¿Qué pasa en Tabasco, el estado natal del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿La reciente ola de violencia por parte de grupos criminales es una advertencia o un desafío al mandatario? ¿Por qué se empeña el gobierno federal en minimizar los hechos al tiempo que manda miles de elementos para “reforzar la seguridad” en la entidad?
Desde finales de 2023, el estado sureño se ha visto envuelto en diversos hechos violentos que han aterrorizado a la población, y que rompieron la calma en una zona donde aparentemente prevalecía la tranquilidad.
Según los reportes periodísticos, la noche del viernes 22 de diciembre de 2023 fue una pesadilla para Tabasco debido a dos motines en penales estatales que dejaron al menos dos muertos. Al mismo tiempo, bandas delictivas quemaron por lo menos 16 vehículos en los municipios de Centro, Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso.
Incluso corrió como pólvora la versión de que presuntos criminales pretendieron atentar contra Hernán Bermúdez, quien aún era secretario de Seguridad Ciudadana estatal, lo cual fue desmentido por el entonces funcionario.
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En una segunda ola de violencia, el 4 de enero de 2024, hombres armados -y en algunos casos encapuchados- cometieron más de 20 asaltos simultáneos a tiendas, comercios, gasolinerías y particulares, lo que provocó gran alarma entre la población.
En medio de esta crisis de violencia, Bermúdez renunció al cargo el 5 de enero de 2024. De acuerdo con medios informativos, el ex secretario apareció en reportes de inteligencia militar como líder de un grupo delictivo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El gobernador morenista Carlos Manuel Merino tuvo que dar un mensaje por televisión para decir que “Tabasco no es ni será rehén de la delincuencia”, al tiempo que confirmó el arresto de ocho presuntos asaltantes.
“Estado estratégico para el crimen”
Con todo este contexto, el especialista en seguridad nacional Javier Oliva nos explicó que Tabasco es un festín para el crimen organizado por sus características geográficas, al ser un estado fronterizo con Guatemala y paso obligado de las caravanas migrantes.
“Ante las crisis de migraciones forzadas, como sucede en el caso de Chiapas u otros estados de tránsito obligado, esas caravanas padecen también expresiones criminales, tales como extorsiones, secuestros o reclutamientos forzados, entre otros delitos”, dijo el profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
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Y sobre este reciente ciclo de violencia en Tabasco, Oliva nos aclaró que es una situación que se observa en la mayoría de los estados del país ante “la inexperiencia o desconocimiento del gobernador o gobernadora en materia de seguridad pública, y esto se traduce evidentemente en escenarios de inestabilidad”.
El también investigador en temas de Seguridad Internacional e Inteligencia rechazó que los hechos criminales en Tabasco sean una amenaza directa o un mensaje contra López Obrador: “sí es un desafío al gobierno estatal, pero no al presidente como persona, como tabasqueño; lo descarto por completo”.
Negación de la realidad
Tras las semanas de violencia en ese estado, el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Morán, afirmó que los hechos fueron provocados por bandas criminales locales y negó la presencia de cárteles en la entidad. Previamente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal había señalado que lo ocurrido la noche del 22 de diciembre de 2023 fue “un incidente entre dos particulares que se salió de control”.
Mientras que desde un primer momento, López Obrador minimizó la situación al considerar que tuvo “propósitos propagandísticos”. Y en una gira por Tabasco, el 2 de enero de 2024, el presidente condenó la “manipulación mediática” de la violencia en el estado.
Sin embargo, tres días después -el 5 de enero- fueron enviados 100 elementos de la Guardia Nacional a Tabasco para reforzar la seguridad. El mandatario anunció también el despliegue de más elementos y pidió a sus paisanos “mantener la tranquilidad”.
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A inicios de febrero de 2024 otro hecho vendría a enturbiar aún más la situación en el estado natal del presidente: en un video difundido en redes sociales, presuntos integrantes del CJNG anunciaron una “limpia” de criminales en Tabasco, y una confrontación directa contra ex miembros del cártel de Los Zetas.
En las imágenes se observa a hombres fuertemente armados, con uniforme militar y embozados, quienes culparon al grupo criminal La Barredora de la reciente violencia en Tabasco. Además, los supuestos sicarios aclararon que su “guerra” no es contra el gobierno de López Obrador, sino contra quienes “tienen aterrorizado a su estado”.
En respuesta, un día después de la difusión del video, el Ejército y la Guardia Nacional reforzaron la seguridad en Tabasco con el despliegue de 1,000 agentes más.
Respecto a la actitud de “no pasa nada” por parte de las autoridades, Javier Oliva nos precisó que desde el año 2000 a la fecha cada gobierno federal ha tratado de dar una explicación “bastante limitada” sobre la situación de inseguridad en el país.
“En el caso del actual gobierno, (su actitud) ha sido la de señalar que (la violencia) es responsabilidad de administraciones anteriores, o pone como justificación a la ‘Constitución neoliberal’. (El gobierno) pretexta sus resultados -que son muy limitados en materia de seguridad pública– a partir de no reconocer sus propios errores”, agregó el académico.
El especialista concluyó que en este año electoral “desafortunadamente lo más probable es que se mantenga la inercia de la violencia criminal, no solo en los estados gobernados por Morena”.
