilización hacia la situación de vulnerabilidad que acababa de vivir la víctima”, ejemplificó Cedillo.
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La experta resaltó la importancia de contemplar las circunstancias de la mujer en las que el delito se cometió, sobre todo al tratarse de temas sensibles como delitos sexuales y violencia intrafamiliar.
“En el caso de la Ciudad de México, cuando no tienen médicos especializados te pueden enviar a un hospital público donde te puede explorar un ginecólogo, ginecóloga o un especialista, pero esto antes era imposible”, nos dijo.
Además hay que poner sobre la mesa que la cultura machista que aún persiste en México tiene influencia en el trato que se le da a las mujeres en las instancias de impartición de justicia, incluso las mismas autoridades revelan conductas discriminatorias o intimidantes.
“Por ejemplo en caso de violencia intrafamiliar, se escuchaban frases como ‘la golpeó su marido porque se lo merecía’. Ese tipo de comentarios cuando una mujer vive la experiencia dentro de un Ministerio Público donde el entorno está masculinizado, dónde las prácticas de los policías están masculinizadas, simplemente desalienta que como mujer te tomes el tiempo para levantar una denuncia”, detalló la abogada.
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Estas situaciones que parecen irreales pasan en la vida de las mujeres mexicanas, explicó la abogada, y añadió que en otro tipo de delitos que no tienen que ver precisamente con género los delincuentes saben que es menos probable que una mujer realice la denuncia si la intimidan e infringen miedo, “esto es parte del actuar criminal y obstaculiza el acceso a la justicia”.
La paridad de género en las instancias es una avance, pero falta capacitación
José Antonio Álvarez León, investigador adscrito al Programa de Derecho y Política Criminal de la UNAM, considera que en términos de paridad de género dentro de las instituciones de justicia no es suficiente solamente lograr los mismos porcentajes de participación en los cargos de toma de decisiones, sino que se tienen que tomar en cuenta las estructuras de las instituciones y la capacidad de los funcionarios.
El experto reconoció que existe un sesgo de género en términos de dominio en los cuerpos policiacos, en los que incluso mujeres que llegan a cargos altos pueden encontrar una resistencia machista muy fuerte por lo que es difícil conocer a investigadoras mujeres, por ejemplo, pues normalmente son hombres quienes acceden a esos puestos.
El especialista nos dijo que esta situación puede inhibir la denuncia en la práctica social, pues una mujer víctima de un delito convencional -como robo a casa habitación, asalto, robo de vehículo, entre otros- tiene que lidiar en ciertas estructuras con oficiales hombres, con investigadores hombres, que llegan a hacer preguntas incómodas, las tratan de una manera diferente o que simplemente por ser mujer las obstaculizan o no le dan importancia a su caso.
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Sin embargo, independientemente del género que predomine dentro de las estructuras institucionales, la capacitación en perspectiva de género y del correcto actuar de la justicia es aún insuficiente y eso tiene que atenderse, resaltó Álvarez León.
“Por esto es importante que ya haya una secretaria de Seguridad Ciudadana –Rosa Icela Rodríguez– porque en términos de lo penal sí había una masculinización. Ya que aunque actualmente en las áreas periciales se ha disminuido esta brecha -pues existen cada vez más mujeres en áreas de criminalística y forense- en las estructuras policiales sigue habiendo un rezago”, detalló Álvarez.
Los delitos de impacto están percibidos como delitos cometidos por hombres
Una de las deficiencias que encuentra el abogado José Antonio Álvarez León es que en los delitos de impacto -como el homicidio, el secuestro, la trata de personas- las percepciones y los estudios científicos de corte criminológico no incluyen herramientas o elementos de discrecionalidad que puedan distinguir diferencias entre hombre o mujer para saber cómo tratar el delito.
“Por ejemplo, narcomenudeo y en general los casos de narcotráfico, están enfocados de alguna manera hacia los hombres. Aquí a la mujer que comete delitos contra la salud se percibe más como cómplice o víctima que como ejecutora. Y ahí puede haber un sesgo, porque una mujer puede ser delincuente como puede ser víctima”, nos dijo.
Y resaltó que en los delitos de impacto, más que en los convencionales, se nota una perspectiva masculinizada donde no existen herramientas criminológicas que ayuden a distinguir entre géneros como víctimas o como activos, “no las tenemos claras en este país”.
“Incluso cuando aparecen personajes como el que interpretó la actriz Kate del Castillo en la serie La reina del sur, llama la atención el hecho de que sea una mujer con cargo de dominio dentro del crimen organizado. En las estructuras judiciales se percibe como si los protagonistas de crímenes como narcotráfico o de trata fueran únicamente hombres y creo que aquí tenemos un problema, porque no necesariamente es así”, explicó el experto.
Esta situación se deriva de las históricas afectaciones que la violencia machista ha tenido sobre nosotras desde hace décadas en nuestro país, donde si bien las mujeres han ganado terreno y exigido por medio de la movilización ciudadana y las organizaciones que se atiendan los delitos contra sus derechos humanos, aún falta afinar desde las bases institucionales las herramientas que nos permitan un eficaz acceso a la justicia.
