Aunque la idea la había deslizado desde unos días antes, en su conferencia del viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó tres preguntas para una eventual consulta popular para decidir si el Ejército debe realizar labores de seguridad pública en México.
La propuesta llega después de que la oposición asestó un fuerte golpe a Morena en el Senado, que no consiguió la mayoría calificada para ratificar la modificación a un artículo transitorio de la Constitución para permitir que las fuerzas armadas realicen labores de seguridad pública hasta 2028.
El cabildeo y las gestiones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, estuvieron muy cerca de conseguir que se aprobara el dictamen avalado por la Cámara de Diputados para extender la presencia del Ejército en labores de seguridad pública cuatro años más, pero se quedaron a un voto, por lo que la única salida fue regresar el dictamen a comisiones, donde se discutirá durante un plazo de 10 días.
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El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, adelantó que esta semana se convocará a todas las fuerzas políticas para construir, por consenso, una redacción alterna sobre el dictamen que busca extender la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública.
La idea, agregó, es que un grupo plural de alto nivel se encargue de construir una propuesta alternativa.
Sin embargo, con el anuncio de una consulta popular el presidente López Obrador intenta abrir otro canal para conseguir que las fuerzas armadas permanezcan en las calles hasta 2028.
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“Yo me quedé pensando ayer que lo mejor era hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto cupular; ya tengo aquí la propuesta de las tres preguntas”, dijo.
El mandatario reconoció que las preguntas deben formularse de manera correcta, pero adelantó su sentido.
Las preguntas son:
1. ¿Estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y su desempeño hasta ahora?2. ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labores de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo 2024?
3. ¿Cuál es tu opinión que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública?
López Obrador adelantó que la consulta para decidir la permanencia del Ejército en seguridad pública no la realizará el Instituto Nacional Electoral sino la Secretaría de Gobernación.
“No considero que se deba hacer con el INE. Hay que buscar legalmente si existe un mecanismo. Parece que sí se puede a través de la Subsecretaría de Gobernación, legal, aun cuando no sea vinculante”, dijo.
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El presidente argumentó que la decisión de la participación del Ejército en labores de seguridad pública es un asunto que le concierne a la ciudadanía y no sólo a las cúpulas de la clase política e intelectual de México.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, publicada este mes, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional son de las instituciones con mayor confianza ciudadana.
La encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que 89.6% de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira con mucha o algo, seguida del Ejército, con 87.1%, y la Guardia Nacional, con 80.9 %
Sin embargo, según el INEGI estas cifras representan un cambio estadísticamente significativo con respecto al ejercicio de 2021, pues la Marina tenía un 90.2%, el Ejército 87.8 y la Guardia Nacional 82.7%.
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Las cifras contrastan con la desconfianza hacia la policía preventiva municipal y la policía de tránsito, que en la encuesta de 2022 apenas alcanzan un 52.7% y 45.0%, respectivamente.
La ruta para una consulta popular
La solicitud de consulta popular es un derecho de la ciudadanía que está en el Artículo 35, párrafo VIII de la Constitución, en el que indica que los ciudadanos podrán votar en las consultas sobre temas de trascendencia nacional o regional.
La Constitución señala que el presidente de México tiene la facultad de solicitar una consulta, así como el Congreso de la Unión si las tres terceras partes de cada Cámara están de acuerdo y la ciudadanía, si un número equivalente al dos por ciento de la lista nominal de electores la solicita.
La ley establece que para que una consulta sea considerada vinculatoria, es decir, que se haga valer en la ley, debe participar al menos el cuarenta por ciento de los electores registrados en la lista nominal. También acota cuáles son los temas que pueden ser sometidos a consulta, la cual, de acuerdo con la Constitución, la debe organizar, difundir, instrumentar, computar y publicar el Instituto Nacional Electoral.
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Sin embargo, de acuerdo con el mismo artículo 35 de la Constitución y con la Ley Federal de Consulta Popular, asuntos como la restricción de derechos humanos, el sistema financiero, el presupuesto, las obras de infraestructura en ejecución y la seguridad nacional no podrán ser objeto de una consulta popular.
El Artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular también establece los tiempos en los que se debe realizar la consulta.
Gracias a una reforma impulsada por la oposición en 2019 se estableció que la consulta se haga el primer domingo de agosto, y no el primer domingo de julio, lo que terminó por aumentar los costos de este ejercicio, pues la idea inicial era conjuntarlo con procesos electorales para aprovechar la logística.
Por ello, la petición de consulta popular podrá presentarse ante cualquiera de las Cámaras del Congreso hasta el 30 de noviembre del año inmediato anterior al en que se pretenda realizar la jornada de consulta.
Luego del planteamiento de AMLO, la oposición reprobó el intento de buscar la militarización de la seguridad pública mediante una consulta.
Jorge Triana, del PAN, afirmó que el presidente busca recrear un escenario similar al de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“Como lo hizo con el NAICM, realizará una consulta al margen de la ley y del INE, sólo participarán sus simpatizantes”, aseguró.
Consulta del NAIM o cómo una consulta no vinculante modifica una obra
Andrés Manuel López Obrador ya era presidente electo cuando promovió una consulta que terminó por sepultar al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La consulta popular no fue vinculante ni fue realizada por ningún órgano de gobierno, sino por un consejo ciudadano, sin embargo definió el futuro de una obra que según el equipo del presidente electo costaba hasta 2018 alrededor de $285,000 millones de pesos, lo que contrastaba con el presupuesto planteado de $169,000 millones de pesos.
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El ejercicio fue realizado entre 25 y el 28 de octubre en 538 municipios a nivel nacional, los participantes rechazaron la construcción del aeropuerto.
La Fundación Arturo Rosenblueth, que se hizo cargo del conteo de los votos, informó que la consulta participaron 1,067,859 personas, de las cuales 747,000 (69%) apoyaron la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, mientras que 310,463 (29%) optaron por continuar con el NAIM. El número total de participantes fue menos del 1 por ciento de la lista nominal del padrón electoral en ese momento, pero fue el argumento para que Andrés Manuel López Obrador cancelara la obra.
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