El 2021 tuvo el mayor número de casos de feminicidio desde 2015. El año pasado 1,004 mujeres fueron víctimas de este delito, mientras que en 2020 se registraron 978 feminicidios y en 2019 fueron 973 casos, según el informe de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 20 de enero de 2022.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este 25 de enero, la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez Velázquez presentó el “Informe sobre acciones de igualdad y contra la violencia hacia las mujeres” en el cual admitió que la administración federal no ha hecho lo suficiente para atender la violencia contra las mujeres en el país.
“Como informamos el pasado 20 de enero, a diciembre de 2021 el feminicidio disminuyó 7% (con respecto al mismo mes del año 2020); mientras que, lamentablemente también, el delito de violación se incrementó en 30% comparado con el mismo mes del año anterior; además, la violencia familiar disminuyó 17% de mayo de 2021 a diciembre. Hemos avanzado, pero no lo suficiente”, dijo la funcionaria.
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Pero según se puede consultar en la Información sobre violencia contra las mujeres publicada el 25 de enero, los casos de feminicidio aumentaron 2.5% en 2021 en comparación con 2020. Asimismo, la violencia familiar creció 15.3%, al pasar de 220,031 casos en 2020 a 253,739 casos en 2021. Sin embargo, la secretaria de Seguridad destacó porcentajes entre meses y no mencionó estos aumentos en las cifras totales de 2021 con respecto a las del año anterior, 2020.
“Hay que tener mucho cuidado en sacar conclusiones de variaciones que van de un mes a otro, porque no nos permiten analizar un panorama más amplio. De acuerdo con las estadísticas del INEGI la tendencia de homicidios de mujeres está a la alza desde 2016 y con muy pocas variaciones”, nos comentó en entrevista Maïssa Hubert Chakour, subdirectora de la organización civil EQUIS Justicia para las mujeres.
Un dato que sí puntualizó la secretaria fue el incremento en el delito de violación en 2021 en comparación con el año 2020. Otra violencia contra las mujeres que presentó un aumento en 2021 fue la trata de personas. En el informe se señala que en 2020 hubo 454 casos de trata de mujeres y en 2021 este delito alcanzó los 503 casos, lo que significa un crecimiento de 9.7% en un año.
Intensificar medidas para combatir la violencia contra las mujeres
Debido a estos aumentos en las violencias contra las mujeres, Rosa Icela informó que en 2022 el gobierno de López Obrador tomará acciones adicionales para la atención de esta problemática.
Las primeras medidas son: intensificar el trabajo de revisión de carpetas de investigación por delitos como feminicidio, desde las Mesas Estatales y Regionales de Paz y la estrategia ‘Cero Impunidad’. Además de “coadyuvar” con las fiscalías estatales en investigaciones de feminicidio, a través del cuerpo especializado de la Guardia Nacional. Y “hacer un mayor esfuerzo” en prevenir delitos cibernéticos.
También prometió el fortalecimiento del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra las Violencias hacia las Mujeres, del gabinete de género y de las capacitaciones de elementos de seguridad.
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Igualmente, la secretaria federal informó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, ampliará sus servicios e invertirá 950 millones de pesos para construir y fortalecer Centros de Justicia para las Mujeres, operar Unidades locales de Atención y Refugios especializados para mujeres víctimas de violencia; así como para apoyar acciones en estados y municipios que cuentan con Alerta de Violencia de Género.
La secretaria también destacó que el presupuesto para 2022 destinado a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es “la mayor inversión en esta materia en la historia del país” con 233,732 millones de pesos.
Sin embargo, la asociación civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación documentó que la mayor parte de este presupuesto está destinado a los programas prioritarios del gobierno federal, como la pensión para las personas adultas mayores y sembrando vida “que no están dirigidos principalmente a promover la igualdad”, como lo reportamos en esta nota.
Medidas tardías
Para Ana Yeli Pérez Garrigo, directora de la organización civil Justicia Pro Persona, estas acciones gubernamentales “que ahora se anuncian como algo extraordinario es una deuda pendiente que tiene el Estado desde hace muchas décadas. Es una respuesta tardía y es resultado de una lucha constante de la sociedad civil” para visibilizar la violencia y el feminicidio.
El reto mayor para el actual gobierno es que no existe una política nacional de prevención de la violencia. En México parece que “esperamos a que pase el feminicidio para atenderlo”, consideró la experta Maïssa Hubert. No obstante, los problemas en la investigación de los casos de violencia y el feminicidio persisten.
Por décadas, las familias se han organizando para exigir a las autoridades que los casos de sus familiares mujeres asesinadas no se investiguen como homicidios, sino como feminicidios, nos comentó en entrevista María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Ésta es “la primera lucha que dan las familias” para que sus casos no queden en la impunidad.
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Tan solo de enero a diciembre de 2021 se registraron 2,746 homicidios dolosos, que son asesinatos violentos de mujeres que también tendrían que investigarse como posibles feminicidios y no únicamente los 1,004 casos de feminicidio que se registraron en el más reciente informe oficial.
“Son cifras que no están reflejando los contextos reales. La autoridad prefiere tener homicidios que tener cifras que le marquen más feminicidios” consideró la defensora de derechos humanos María de la Luz Estrada. Esto, ya que en promedio a nivel nacional solo 25% de los asesinatos de mujeres se investiga como feminicidio.
A nivel nacional sigue sin aplicarse la sentencia del amparo número 554/2013, de marzo de 2015, conocida como sentencia Mariana Lima Buendía, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esa sentencia indica investigar “toda muerte violencia de mujeres como un feminicidio y que la propia investigación descarte por qué no se acredita ese delito y no al revés”, nos explicó en entrevista la abogada Ana Yeli Pérez, quien representa legalmente el caso por el feminicidio de Mariana Lima, cometido el 28 de junio de 2010, y que aún no tiene un sentencia condenatoria contra su agresor.
Guanajuato es un ejemplo de cómo éstas resistencias a la implementación de la norma ayudan a ocultar una realidad y complejizan el problema, nos dijo la abogada.
En 2021 solo se registraron 34 feminicidios, pero si se analiza la suma de homicidios dolosos (344) y feminicidios, Guanajuato tiene en total 378 asesinatos de mujeres y ocupa el primer lugar en el número de homicidios dolosos. En 2015 el gobierno federal se negó a declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres en esta entidad.
Si no existe un diagnóstico, con cifras, que permita analizar los contextos de la violencia es muy difícil implementar políticas públicas para prevenir estos delitos contra las mujeres y niñas, explicó María de la Luz Estrada.
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Otros obstáculos institucionales que alimentan la impunidad
Las especialistas Ana Yeli Pérez y María de la Luz Estrada enfatizan que las investigaciones en casos de violencia y feminicidio son procesos muy largos. Además de que las personas servidoras públicas, impartidoras de justicia y peritos siguen sin integrar la perspectiva de género a sus trabajos.
“No podemos aceptar que estos servidores públicos, incluso con denuncias (por revictimizar, culpabilizar o maltratar a las víctimas y sus familiares) ocupen estos espacios”, sostuvo Ana Yeli Pérez.
El problema de las capacitaciones, en las que se destinan importantes recursos económicos, es la falta de evaluaciones del impacto, es decir si las personas servidoras públicas están implementando o no estos conocimientos en la realidad y por tanto conocer si están sirviendo, apuntó Maïssa Hubert, de EQUIS Justicia para las Mujeres.
Finalmente, sostuvo Ana Yeli Pérez, las acciones que el gobierno tome para subsanar estas deficiencias institucionales son las “mínimas indispensables” para un país que vive con el actual contexto de violencia feminicida.
