América Latina es la región más peligrosa para quienes defienden los derechos humanos y México es el tercer país más mortal para estos activistas en el mundo, según el reporte de la organización internacional dedicada a la protección de estos grupos, Front Line Defenders (FLD).
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Según el reporte, los sectores más atacados son la defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, la libertad de expresión, los movimientos de protesta y la libre asociación, así como los movimientos de derechos de las mujeres o por la justicia y en contra de la impunidad.
El informe explica que las amenazas pueden venir tanto de actores estatales como de grupos criminales.
Defender los derechos humanos puede ser una sentencia de muerte
En 2022 la organización FLD investigó y corroboró los asesinatos de 401 defensores de derechos humanos en el mundo, 186 de los cuales murieron en Colombia, el país con más reportes de este crimen. Ucrania fue el segundo lugar con 50 defensores asesinados. México se encuentra en tercer lugar con 45, Brasil en cuarto con 26 y Honduras en quinto con 17 asesinatos de defensores.
Con la excepción de Ucrania, que se encuentra inmersa en una guerra con Rusia, cuatro de los cinco países más mortales para defensores están en América Latina.
En el continente americano, las principales amenazas que enfrentan las y los defensores de derechos humanos son la muerte, las agresiones físicas, los arrestos y las detenciones.
Pueblos indígenas
Integrantes de pueblos indígenas son de los principales defensores de derechos humanos y de territorio, pero su activismo en temas medioambientales los ha puesto en el centro de la violencia.
El informe detalla los despojos de territorio, la violencia y la criminalización como algunas de las amenazas principales que enfrentan estos pueblos.
En las islas Antigua y Barbuda han nombrado “terroristas económicos” a grupos que se oponen a la construcción de resorts de lujo en tierras comunales. Estos desarrollos, alertan los grupos, tendrán un gran impacto negativo en el medio ambiente y en las comunidades indígenas.
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En México, los defensores de derechos humanos que pertenecen a pueblos indígenas enfrentan ataques armados, desapariciones forzadas, violencia y asesinatos, dice el reporte.
En 2022 fueron asesinados 18 defensores que pertenecen a pueblos indígenas y los estados con más violencia en contra de activistas de pueblos indígenas fueron Oaxaca, Guerrero y Chihuahua.
Ataques contra mujeres
El reporte destaca la violencia que enfrentan las mujeres defensoras y los movimientos a los que pertenecen. El movimiento feminista en la región se ha convertido en uno de los blancos de represión y violencia.
La estigmatización y el uso de lenguaje misógino son prácticas comunes utilizadas por el Estado y los medios de comunicación para desacreditar los movimientos que protestan en contra de la violencia de género y los feminicidios, explica el reporte.
En abril de 2022 se desalojó violentamente a miembros de varios grupos feministas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Chimalhuacán. Esto, explica FLD, fue un ataque en contra de las mujeres y su movimiento.
Las mujeres indígenas en particular han sido atacadas por el Estado a raíz de su activismo. El caso de Kenia Hernandez es mencionado varias veces en el reporte debido a su gravedad. La activista del pueblo originario Amuzgo, coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive tiene diez cargos criminales en su contra y en 2022 fue sentenciada a más de veinte años por dos de ellos.
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Desde el año 2020, Hernández se encuentra en una prisión de alta seguridad sin la posibilidad de visitas de sus representantes legales o de su familia. Su detención y sentencias han sido denunciadas como un ataque en contra de su activismo y organizaciones defensoras de derechos humanos han dicho que los ataques en su contra han sido discriminatorios por ser mujer y pertenecer a un pueblo indígena.
Ataques por la vía legal
Varios estados han utilizado la lucha “contra el terrorismo” para justificar ataques en contra de defensores. Las leyes han sido utilizadas para restringir a las organizaciones de la sociedad civil y muchas han sido criminalizadas, espiadas y algunas han sido obligadas a cerrar sus puertas.
En Nicaragua por lo menos 2,000 organizaciones no gubernamentales fueron cerradas en 2022, y desde 2018 176 organizaciones feministas han desaparecido.
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El reporte cita el caso del mexicano Pablo López Alavez, líder indígena y defensor de derechos humanos, quien lleva más de 14 años detenido de manera arbitraria. Fue sentenciado a 30 años en prisión.
En 2007 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas determinó que su detención se debió a su trabajo como defensor y recomendó que se le liberara. Su caso se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
De igual forma el reporte explica que las y los periodistas y activistas encargados de documentar y recolectar evidencia sobre violaciones a derechos humanos y corrupción son uno de los grupos más atacados. En El Salvador, por ejemplo, está prohibido escribir y reportar sobre temas relacionados con las pandillas. Esto ha presentado un reto importante para quienes comunican sobre las violaciones a derechos humanos de la población privada de la libertad.
Espionaje y ataques digitales
En 2022, Front Line Defenders encontró que las principales amenazas digitales eran el bloqueo de internet, redes sociales y páginas, violencia y acoso en línea, la confiscación de aparatos; vigilancia, y la revelación de información personal.
En regiones como el Medio Oriente son comunes las políticas de restricción de acceso a la información con la excusa del combate al terrorismo. Sin embargo, en países como México y El Salvador, se ha utilizado el software de espionaje Pegasus en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
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En lugares como Israel, por ejemplo, emplean el bloqueo de contenido cuando se reportan sus ataques contra Palestina. Activistas y comunicadores palestinos han denunciado que las empresas de redes sociales han sido cómplices de las autoridades israelíes en censurar su contenido.
Cortar la comunicación y el acceso parcial o total a internet ha sido una práctica empleada por países como Irán, Myanmar, Sudán, Kazajistán y Tayikistán durante momentos de protestas. Esto, explica FLD, es una violación a los derechos de asamblea y expresión.
El reporte de Front Line Defenders aclara que si bien sus datos no son exhaustivos, ya que se basan en la información que tienen disponible, la información que presentan ayuda a entender la violencia a la que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos en el mundo. Y lo que reportan sobre América Latina es alarmante.
