Todos los días, Enrique y su hijo recorren las calles de la Roma y la Condesa vendiendo dulces y boleando zapatos. Desde las 9 de la mañana los dos llegan desde Los Reyes La Paz, una comunidad del Estado de México, a dos horas del Centro, y a veces terminan a las 11 de la noche.
El hijo de Enrique tiene apenas 6 años de edad, pero como su madre también labora, el niño tuvo que dejar la escuela. “No había quien lo recogiera, así que empezó a trabajar conmigo”, nos dice.
El niño lleva un corte militar. Tiene las rodillas de los pantalones de mezclilla rotas y lleva una playera desgastada del Rayo McQueen, de la película Cars. Nos contó que ya se acostumbró a trabajar y que le tomó unas semanas aprender a bolear los zapatos. Cursaba el primer grado de primaria, pero con el trabajo no sabe si volverá a la escuela.
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Al otro lado de la calle, donde políticos, empresarios y artistas comen en el restaurante Lardo, hay otro menor. Él se llama Joaquín y tiene 9 años. A Joaquín lo acompañan su hermana de 7 años y otro niño pequeño de 4 años. Joaquín toca el acordeón y sus hermanos cantan. Eso es lo que hacen desde que llegaron con su madre y su abuela a la Ciudad de México hace tres años. Son indígenas, hablan poco español y ninguno va a la escuela.
Esta imagen siempre ha sido común en las calles de la capital: niños vendiendo diversos productos, “payasitos” haciendo algún truco, diableros, cargadores o incluso como chalanes en construcciones, entre otras ocupaciones, a pesar de que el artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe “la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2,000,000 de niñas, niños y adolescentes, de los 28,500,000 millones que vivían en México en 2019 trabajaban en actividades no permitidas, que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo son empleos en bares, cantinas o que pongan en riesgo la integridad, el desarrollo y la salud física y mental de los menores.
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Mediante un comunicado, el pasado 9 de junio el Instituto informó que del total de menores que laboraba en condiciones y actividades que les implica un riesgo, 93.8% lo hacía en trabajos no permitidos, y de éste, “55.9% lo hizo en ocupaciones peligrosas y 44.1% tenía menos de 15 años”.
En México es una realidad el trabajo que desempeñan niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, como vendedores ambulantes o bien, en las labores en el campo.
Justo las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de caza y pesca son las principales, pues un 31.6% de esta población menor de edad realizó; mientras que un 24.5% se desempeñó en empleos de apoyo en minería, construcción e industrias; otro 14% en agentes de ventas y empleados de ventas, y el resto en diversos empleos.
El informe del INEGI además reveló que son 14 estados del país (principalmente de las zonas suroeste, sureste y oriente) que se ubicaban por arriba de la media nacional de la tasa de trabajo infantil, la cual llegó al 11.5%.
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Los estados con una tasa mayor a una tasa de 15% fueron Michoacán con 17.6; Chiapas, con 18.3; y Oaxaca, con 21.5; en tanto, los cinco estados con los números más bajos fueron Coahuila con 7%; Tamaulipas, con 6.9; Nuevo León, 6.3; Ciudad de México, 5.4; y Baja California, con 5.3.
Sin embargo, el panorama no parece ser muy alentador, pues la organización Save the Children informó en septiembre de 2021 que la pandemia por covid-19 “podría empujar a 100,000 niñas y niños a integrarse al trabajo infantil en menos de un año”.
Advirtió que la COVID-19 no sólo orilló a México a cerrar escuelas públicas y privadas, a limitar las actividades sociales, sino que agudizó la crisis económica, lo que llevó a muchas familias a priorizar su subsistencia diaria.
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“Este panorama genera un efecto ‘bola de nieve’ porque la presión por subsistir orilla a niñas, niños y adolescentes a entrar en el mercado laboral de manera prematura y en condiciones precarias”, indicó.
A pesar de que de 2007 al 2019 la tasa de trabajo infantil pasó de 12.6% a 7.9%, aún resta mucho por hacer para evitar que más niñas, niños y adolescentes trabajen y no vivan una infancia feliz y con la salvaguarda de sus derechos.
Por lo anterior, Save the Children hizo un llamado a las autoridades mexicanas a garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, así como “a fortalecer programas sociales con el objetivo de apoyar a los menores de edad”.
Educación trastocada
Uno de los principales derechos que los menores de edad ven vulnerados por el trabajo es el acceso a la educación, tal como lo establece el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aunque ni el Estado ni la Federación ni estados o municipios pueden garantizar ésta en su totalidad.
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El pasado 29 de enero, en la VIII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que 270, 000 estudiantes tuvieron que desertar debido a la crisis sanitaria; es decir, 97 mil de nivel primaria y 173, 000 de secundaria.
“Un tema urgente que tenemos nosotros dentro de la SEP es, precisamente, el abatir el abandono escolar y la cifra de la baja de la matrícula que se ha presentado, lamentablemente por la pandemia”, reconoció la funcionaria.
En lo que se refiere al nivel secundaria, Delfina Gómez informó que los 173 mil casos de deserción equivale al 2.7% total de la matrícula, y los principales problemas detectados para dejar las clases en la transición de dicho grado escolar a nivel medio superior fueron los siguientes:
· Déficit académico acumulado
· Carencia de apoyos socioemocionales y habilidades
· Falta de orientación vocacional
· Insuficiencia de información sobre oferta educativa disponible
· Falta de recursos económicos
El último punto es de importancia, ya que la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019 menciona que los principales motivos por los que los niños de 5 a 17 años que trabajaron en ocupaciones no permitidas fue por “por gusto o sólo por ayudar” es el 27.2%; para “pagar su escuela y/o sus propios gastos”, 19.1%; porque “el hogar necesita de su trabajo”, 15.8%; porque “el hogar necesita su aportación económica”, 13.%3; para “aprender un oficio”, 12.6%; mientras que 12% para el “pago de deudas, no estudia y otra razón”.
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No obstante, cabe mencionar que estos resultados fueron previos a la pandemia por COVID-19, misma que han advertido autoridades y organizaciones podría causar graves afectaciones a la vida de niñas, niños y adolescentes, así como de sus familias, pues podría empujarlos a dejar su infancia para trabajar.
Aún falta por ver cuáles son los daños de la crisis sanitaria, en tanto, todavía hay buenos deseos del Gobierno federal pese a las diversas crisis que atraviesa el país, por ello aún resta por observar las acciones del Estado y si éstas dan o no resultados.
“No dejemos perder a ningún niño, creo que es importante que todos nuestros alumnos tengan esa oportunidad de continuar sus estudios y no perder a ningún estudiante”, manifestó Gómez Álvarez.
